Mediante el decreto 1039/2024, el Poder Ejecutivo modificó y eliminó la capacidad de la Administración Nacional de Seguridad Social de “otorgar y gestionar créditos” argumentando que “constituye una medida adecuada para mejorar el funcionamiento del Estado puesto que busca garantizar la preservación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”.
La decisión de la administración Milei se encuadra dentro de una revisión de los préstamos otorgados en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández denominados “Créditos ANSES” para trabajadores en relación de dependencia dado que, según afirman, “existía una significativa diferencia en el Costo Financiero Total, expresado en Tasa Efectiva Anual”.
Entre los motivos esgrimidos, aseguran que dicha línea de créditos “se ofreció con una Tasa Nominal Anual del CINCUENTA POR CIENTO (50 %), mientras que la inflación anual registrada fue del DOSCIENTOS ONCE COMA CUATRO POR CIENTO (211,4 %)”. Y añadieron que “ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del FGS”.
El FGS “no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del referido Sistema”, por lo que “sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.
En esa línea, el decreto asegura que “el otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado” por lo que ordena “suprimir la facultad de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) de otorgar y gestionar créditos”.
La ordenanza dispuesta por el gobierno de Milei se encuadra dentro de las facultades que le otorgó la ley Bases para modificar competencias de organismos “que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente”.
“La medida que aquí se adopta se encuadra dentro de las bases de la delegación establecidas por la Ley N° 27.742, en tanto propicia una mejora en el funcionamiento del Estado, permitiendo una gestión pública más eficiente en aras de la atención del bien común, al optimizar las competencias de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)”, asegura el decreto.
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