El Parlamento chaqueño sancionó anoche la ley por la cual se regulará el uso de celulares y de internet en cárceles provinciales. Se trata del proyecto de ley del Ejecutivo provincial, al que se refirió el gobernador Leandro Zdero durante la apertura del periodo legislativo en marzo de este año. Si bien sufrió modificaciones en su tratamiento en particular a partir de la votación sobre dos despachos, en general fue respaldado por casi la totalidad de los diputados presentes (27), a excepción de la diputada Tere Cubells del Frente Grande que se inclinó por la permanencia en cartera.
Fue miembro informante el legislador del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, como presidente de la comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de ese Poder.
Explicó que la iniciativa surge “en virtud del avance de la tecnología y el acceso a medios tecnológicos de comunicación en cárceles. Y en consecuencias en virtud del uso para dar continuidad a su raid delictivo, llámese extorsión o amenazas que nacían en algunos servicios penitenciarios”, sostuvo.
Comentó que distintos sectores vinculados a esta cuestión participaron y dieron su punto de vista al respecto, en la comisión que preside, durante su análisis. “Estamos hablando de regular la comunicación a ciudadanos que están condenados con sentencia firme que los proba de su libertad a los efectos de que se resocialicen para su futura reinserción”, indicó. Y menciono entre los actores participantes a miembros de la Asociación Pensamiento Penal.
“No se busca dejar sin comunicación a nadie sino controlar, regular, fiscalizar a los efectos del buen funcionamiento de la comunicación y que sirva como elemento de resocialización y no permitiendo la comisión de un nuevo delito como sucede en algunos casos”, sostuvo.
El debate
Desde el Frente Chaqueño, el diputado justicialista Nicolás Slimel, adelantó el acompañamiento del espacio a la iniciativa legislativa de regulación del uso de los dispositivos móviles para personas privadas de su libertad. “Debe haber un criterio humanístico”, apuntó y recordó los entredichos en torno a la resolución 676/22 del Ministerio de Seguridad y Justicia, que era un protocolo para la utilización de telefonía celular, “que era muy claro y consistente y limitaba completamente y era mucho mejor que proyectos presentados en su momento quienes hoy son el oficialismo”.
Dicho esto, observó que el proyecto en tratamiento era incluso “más contundente” que elaborado en su momento. “Entendemos y somos conscientes que tenemos que darle respuestas a las demandas que hoy la sociedad nos pide para una mayor seguridad”, sostuvo y aclaró que el bloque dentro de la Comisión de Legislación contaba con un despacho propio que es el que defenderían en el tratamiento en particular sobre el articulado del proyecto. “En algunas cuestiones vamos a coincidir y en otras no”, adelantó.
Reforzó la argumentación su par de interbloque, la diputada Mariela Quiroz. Comentó que en esta oportunidad pudieron contar con informes, algunos advirtiendo situaciones y brindó algunos datos, por ejemplo, el de una población carcelario que supera a las 1200 personas, de las cuales entre 850 y 950 cuentan con celular y, de estas, unas 300 con móviles para estudios. “Y uno de los tantos informes que recibimos fue el del ministro de Seguridad, Hugo Matcovich, que habla de 33 casos de posibles delitos”, contó.
Señalo que la nota que remite el gobernador Zdero a la Presidencia cuenta con los objetivos de la ley y, sin embargo, no el proyecto en tratamiento; aunque sí el despacho que generó la oposición dentro de la comisión por el que se volcarían en la votación en particular.
Por su parte, la diputada del Frente Grande, Tere Cubells, adelantó su voto negativo separándose del Frente Chaqueño en su posición, que se traduciría luego por su permanencia en cartera. Y argumentó que la resocialización es la finalidad de los centros de detención. “Comparto la necesidad de regular, pero no la prohibición, más allá que la palabra prohibir la han sacado”, apuntó.
Apuntó que el proyecto también “viola el principio de progresividad. Y no puedo dejar de señalar el gran daño que la iniciativa le hace a las mujeres alojadas en centros de detención y a sus hijos, restringiendo su derecho y obligación a participar en la educación de los niños”.
En su intervención, también por el bloque del Partido Justicialista, la legisladora Pía Chiacchio Cavana acentuó que “siempre hemos estado a favor de regular y limitar el uso del celular en el servicio penitenciario provincial y por eso se sancionó la resolución 676 en 2022”, con vigencia en la actualidad.
Aseguró que esa misma resolución es la que permite hoy contar con determinados datos para el debate político, a los que dio lectura: 1193 personas condenadas, 51 personas procesadas, 4 personas declaradas inimputables. Y prosiguió: el 92% de las personas privadas de libertad no participó en ninguna alteración del orden, el 44% no cometió ninguna infracción disciplinaria, el 43% fue calificado con conducta muy buena, el 24 con conducta buena y el 24% con conducta ejemplar.
“Hay 949 celulares registrados. La División de la Zona del Interior informó 399 celulares registrados, la División de Consumos Problemáticos, 76 celulares; la Zona Metropolitana, 441 celulares”, precisó.
Dicho esto, consideró que el proyecto, el despacho de mayoría, “así como está va a generar muchísimos problemas porque esta herramienta permitió disminuir la conflictividad y esto se ve plasmado en los mismos informes del Servicio Penitenciario Provincial”.
Advirtió sobre esto para prevenir el aumento de violencia en las cárceles e incluso la afectación a partir de esto de trabajadores del servicio penitenciario.
“Los problemas de inseguridad están fuera de los servicios penitenciarios. Pero, de todos modos, entendemos que este derecho debe ser reglamentado”, afirmó.
Posteriormente, pidió la palabra el diputado radical del interbloque de Juntos por el Cambio, Carim Peche, con una primera advertencia: “Ahora vamos a saber de qué lado está cada uno”.
Recordó que el 5 de abril de 2023 se sancionó la ley 3794-J que prohibía el uso de telefonía celular en el interior de los establecimientos penitenciarios, normativa que fue vetada el 5 de abril de ese año, “invocando a la vigencia de la resolución de la que estaban hablando recién. Y menciona en los fundamentos del veto la violación de los principios establecidos en el capítulo 11 de la ley nacional 24460 que, en realidad, es la 24660, primer error en el veto. Y se olvida mencionar el artículo 35 de la ley 27375 que modifica la ley 24660 y prohíbe las comunicaciones telefónicas (…). Y alega que es una ley regresiva en materia de derechos humanos”.
“Acá hablaron de derechos humanos y.. hay derechos humanos para los delincuentes y no para la gente honesta?”, la primera pregunta que me surge. No son nenitos de pecho los que están condenados”, aseguró y mencionó una serie de casos registrados en la provincia.
“En el proyecto de ley que estamos debatiendo no se está vulnerando el derecho de las personas, se está regulando”, defendió.
Hubo un cruce con la diputada Quiroz posteriormente a esta intervención.
Luego tomó la palabra el diputado y presidente del interbloque de JxC, Sebastián Lazzarini que recordó que aquella ley sancionada y vetada era de autoría del hoy ministro Livio Gutiérrez. Resaltó estos 33 casos de hechos delictivos registrados desde cárceles. “Nos debemos plantear una cuestión fundamental, este proyecto para nada es restrictivo de derechos. De ninguna manera se ven afectadas las personas privadas de su libertad de poder tener la comunicación necesaria con sus afectos, sus familiares y sus abogados”, defendió y destacó la voluntad del gobernador en esto.
Finalmente la normativa se sancionó en general con 27 votos a favor y uno por su permanencia en cartera. Posteriormente se dio curso a la votación en particular donde si bien la oposición trató de incorporar cuestiones plasmadas en su despacho de minoría, se mantuvieron las establecidas en el despacho del oficialismo.