Un fétido aroma de impunidad vuelve a infectar a la Causa AMIA. En los próximos días, la Cámara Federal de Casación Penal deberá pronunciarse sobre las condenas y absoluciones en el juicio por encubrimiento de la denominada «pista siria» del atentado contra la mutual judía. Es la causa en la que resultaron condenados, entre otros, el exjuez Juan José Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. El 12 de marzo pasado, el tribunal revisor, presidido por Carlos Mahiques (uno de los jueces que viajó a escondidas al Lago Escondido en el autodenominado grupo «Los Huemules») celebró una audiencia «de visu». Es una instancia previa a emitir un fallo en la que los jueces conocen personalmente a los imputados.
Azoradas, las querellas vieron cómo Mahiques lanzaba preguntas al mejor estilo de los centros de Guillermo Barros Schelotto para Martín Palermo en el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Preguntas tan punzantes e incisivas como las que les formulan al presidente Javier Milei los periodistas de los canales militantes de su gobierno.
Todo eso, que duró unas cinco horas, quedó filmado y grabado. Pero cuando las querellas pidieron copias de esa grabación, Mahiques se las negó.
La Cámara de Casación debe resolver si confirma, modifica o revoca las condenas y absoluciones que dictó en febrero de 2019 (sí, hace más de cinco años) el Tribunal Oral Federal número dos. La decisión está en manos de Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña. A oídos de las querellas llegó una información: están uno a uno y falta definir el voto que inclina la balanza hacia uno u otro lado. Por eso creen que Mahiques intentó direccionar las preguntas a los imputados (sólo él podía interrogarlos) para convencer al voto que falta para que, cuanto menos, exculpe a Galeano, Mullen y Barbaccia. «Los de la casa», como los definió José Ubeira, el abogado de José Ribelli, un excomisario bonaerense que pasó ocho años preso como consecuencia de la maniobra que se le atribuye a Galeano, el pago de 400 mil dólares de la ex SIDE al desarmador de autos Carlos Telleldín para que lo involucrara falsamente en el atentado.
Mahiques le preguntó al exjuez Galeano: «Usted fue magistrado en importantes tramos de la investigación. ¿Cómo vivió el clima de época en esta causa? Hay jóvenes generaciones de empleados judiciales que lo escuchan. Sin dudas su testimonio tendrá valor para ellos». Galeano fue condenado a seis años de cárcel por los delitos de «peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba».
«¿Sufrieron muchas presiones?», «¿Cree que los déficit del sistema contribuyeron a la respuesta judicial que se obtuvo?», «¿Cómo funcionaba la cabeza de un juez de 35 años y con solo un año de antigüedad en el cargo?», «¿Usted recibió ayuda terapéutica cuando era juez de la Causa AMIA?», «¿Estaba preparada su fiscalía o la unidad AMIA para investigar la causa?», «¿Tenían recursos?».
El tenor de esas preguntas fue bien diferente de lo que ocurrió cuando fue el turno de Ana Boragni, la exesposa de Telleldín, condenada a dos años de prisión como partícipe necesaria del delito de peculado. La mujer contó que cuando se acordó el pago de los 400 mil dólares a su expareja estaban presentes Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia, y el ministro del Interior de entonces, Carlos Corach. Nunca antes había contado eso.
Mahiques la interrumpió y desvió su relato hacia otras cuestiones como sus adicciones.
«Mientras al exjuez, a Mullen y Barbaccia se les instaba a contar sus desventuras en manos del poder, a Boragni –que fue víctima directa de estos y otros granujas– se le preguntó enfáticamente sobre sus adicciones», subrayó Rodrigo Borda, abogado de la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa.
El secretismo de lo que ocurrió en esa audiencia estaba decidido de antemano. Tiempo Argentino pidió autorización para presenciarla, pero le fue denegado. La grabación ni siquiera está subida al expediente electrónico. Las querellas de Memoria Activa, Ribelli y Laura Ginsberg (titular de la agrupación de familiares APEMIA) fracasaron en sus pedidos para acceder a ella.
Ubeira denunció ante el propio tribunal: «El interrogatorio llevado por el presidente de la audiencia y las preguntas dirigidas al imputado Galeano y a los exfiscales nos parece que lejos de tratar establecer lo que la letra de la ley establece, la pervirtió. (…) El sentido y el alcance de la audiencia eran para el conocimiento de los jueces. Ello no merece disputa. Lo que llama la atención es la línea de interrogatorio desarrollado en solitario por la presidencia».
«Sepa el Sr. presidente que Juan Carlos Ribelli, el hermano menor de quien me instituye en esta querella, se pegó un tiro como consecuencia del sufrimiento que le generó esta causa y de los indecibles manejos de los que hoy se espera que aconsejen a los funcionarios que estaban presentes en la audiencia contando sus malhadadas experiencias. Más ramplón, en este proceder por parte de la presidencia, no se consigue».
El abogado Borda, pidió –mediante un recurso de reposición– a Mahiques que reviera su negativa. «No es excusa para condicionar de cualquier modo la participación de las querellas ni para retacearnos la copia solicitada. El control de dicho acto procesal no puede circunscribirse exclusivamente a la presencia de las querellas en esa audiencia, máxime cuando la misma involucró a once imputados y duró cinco horas, aproximadamente».
«Si esa grabación existe, no puede vedarse a ninguna de las partes el acceso a ese registro. No hay nada que ocultar», opinó Borda, acaso ingenuamente. Sí hay algo (mucho, todavía) que ocultar.
El mismo día de la audiencia, Memoria Activa posteó en Instagram: «Después de 30 años no creíamos que un juez podía burlarse de las víctimas del atentado en la cara. Qué ingenuos. El juez Mahiques lo ha logrado hoy. Sin pudor alguno, sin disimulo, los jueces hicieron una puesta en escena para intentar nuevamente salvar a la corporación judicial. La audiencia en Casación que fue un show del señor Mahiques a favor de los encubridores. ¿Cuál será el verdadero motivo? ¿Defender a los suyos? ¿Convencer a algún otro juez de salvar a sus amigos?”.
Laura Ginsberg le recordó a Mahiques el sentido y el contenido de la Ley 27.372, de «Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos».
«No sólo quienes querellan aquí son víctimas tutelados por las disposiciones de la Ley 23.372, sino que además son querellantes, partes en el proceso, con acceso irrestricto a las pruebas y constancias de la causa. El acceso a una audiencia de estas características y su grabación tiene por objeto el acceso a la verdad y la transparencia que debe tener para las partes un proceso penal. (…) Resulta central de cara a la sociedad y a las víctimas el no ocultamiento de información alguna, máxime cuando se cuestiona la línea de interrogatorio en una audiencia de visu y se deja trascender una actitud de un magistrado que podría rozar la falta de imparcialidad».
Tiempo Argentino