El legislador explicó en los fundamentos del proyecto que las leyes 3335 – I y 3696 – I introdujeron oportunamente modificaciones sustanciales al Régimen de Consorcios de Ladrilleros, especialmente en lo referido al organismo de aplicación, reemplazando en dicha misión al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda por el entonces recientemente creado Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular o mejor conocido como IAFEP.
“Si bien en su oportunidad pareció razonable poner en cabeza de éste último las funciones de aplicación y contralor de los consorcios de ladrilleros, el tiempo ha demostrado que lejos de cumplir acabadamente con la tarea encomendada, no ha podido contener al sector con políticas públicas y acciones que redunden en su beneficio”, señaló.
Bergia recordó que “la Ley Nro. 2148 – L (antes 7290) fue sancionada el 11 de noviembre del año 2013 y vino a dar respuesta a una demanda de larga data por parte del sector ladrillero, la de brindar una herramienta para su organización, institucionalización y cobertura tanto en aquellos aspectos esenciales del desarrollo de su actividad como en lo humano y social, asegurando el pago de una obra social, de los aportes jubilatorios, la constitución del monotributo social para los consorcistas y la posibilidad de facturar en blanco su producción”.
