El Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, tiene que afrontar acciones de amparo por no haber abonado reparaciones que reclaman víctimas de la dictadura. La respuesta del gobierno de Javier Milei frente a la “mora” fue decir que estaba haciendo una auditoría porque había descubierto una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a felicitar al Presidente y a su ministro porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”. Pese a lo que dice el gobierno, el intento de estafa no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA): las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos –durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti– recopiló casos e impulsó la causa como querellante.
El lunes a última hora, el Ministerio de Justicia comunicó que había ordenado una auditoría sobre “todos los reclamos” de reparación patrimonial formulados por víctimas del terrorismo de Estado. El argumento que invocó Cúneo Libarona en la comunicación oficial fue un reciente fallo en la causa que lleva como carátula “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”.
“Lo descubrimos, lo denunciamos, estamos como querellantes”, dijo, con énfasis, Cúneo Libarona en el piso de La Nación Más. Desde su cuenta de X, el exsecretario de Derechos Humanos Pietragalla Corti le respondió: “Estaría bueno que aclare que la denuncia a estos delincuentes la realicé yo, es decir, nosotros los descubrimos”.
Las denuncias contra Martínez Moreira se iniciaron en 2014. Ese año, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció a esta persona –que se presentaba como hijo de desaparecidos paraguayos– por haber adulterado declaraciones testimoniales de Adriana Calvo, que había fallecido en diciembre de 2010. Adriana Calvo fue la primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las tres primeras Juntas Militares. Su testimonio –en el que relata cómo dio a luz a su hija Teresa en un coche mientras la trasladaban desde La Plata hasta el Pozo de Banfield– es posiblemente uno de los relatos más conocidos del horror de la última dictadura.
En 2014, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también denunció a Moreira por falsificar sus registros. En 2016, se sumó una denuncia del abogado Javier Garín, quien advirtió que estaban usando su firma para reclamos falsos. En 2021, una víctima del terrorismo de Estado hizo una denuncia reservada contra Moreira y el grupo que lo rodeaba. La gestión de Pietragalla apoyó esos reclamos, actuó como querellante e informó que había detectado casos en los que Moreira se presentaba como peticionante de reparaciones, testigo o acompañante del beneficiario.
La jueza María Eugenia Capuchetti delegó la instrucción de la causa en la fiscala Paloma Ochoa, quien investigó el caso. En junio del año pasado, Capuchetti procesó a Martínez Moreira, al abogado Omar García y a tres personas más. En noviembre, la Sala II de la Cámara Federal ratificó la decisión y amplió los procesamientos. Todos esos pasos fueron comunicados por la gestión Pietragalla. Salvo que Cúneo Libarona estuviera trabajando en el Ministerio de Justicia durante el gobierno del Frente de Todos, él no descubrió ni denunció nada.
Lo que sí hay en las causas por mora es una presentación de los abogados del Ministerio en la que informan que por órdenes de sus superiores hacen saber de la auditoría y adjuntan una comunicación del 25 de marzo de este año de Diego Guerendiain, jefe de gabinete de Cúneo Libarona, en la que dice que deben informar en los expedientes que tienen vencimiento próximo que están haciendo una auditoría porque “recientemente” en la causa Martínez Moreira se decidió un procesamiento por asociación ilícita. No hubo resoluciones este año, lo que sí hay es la decisión de ponerle un freno a las políticas reparatorias.
En esa comunicación firmada por Guerendiain se informa que la decisión se extiende a reclamos por la ley 24.043 (para presos políticos), 24.411 (para familiares de desaparecidos o asesinados), 25.914 (personas nacidas en cautiverio o que estuvieron secuestradas con sus padres) y 25.564 (que amplía el universo de casos). Las dos primeras leyes fueron aprobadas durante el gobierno de Carlos Menem, incluido en el listado de próceres de la administración Milei.
En LN+, Cúneo Libarona terminó contando que fue a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para pedirles a los jueces que no ordenaran ejecutar las sentencias ordenando el pago de las reparaciones en lo que escuchó como un sincericidio. “Tuve una reunión con toda la Cámara Contencioso Federal, que es donde tramitan estos juicios, para informarles: ‘por favor, esto es una fortuna. Espérennos que hagamos la auditoría y no nos conminen a los pagos porque no sabemos si es fraude o no'”, relató. “Yo no quiero pagar. Que se lleven el escritorio, pero no quiero pagar”, se sinceró.
Villarruel aprovechó para subirse –en lo que pareció un esfuerzo mancomunado del gobierno por desviar la atención de la marcha masiva en favor de la universidad pública. “Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los derechos humanos. Auditar el curro de los derechos humanos que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”, escribió en su cuenta de X en la misma línea que inauguró Mauricio Macri en 2014.
“Claramente es una estrategia para no dar respuesta los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado y cubrir de un mano de sospecha a nuestra gestión”, añadió Pietragalla Corti. “Muy berreta, ya que hay documentación que prueba que nosotros denunciamos y desbaratamos a esos tránsfugas”.
Página/12