El juez Juan Merchan negó la inmunidad judicial al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de Nueva York en el que fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.
Merchan desestimó en un escrito que Trump pueda acogerse a la inmunidad judicial otorgada por el Tribunal Supremo en julio pasado, al aclarar que dicha protección solo aplica a “actos oficiales” realizados durante el mandato, lo cual no corresponde al caso por el que fue juzgado en Nueva York. Sin embargo, Merchan no se pronunció sobre otra moción presentada el martes 3 de diciembre por la defensa de Trump que pide desestimar su condena por el hecho de haber sido elegido presidente en las elecciones del pasado 5 de noviembre.
Pedido de anulación
Los abogados del nuevo inquilino de la Casa Blanca retomaron en la moción los argumentos usados por el presidente demócrata Joe Biden para justificar el indulto a su hijo, Hunter Biden. El mandatario saliente había perdonado a su hijo, procesado por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego, al sostener que fue víctima de un proceso selectivo e injusto debido a su parentesco.
En el escrito de 69 páginas dirigido al magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan, los abogados de Trump afirmaron: “Estos comentarios constituyen una condena extraordinaria del propio Departamento de Justicia (DoJ) de Biden, el mismo DoJ que coordinó y supervisó la caza de brujas motivada políticamente y la interferencia electoral contra el presidente Trump”.
El 11 de diciembre, los fiscales de Manhattan que llevaron adelante la histórica condena penal del expresidente se opusieron a la anulación y propusieron congelar el caso hasta que finalice su mandato.
Los fiscales aceptan que Trump debería recibir un tratamiento especial para evitar que el caso interfiera en su segundo mandato en la Casa Blanca. Pero argumentan que su intento de anularlo va mucho más allá de lo necesario para preservar la Presidencia. “Múltiples arreglos que no lleguen al sobreseimiento (…) satisfarían ese objetivo, incluida una suspensión de los procedimientos durante su mandato”, indicaron los fiscales en un expediente judicial.
Trump fue condenado por ocultar pagos a una estrella porno a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos, en un intento por preservar su imagen de cara a las elecciones de 2016, en las que finalmente derrotó a la demócrata Hillary Clinton. El magnate ha negado constantemente haber tenido un romance con la actriz.
Merchan pospuso indefinidamente la sentencia del caso –el único proceso penal contra Trump que llegó a juicio– en una audiencia el 22 de noviembre tras su victoria en las elecciones presidencial. Ahora deberá decidir si desestima el caso por completo o suspende las consecuencias legales hasta el final del mandato de Trump, que comenzará el 20 de enero.
Victorias judiciales
Este es el único caso penal en el que Trump fue condenado. El 25 de noviembre, la jueza federal Tanya Chutkan aceptó cerrar el proceso en Washington contra el republicano por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020, siguiendo las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith: aplicar la política vigente desde hace más de 50 años en el Departamento de Justicia, que prohíbe procesar a un presidente en ejercicio.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Smith destacó que esa recomendación es coherente con la interpretación de que la inmunidad presidencial es temporal y expira al abandonar el cargo. Esto deja abierta la posibilidad de que pueda reactivarse el caso una vez que Trump termine su mandato, en principio en 2029.
El presidente electo es acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden, que fue interrumpida el 6 de enero de 2021 por una turba de partidarios del expresidente. También se lo acusa de intentar despojar de su derecho al voto a los estadounidenses con sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020.
Bajo los mismos argumentos que en este caso, el fiscal Jack Smith también decidió no avanzar con un caso contra Trump en Florida. En ese caso, se acusa al magnate de poner en peligro la seguridad nacional al conservar varios documentos confidenciales, incluidos planes militares e información sobre armas nucleares, en su mansión en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales una vez que abandonó la Casa Blanca tras su primera presidencia.
El fiscal señaló que su posicionamiento contra Trump en los dos casos no cambió, pero si las circunstancias, por eso no insistirá por ahora en avanzar con las causas. Además, aunque quisiera seguir adelante, una vez en la Casa Blanca Donald Trump podría nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Smith o simplemente ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos contra él.
En Georgia, Trump se enfrenta a cargos de crimen organizado por presuntamente intentar alterar los resultados de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país. El caso está estancado y es muy probable que, de todos modos, quede entre paréntesis mientras el republicano esté en el cargo debido también a la política de no procesar a un presidente en funciones.
El caso del fraude financiero
En cuanto al juicio en lo civil por fraude financiero de la empresa familiar Trump Organization, la justicia de Manhattan condenó a Trump en febrero al pago de 454 millones de dólares en multas, junto a sus hijos Eric y Donald Jr. Pero su abogado John Sauer, que pronto será el número 4 del departamento de Justicia, exigió por escrito en noviembre a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, abandonar por completo el caso.
“Escribimos para solicitarle que desestime por completo el caso (…) contra el presidente Donald J. Trump, su familia y sus empresas, y que estipule anular la sentencia y desestimar todas las demandas en su contra”, indicó en la carta dirigida a James y publicada por la prensa local.
Sin embargo, en una carta de respuesta al abogado de Trump, publicada en las redes sociales, la procuradora general adjunta de Nueva York, Judith Vale, denegó la petición. “Su carta no presenta bases para que esta oficina busque anular el juicio final o para desestimar esta causa”, se lee en una parte del texto.
Página/12