La vicepresidente del Comité de Prevención contra la Tortura del Chaco, Ariela Álvarez, en comunicación con CIUDAD TV manifestó su preocupación por los recientes traslados de internos desde comisaría a la unidad penitenciaria de Sáenz Peña y la forma en que se ha gestionado este proceso. Según Álvarez, aunque desde el Comité no se opone a los traslados, las objeciones se centran en cómo se han llevado a cabo, ya que considera que el operativo tuvo fines políticos y demagógicos, violando diversas normativas internacionales y nacionales.
El comité sumó su preocupación a la presentación de la defensora General Adjunta del Poder Judicial chaqueño, Gisela Gaúna Wirz, quien radicó una denuncia penal contra el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, Fernando Romero y la directora del Servicio Penitenciario, Gilda Maidana, por el operativo de traslado de quince personas privadas de su libertad que se realizó el pasado 31 de marzo en Sáenz Peña. La denuncia afirma que la acción ”fue humillante y mortificante, carente de toda justificación legal”.
“El problema no son los traslados, sino cómo se ha hecho este operativo, con claras intenciones políticas que violan normas que como país hemos aceptado y que deben regir”, expresó Álvarez. Según la titular del Comité, las leyes internacionales y nacionales sobre derechos humanos deben ser respetadas, y el Estado no debe ser responsable de generar sufrimiento adicional a las personas privadas de libertad.
Álvarez también cuestionó la exposición mediática de los traslados, considerándola innecesaria y excesiva. “No puedo exponer públicamente a una persona, mucho menos en condiciones vejatorias. Eso incumple las leyes”, remarcó. En su opinión, aunque los funcionarios deben informar a la ciudadanía, deben hacerlo dentro de los límites de la ley y respetando los derechos humanos.
Además, Álvarez subrayó que el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, como hombre de derecho, debería ser consciente de los principios fundamentales que deben regir la vida democrática y la protección de las personas. “No podemos sumarle sufrimiento a las personas privadas de la libertad. Estamos violando gravemente sus derechos”, aseguró.
Resaltó que el Comité, encargado del monitoreo de la situación penitenciaria en la provincia, ha estado en comunicación con familiares de internos trasladados y de aquellos que podrían ser afectados en el futuro. No obstante, aseguró que, a pesar de los esfuerzos por dialogar con las autoridades, no han recibido respuestas satisfactorias. “Hemos instado a que se convoquen mesas de diálogo, pero hasta el momento no hemos tenido respuestas”, indicó.
Con respecto a la situación en las cárceles del Chaco, la integrante del Comité también destacó que el sistema penitenciario provincial no tiene la capacidad para albergar a todos los internos. “En la provincia hay más de 2 mil personas privadas de libertad, de las cuales la mitad están en la Policía. El Servicio Penitenciario no tiene capacidad para asumir ni siquiera el 20% de los internos”, explicó.
Por último, Álvarez destacó la presentación de la defensora General Adjunta, quien solicitó que se investiguen posibles delitos cometidos por funcionarios del Ejecutivo, la Policía y el Servicio Penitenciario durante los traslados. En el caso del Comité, explicó que se “insta, primero por las vías administrativas, y luego evaluaremos las acciones necesarias para cesar este tipo de prácticas”.