La causa por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel –fusilado por la espalda por los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval que ingresaron a la Lof Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017– se encuentra en la Cámara de Casación donde las querellas presentaron la apelación a la sentencia del juicio que culminó el 29 de noviembre pasado con condenas que no superaron los cinco años de prisión para cinco de los prefectos que participaron de aquel procedimiento represivo.
“Hemos apelado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con Eduardo Tavani y Guillermo Torremare, y los abogados de la familia de Nahuel, conmigo está Ezequiel Palavecino, todos tenemos la misma postura lo cual es muy importante porque con este gobierno negacionista de los derechos humanos que también ningunea a los pueblos originarios ha instruido, como nos imaginábamos, a la secretaría de Derechos Humanos que se retirara de la querella”, dijo a Página/12 el abogado Rubén Marigo al confirmar que apelaron el fallo del proceso oral y público. “Volveremos a insistir con la prisión perpetua que es lo que corresponde para este homicidio agravado por la espalda de las fuerzas de seguridad con armas de fuego”, agregó.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava se había expedido por unanimidad y, aunque emitió un veredicto de penas de cumplimiento efectivo, los condenados no irán presos hasta que el fallo quede firme. El prefecto Sergio Cavia, identificado como el autor del disparo que le quitó la vida a Rafael Nahuel en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, fue condenado a cinco años de prisión como responsable de homicidio agravado por uso de arma de fuego, cometido en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro acusados -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa-, también miembros del Grupo Albatros de la Prefectura, recibieron condenas de cuatro años y seis meses como partícipes necesarios del mismo delito.
La querellas habían anticipado en noviembre que apelarían y eso es lo que está sucediendo ahora, pero en lugar de tres quedaron dos. Sin embargo, el abogado que representaba a la secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, ahora ya como letrado particular representará a la APDH. “Estuvimos con la madre y el padre de Rafael, están muy angustiados y desesperanzados con el resultado de la sentencia después de haber peleado desde 2017, les explicamos que fue una instancia más y que seguiremos esta lucha hasta las últimas consecuencias, y si es posible a nivel internacional en caso de que no logremos la condena que anhelamos”, indicó Marigo.
Este referente de la regional barilochense de la APDH que acompaña legalmente a la familia del joven asesinado reiteró que fue “un fallo muy liviano en relación a la gravedad de los hechos, que no nos satisfizo en lo más mínimo”, pero que claramente será también apelado por las defensas de los Albatros para tratar de obtener su absolución. Una vez presentados los recursos de las partes, Casación deberá fijar las audiencias respectivas.
El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda durante la persecución con armas de fuego de los Albatros de la Prefectura, el 25 de noviembre de 2017, dos días después del violento desalojo de su comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en el marco de una causa iniciada por la Dirección de Parques Nacionales por usurpación. Esa Lof había concretado su recuperación territorial poco tiempo antes, a partir del “levantamiento” de la machi (sanadora) Betiana Colhuan. Nahuel y un grupo de jóvenes había regresado al predio para asistir a quienes tenían hambre y frío.
Negacionismo y racismo
Desde Bariloche, Marigo destacó que “el actual presidente no sólo cerró el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), fomentando de esa manera el racismo, la xenofobia y la discriminación, sino que está vaciando los organismos de derechos humanos, por ejemplo, no renovando los contratos de los compañeros que trabajan en los sitios de memoria”. En tal sentido, recordó que “la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tiene la voluntad de que desaparezca el museo de la ESMA, que, para nosotros, es histórico, para hacer un negocio inmobiliario; eso da la pauta de que hay una política al respecto, resulta claro que existe un negacionismo de los derechos humanos”.
Marigo enfatizó que la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar la querella de la secretaría de Derechos Humanos, es decir que el Estado ya no forma parte del proceso en el que fueron condenados funcionarios estatales, es “coherente con su negacionismo respecto de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y su postura respecto de las comunidades indígenas”.
El juicio se había desarrollado en plena campaña electoral y Marigo recordó que el fiscal Rafael Vehils Ruiz había dicho que era incorrecto afirmar que los prefectos actuaron en un “exceso en su legítima defensa” pero tras el resultado de las elecciones en segunda vuelta terminó basando su acusación en ese enfoque, “lo cual le dió la oportunidad al tribunal de dictar bajas condenas de cinco años para Cavia y de cuatro años y seis meses para el resto de los Albatros”.
Página/12