El ida y vuelta entre la Casa Rosada y los gobernadores está al rojo vivo. La tensión escaló en los últimos días, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. Desde que Javier Milei desplegó el ajuste “más grande la historia”, las transferencias no automáticas prácticamente se evaporaron.
Una decisión que puso contra las cuerdas a los mandatarios provinciales que, como si la motosierra no los hubiera alcanzado, también deberán lidiar, en caso de que prospere, con el corset fiscal impuesto en el artículo 1 del Presupuesto 2025: si hay superávit, habrá para repartir; de lo contrario, todos deberán seguir recortando.
“Se acabó esto de que los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires”, dijo Milei esta semana en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a los giros en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, desde el comienzo de su gestión, el Presidente no dudó en echar mano a la clásica fórmula del “látigo” y la “chequera” con el fin de lograr sus objetivos el Congreso.
A lo largo del 2024, el Gobierno distribuyó a cuenta gotas, entre sus mandatarios más cercanos, una mínima parte del fondo general de transferencias discrecionales: $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles, según el cálculo que realizó elDiarioAR a partir de un informe de Politikon Chaco. Se trata de dinero pensado para desembolsar en casos de catástrofes, pero que todos los oficialismos utilizan para “premiar” a sus aliados.
Son diez las provincias que recibieron ATN en lo que va de gobierno de La Libertad Avanza. Misiones lidera el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos, que obtuvo $6.800 millones. Las otras beneficiarias fueron Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones).
El Gobierno no entregó ATN entre julio y septiembre. Fue recién en octubre, luego de tres meses, que el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió un poco el grifo y giró $3.000 millones a Entre Ríos debido a una gestión realizada por Rogelio Frigerio, del PRO. En tanto, entre el 1° y el 12 de noviembre, tres provincias aliadas recibieron un trato privilegiado: Catamarca embolsó $3.000 millones, Misiones $4.000 millones, Salta $4.500 millones y Tucumán otros $4.500 millones.
Sus cuatro gobernadores, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían cenado con Milei en Olivos el pasado 21 de octubre tras el apoyo legislativo de sus diputados al blindaje al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Rosca legislativa
El sinuoso camino del Presupuesto 2025 dejó expuesto el toma y daca que pretende el Gobierno con las provincias. Es que uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con ATN, es que el Gobierno coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. De esa demanda se había hecho eco el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto: a través de un dictamen propio, pensaban presionar a la Casa Rosada para que se comprometa a repartir el dinero cada tres meses si no lo utiliza.
Pero esa idea quedó desechada rápidamente: desde la bancada dialoguista confirmaron esta semana que acompañarán el dictamen del oficialismo, pero con disidencias. Fue el fracaso de la sesión del martes lo que generó malestar entre los diputados. Además de echarles en cara que no contribuyeron al quorum, en el bloque del que también forman parte Emilio Monzó y Nicolás Massot hubo enojo por considerar que los gobernadores “se cortaron solos” en la negociación con el oficialismo.
La cumbre que tuvo lugar el jueves pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) escenificó el clima de incertidumbre. Mandatarios de todos los colores –desde Axel Kicillof (Buenos Aires) hasta Ignacio Torres (Chubut)– debatieron qué hacer con el proyecto de presupuesto enviado por Milei.
Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.
Los gobernadores son conscientes de que si no se logra consenso legislativo, continuará vigente la ley sancionada a fines de 2022 y Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje oficial es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia con la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos y le permitiría al libertario seguir con su plan de ajuste sin necesidad de algún tipo de negociación.
Por eso, en Balcarce 50 la impaciencia no abunda. El “Plan A” es que la discusión del Presupuesto 2025 no prospere y continuar administrando discrecionalmente las partidas, esquivando compromisos fiscales con las provincias.
En el oficialismo ven esta opción como un arma poderosa para que los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, continúen alineados. El escenario sigue abierto, pero las agujas del reloj ya comenzaron su cuenta regresiva.
El Diario Ar