Los sueldos de los diputados y senadores nacionales quedaron, de repente, en el foco de las miradas.
La resolución firmada ayer por los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, despertó una cadena de indignación y reproches en redes sociales que obligaron al oficialismo a volver sobre sus pasos y repensar la medida (presentarán un proyecto de ley para retrotraer los incrementos).
En febrero, el último mes liquidado, el sueldo en mano de los diputados nacionales fue de 1.984.770,96 pesos, y de aplicarse un nuevo aumento del orden del 30% quedaría en 2.580.202,24 pesos.
A esto hay que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la Ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación.
La determinación de los montos de las dietas de diputados y senadores nacionales está desde hace mucho tiempo atado a la paritaria del gremio de APL, pero por desconocimiento de esta regla Menem y Villarruel anunciaron un aumento cuando no había necesidad, dada la automaticidad de los ajustes. Los jefes de ambas cámaras se metieron en un embrollo evitable del cual ahora están intentando salir con el menor costo político posible.
El asunto sobre el valor de la remuneración de un representante parlamentario en el Congreso nacional es complejo y habilita lecturas distintas, según el enfoque con que se lo juzgue.
Naturalmente, un sueldo que orilla los dos millones de pesos mensuales está alejado de la realidad que vive cotidianamente la mayoría de los ciudadanos de a pie. Pero no es menos cierto que si se lo compara con las remuneraciones de ministros del Gabinete, de jueces de la Corte, o de simples directores de organismos públicos, hay un notorio retraso de los haberes legislativos.
Cada ajuste de las dietas de legisladores nacionales suscita sensibilidades y agita controversias en la opinión público como no sucede con los miembros del Poder Ejecutivo, y mucho menos con el Poder Judicial. Esto lleva al corazón del debate, que tiene que ver con la sistemática horadación pública del trabajo de diputados y senadores nacionales, y el desprestigio del Congreso de la Nación, siendo que la responsabilidad institucional de sus representantes es mayúscula y equiparable a la de los otros poderes del Estado.
“La idea de que la dieta de los diputados sea honorífica es una mala idea. Los diputados debemos tener una dieta similar a la de los ministros del Gobierno”, consideró el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Ricardo López Murphy ante una pregunta de Noticias Argentinas.
“Un miembro de la Corte Suprema está en 12 millones de pesos; un director del Banco Nación en 7 millones. Si hubiera que aplicar una regla, todos los funcionarios deberían cobrar el sueldo de un diputado”, razonó, por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert.
En la misma línea se expresó el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien en declaraciones periodísticas adelantó que presentará un proyecto de ley para resolver esta cuestión para la “unificación salarial donde todos los poderes cobren lo mismo”.
“Hay gerentes de dependencias públicas que tienen sueldos que superan los 5 ó 6 millones de pesos”, sostuvo el rionegrino, y agregó: ”La idea es que todos cobren lo mismo: un legislador, un juez o un gerente de la AFIP”.
El diputado nacional de la UCR Martín Tetaz aportó al debate al opinar que “los diputados tendrían que ganar lo mismo que ganaban en el sector privado, antes de entrar en la política, porque ese es el mejor indicador de su productividad”.
Esta definición reviste un problema: que tiene que ver con que si se tomara como parámetro cuánto ganaba cada uno en el sector privado antes de entrar al Congreso, cada diputado recibiría una dieta distinta y en un rango de muchísima dispersión. Sin contar el hecho de que hay diputados que hace décadas que no ejercen en el sector privado.
Pero si la referencia de Tetaz apunta a buscar una equivalencia más o menos proporcional a lo que ganan los diputados respecto de directores o gerentes en empresas privadas, el problema aquí es que se estaría haciendo una distinción demasiado grosera respecto del trabajador común en relación de dependencia, que en promedio gana 300 mil pesos en marzo de 2024.
Si se siguiera este patrón, los diputados se estarían autopercibiendo como una “casta” diferente al pueblo, con presunto derecho a ganar mucho más dinero que los ciudadanos a los que representa.
Al margen de estas disquisiciones (que no necesariamente guardan relación con la intención de los dichos de Tetaz), hay un argumento que favorece a quienes apoyan la actualización de los sueldos de los parlamentarios.
En enero y febrero de este año, el aumento general de precios consolidado fue de poco más de 45 puntos, por lo que un aumento de 30 puntos no alcanza ni siquiera a corregir ese alza y convalidaría una pérdida de 15% en el poder adquisitivo.
Desde este punto de vista, los políticos del Congreso ya están haciendo -recesión mediante- un “sacrificio” económico que sería coherente con el esfuerzo que está haciendo la sociedad en su conjunto en medio de la crisis.
Fuente: Noticias Argentinas