En diálogo con CIUDAD TV, la fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, María Eugenia Arechavala Viola, advirtió que los propietarios de bares de Resistencia pueden ser imputados penalmente si permiten el consumo de estupefacientes en sus locales. La magistrada explicó que la figura penal recae sobre los dueños de los establecimientos y no sobre los consumidores, y que los allanamientos pueden derivar en la clausura definitiva del local.
La fiscala explicó que la decisión surgió a partir de numerosas denuncias anónimas que indican que en distintos locales nocturnos de la ciudad se estaría permitiendo el consumo de estupefacientes. “Esta medida la tomamos en conjunto del Fuero de Narcotráfico, porque a raíz de numerosas denuncias anónimas que tenemos, en distintos bares de la ciudad de Resistencia se permitiría el consumo de estupefacientes”, sostuvo Arechavala.
La funcionaria judicial subrayó que la figura penal involucrada no persigue al consumidor sino al dueño del establecimiento. El artículo 10 de la Ley de Estupefacientes, vigente desde 1980 y desfederalizada en la provincia del Chaco en 2015, tipifica el delito de facilitación del lugar para el consumo. “La figura penal es facilitación del lugar para el consumo, no es la imputación a la persona que consume”, aclaró Arechavala Viola, y añadió que la responsabilidad del propietario comienza cuando permite que una persona continúe consumiendo en el local sin requerirle que se retire o llamar al 911. Señaló también que lo mismo rige para el cigarrillo común y, con mayor razón, para la marihuana: “Si está prohibido el cigarrillo, imaginá cómo estaría prohibido el consumo de marihuana.”
La fiscala remarcó que el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —frecuentemente citado en debates públicos— no ampara el consumo en bares ni en la vía pública, sino únicamente en la intimidad del hogar y siempre que no se afecten derechos de terceros. La iniciativa de alertar a los comerciantes antes de proceder con allanamientos tiene un fundamento concreto: en 2024, un operativo en un bar de Resistencia derivó en su clausura definitiva y en la pérdida de fuentes de trabajo para sus empleados. “Para evitar un mal mayor, que estas personas se queden sin trabajo porque el allanamiento va a conllevar una clausura del lugar, es justamente poner en conocimiento a los dueños de los bares”, explicó. La pena prevista para este delito oscila entre tres y doce años de prisión.
Arechavala Viola destacó que el fuero viene desarrollando una política de decomiso de inmuebles utilizados como puntos de venta, entregándolos luego al Poder Judicial o al Ejecutivo para darles un destino social. Mencionó el cierre de búnkeres en los barrios Santa Catalina y 13 de Diciembre, y que uno de los inmuebles decomisados será destinado a un hogar de niñas, otro aloja al COM del barrio MTD y un tercero será sede de la nueva comisaría 15ª. “Nosotros de la justicia estamos actuando cerrando puntos de venta, pero también es necesario que la sociedad nos acompañe en esta lucha, porque solamente aplicando penas no vamos a lograr nada”, afirmó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, quien convocó a familias, iglesias, clubes y colegios a trabajar en la prevención.
En ese marco, Arechavala informó que el Fuero de Narcotráfico del Chaco —el primero de la región en desfederalizarse— fue convocado a capacitar a jueces y fiscales de Corrientes y Formosa en un encuentro regional que se realizó en los últimos días, en el que se compartieron protocolos, metodologías de trabajo y se mostraron las instalaciones del Instituto Médico Forense y la sala de resguardo de estupefacientes. “Para nosotros es muy fructífero porque básicamente Chaco y Corrientes es como un gran pueblo, entonces es una alegría poder trabajar juntos”, señaló.
La provincia del Chaco fue reconocida a nivel nacional como la jurisdicción con mayor volumen de secuestros de estupefacientes durante 2024, distinción que la jueza celebró como un reflejo del trabajo sostenido del fuero especializado.