Los imputados son 22 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, el de coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
En un comunicado difundido por Bullrich aseguran que también hubo pagos para que la gente participara en manifestaciones, y la amenaza de “darlos de baja” del plan. Incluso, que los investigados “vendían” los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios. La imputación incluye, finalmente delitos de mayor gravedad, como el de extorsión.
La causa judicial es impulsada en un momento en el que el gobierno de Javier Milei está actuando a fondo para desarmar a las organizaciones sociales: no envía alimentos a sus comedores comunitarios, si realizan protestas de reclamo los reprime – en abril, la policía disparó a la cara de un manifestante, que perdió la visión en un ojo -, reemplazó el Potenciar Trabajo por programas de tipo asistencial – los emprendimientos productivos que venían desarrollando las organizaciones quedaron en la lona -, desfinanció el programa de urbanización de barrios populares que generaba trabajo entre los vecinos.
Parte de esta ofensiva apunta a reforzar en el discurso público la idea de que los movimientos son mafias.
En este sentido puede leerse el comunicado de la ministra de Seguridad, que asegura: “se desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”.
Es decir que ya no sólo se cuestiona manejos abusivos de los referentes, sino la existencia misma de las cooperativas de trabajo, de las que el ministerio habla como si se tratara de cuevas de corrupción.
El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, que dispuso los 27 allanamientos que se realizaron, durante la madrugada, en la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Conurbano, en los que no se realizaron detenciones.
Respuesta de las organizaciones
Carlos Fernández, del FOL, fue uno de los allanados en su casa de Escobar. “Vinieron a las cinco de la mañana, rompieron la puerta. En el caso de mi familia, nos tiraron al suelo, nos encañonaron. Entraron de noche, cuando mis hijos estaban durmiendo”. Ese trato, razonable si el objetivo hubiera sido desarmar un laboratorio narco, tuvo como objetivo secuestrar los teléfonos celulares y computadoras que había en la casa.
“Estaban buscando a quienes somos parte hace veinte años de cooperativas y asociaciones que tienen que ver con la asistencia comunitaria”, señaló Fernández.
Agregó que fue un operativo “desmedido, con autos no identificados, con agentes de inteligencia”. Para el referente, los allanamientos tuvieron el objetivo de “amedrentar a quienes son parte de las organizaciones sociales”.
Los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Frente de Lucha Piquetero se convocaron en el local de Constitución, donde, desde las 14.00, analizan la situación para llamar luego a una conferencia de prensa.
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