El legislador provincial Sebastián Benítez Molas sostuvo que “el Gobernador ahora se niega a escriturar las tierras originarias ubicadas en el Lote 88 de Miraflores ordenada por la Justicia en 2014, que fueron declaradas de propiedad comunitaria indígena y reserva aborigen ya en 1979”.
“El gobernador dice que no quiere generar un perjuicio para el municipio de Miraflores y sus habitantes, pero está violando la Constitución Nacional, tratados internacionales y fallos de la Justicia, y provocando un genocidio silencioso” afirmó Benítez Molas.
“La orden judicial de 2014 fue clara: titularizar las tierras comunitarias a nombre de la asociación civil indígena Alpi’ Añazaipi’ (“Mujeres Fuertes”) garantizando la reubicación de las familias criollas sin exigir desalojos compulsivos. Varios pasos ya los cumplió el gobierno anterior, como por ejemplo la mediación. El que falta se vence el próximo 31 de marzo”, detalló el legislador.
En cuanto a la declaración del gobernador responsabilizando a la anterior gestión, Benítez Molas relató que “como ya es un clásico cuando está acorralado, Zdero culpa a la pesada herencia y pide suspender la escrituración. No queda claro si se quiere ahorrar la plata de la construcción de viviendas para los criollos, o si el proceso de relocalización es demasiado complejo para sus funcionarios. Una cosa sí está clara: cuando la Justicia lo apoya, obedece (como con el cierre de la Fundación Valdocco, que dejó sin comida y sin escuela a 57 jóvenes originarios de General Vedia). Cuando la Justicia no lo conforma, la desafía (como cuando se negó a proveer agua y alimentos a la comunidad wichí de El Impenetrable)”.