El gobernador Leandro Zdero anunció que, tras un trabajo conjunto con el ministro de Gobierno Julio Ferro, dio instrucciones para realizar la presentación correspondiente a través de la Fiscalía de Estado.
En ese marco, solicitará la suspensión de la escrituración del Lote 88 en la localidad de Miraflores, al advertir que el avance del proceso en las condiciones actuales podría generar un perjuicio para el municipio y sus habitantes.
“Estamos trabajando, a través del ministro Julio Ferro, con el intendente Rafael Frías y con los pobladores; conocemos la situación y hay que encontrar una salida a este conflicto. Ante esta situación que atraviesa Miraflores y el uso político que algunos sectores están haciendo, quiero llevar tranquilidad a toda la población. Vamos a solicitar la suspensión de la escrituración del Lote 88 por el perjuicio irreparable que podría ocasionar”, expresó el mandatario.
En ese sentido, Leandro Zdero cuestionó el convenio firmado durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, al señalar que “no contempló la vigencia de la Ley 3877/93, que establece el ejido municipal de Miraflores, ni contó con la participación del municipio, del Concejo Municipal ni de la Legislatura provincial”.
El gobernador remarcó además que avanzar con la escrituración en estas condiciones implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias de la Legislatura provincial. “La modificación del ejido municipal es una atribución exclusiva de la Legislatura, tal como lo establece la Constitución Provincial”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que “no se puede, a través de un convenio, violentar la ley ni la Constitución, ni avanzar sobre la autonomía municipal”, y recordó que la Carta Magna provincial garantiza la independencia de los municipios en la administración de su territorio.
Por otra parte, el mandatario destacó que desde el Ejecutivo provincial se mantiene un diálogo permanente con todas las partes involucradas. En ese marco, informó que el Instituto de Tierras Fiscales evalúa distintas alternativas para resolver el conflicto, entre ellas la posibilidad de ofrecer otras tierras de similares características, siempre dentro del marco legal vigente.
Finalmente, el gobernador Zdero insistió en la necesidad de suspender los plazos en curso, a fin de alcanzar una solución que brinde seguridad jurídica y resguarde los derechos tanto de los habitantes criollos como de las comunidades originarias de la zona.