La pequeña localidad de Juan Pujol, en la provincia de Corrientes, vive horas agitadas. El motivo, un oficial y un sargento de su Policía fueron detenidos tras ser acusados de abusar sexualmente y torturar a un cabo de 31 años en el interior de la comisaría. El hecho, de acuerdo con la denuncia, habría ocurrido el pasado 28 de marzo. Los acusados fueron pasados a disponibilidad por orden del ministerio de Seguridad y estarán alojados en una cárcel común durante el tiempo que dure la investigación.
En diálogo con Infobae, Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Monte Caseros y quien tiene a su cargo el expediente, contó algunos detalles de la denuncia. De acuerdo con la funcionaria judicial, todo ocurrió en horas de la tarde durante un período de al menos dos horas, en las que la víctima -identificada con la inicial A.- fue sometida a “violencia extrema”.
“Fue por parte de dos oficiales que se encontraban dentro del destacamento, quienes le propinaron no solamente violencia física sino también violencia psicológica. Y en uno de esos actos también se encuadra dentro de lo que es el abuso sexual”, dijo
Los abusos, las torturas y los vejámenes al cabo
El relato del cabo en la denuncia, a la que también accedió este medio, es estremecedor. Eran las 18 horas cuando la víctima terminó su descanso y se dirigió al comedor de la comisaría. Allí estaban el oficial F.G. y el Sargento G.I., quienes -siempre de acuerdo con el relato del denunciante- tomaban vino desde el mediodía aproximadamente.
En ese momento, G. le dijo al cabo que se sentara a su lado. Sin sospechar lo que estaba por pasar, el joven accedió. Fue en ese momento que el oficial comenzó a acosarlo verbalmente. Le dijo frases como “te creés superior a tus compañeros” o “¿qué problemas tenés conmigo?”. A. apenas negaba la acusación hasta que por detrás suyo, apareció en escena el sargento I., quien le propinó golpes en la nuca hasta dejarlo aturdido.
Sin conformarse con eso, I. se puso de frente a la víctima, lo golpeó nuevamente en las mejillas y le dijo que “no debía contestarle a un oficial”. G., en ese momento, le sacó el arma reglamentaria al joven, mientras el sargento le sujetaba las manos. En el comedor, como testigos, estaban presentes otras dos cabos, a quienes el sargento I. les ordenó que se retiraran del lugar “porque no podían ver eso”.
“Continuando así la grave tortura desmedida, I. baja el cierre del pantalón del cabo, introduciendo su mano izquierda, hasta llegar al tendón de la pierna izquierda, rozándole los testículos, presionándolo hasta lograr un dolor intenso que hizo exclamar a A. por favor que se detenga entre gritos y llantos”, dice el texto de la denuncia.
Completamente humillada y sometida, la víctima fue esposada y trasladada hasta la parte externa de la comisaría. Allí, G. tomó un manguera y comenzó a arrojarle agua al rostro de A., quien se defendió como pudo. Pidió auxilio a los gritos pero al estar solo, nadie lo pudo ayudar. Los agresores se aseguraron de estar completamente aislados para lograr su objetivo.
En el medio de la secuencia, G. apoyó su rodilla sobre la cara del joven durante unos 15 minutos. En todo momento le gritaban frases como “andate de baja”, “vos no servís para esta Unidad” o “vos no vas aguantar nada”. A., invadido por el pánico y un llanto inconsolable, trató de calmarlos para que no continuaran con la tortura: “juro por mi mamá que mañana me voy”, exclamó.
No sirvió de nada. Los oficiales, lejos de mostrar algo de piedad, continuaron con los abusos y las torturas. Lo llevaron hasta un baño, en donde abrieron la ducha con agua fría, mojaron un trapo de piso, se lo pusieron en el rostro y comenzaron a golpearlo nuevamente. Apagaron la luz y nuevamente lo agredieron con golpes a puño cerrado. Encendieron la luz nuevamente y le ordenaron que repitiera la frase “Yo soy un sorete”. A. no tuvo más opción que cumplir la orden.
G. ordenó al resto del destacamento que se fueran de la Unidad. Insaurralde después colocó su mano debajo del pantalón, sobre la ropa interior de A. y le tocó un glúteo “con la intención de introducirle un dedo en el ano”. Sólo se detuvo cuando el cabo le pidió que por favor no continuara porque él ya había sido víctima de abuso sexual cuando era niño y no quería vivir algo así nuevamente.
En total y pese a haber escuchado el conmovedor pedido de clemencia, los oficiales continuaron con las torturas, los golpes y las amenazas para que no dijera nada. Fueron más de dos horas de horror. Le advirtieron que “la próxima iba a ser peor” y que “lo iban a meter dentro de un tacho grande anaranjado de basura, lo iban a golpear con la tonfa y que todo sería su responsabilidad”. Todo ocurrió mientras las víctimas estaba esposada.
La investigación
Tras la denuncia hecha al día siguiente por el cabo, la fiscal Arrúa comenzó la investigación y a recopilar testimonios. “En este procedimiento se ha realizado la formalización de la imputación hacia estas dos personas, estos dos imputados”, dijo la funcionaria.
“La calificación provisoria, ya que nos encontramos en una etapa preparativa aún y seguimos realizando entrevistas y recabando datos, es tortura en concurso ideal con amenaza, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (en el caso de F.G.) y tortura en concurso ideal con amenazas, incumplimiento del deber de funcionario público, abuso de autoridad en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante”, en el caso de G.I.
En ese sentido, la fiscal dijo que desde el primer momento de la formalización de la imputación, se solicitó la prisión preventiva de los acusados. El juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre, concedió el pedido y estarán alojados en una cárcel común hasta que culmine la investigación y el juicio.
“Tenemos evidencias muy contundentes, por lo que estas personas continúan privadas de su libertad. También desde el mismo momento en que fue realizada la denuncia por la víctima, el ministro de Justicia, Buenaventura Duarte, puso a estas personas a disponibilidad”, agregó la fiscal.
En cuanto a los antecedentes, la fiscal Arrúa dijo que durante el tiempo de capacitación del cabo A. hubo algunos cruces de palabras con quienes serían sus agresores pero jamás se pasó a un nivel de violencia como el del pasado 28 de marzo. Nada hizo suponer que los oficiales harían lo que finalmente llevaron a cabo. Además, ninguno de los dos contaba con denuncias previas de abuso de autoridad y menos sexual dentro de la fuerza.
Por el momento, los acusados se negaron a declarar por consejo de su defensor. La víctima es representada por el abogado Gustavo Briend, un reconocido letrado de la provincia, recordado en los últimos meses por representar a la familia de ecilia Strezyzowski, la joven asesinada en Chaco por el clan del líder piquetero Emerenciano Sena.
El relato de A. y cómo sigue la causa
En diálogo con Radio Dos de Corrientes, el joven abusado dio algunos detalles más de lo que vivió. “Me bajaron el pantalón y me hicieron cosas que no quiero recordar, fui abusado cuando era chico y todo esto me llevó a ese infierno”, contó.
El joven comentó que está inseguro y teme por la seguridad de su familia. “Nunca viví algo así, estuve en el Ejército tres años, vine a Corrientes, dejé el profesorado para estar en la Policía, para salir adelante y a tres meses de estar activo me pasa esto”, relató. “Es algo que me supera todos los días, nunca esperé que mis propios camaradas me hagan esto, es difícil de superar”, agregó.
De cómo fue el hecho, el cabo detalló: “el 28 de marzo me presento en la guardia, a la noche a un oficial de servicio le comento que quiero cambiarme de guardia, porque no me sentía cómodo, me hablaba mal, me incomodaba, me maltrataba, me hostigaba”.
En ese marco, contó que “después le hacen entrar a la comisaría y le preguntan por qué se quiere cambiar y le dijo que no tenía afinidad con él, que es solo con él el trato y no con los demás”, dijo. “Mis compañeros me dijeron que estaba bien que diga lo que siento”, agregó.
Después contó la secuencia prácticamente igual a como la relató en el expediente. “Cuando yo era chico fui abusado, y reviví todo eso que ya sentí, me atormenta revivir todo esto, ahora duermo y sueño todo y no me sale la voz”, añadió.
Según dijo la fiscal a Infobae, la víctima sufrió lesiones físicas menores y recibe contención tanto del Ministerio Público Fiscal, como de la provincia y la Policía. En este momento está de licencia.
“Nosotros seguimos investigando hasta la finalización de la causa. Ahora lo que hacemos es recolectar evidencia para hacer aún más contundente y respaldar más nuestra nuestra formalización. Paso siguiente sería la acusación”, agregó Arrúa, quien aclaró que no hay plazo para la prisión preventiva de los oficiales acusados.
Infobae