La expresidenta Cristina Kirchner interpuso este viernes un recurso de nulidad ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para reclamar por su asignación correspondiente a sus dos mandatos y la pensión por viudez que recibía por la muerte de Néstor Kirchner, luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera dar de baja ese beneficio para la exmandataria.
Según el recurso administrativo presentado ante la Anses por el abogado Facundo Fernández Pastor, que representa a CFK, y al que tuvo acceso Página|12, define a la quita de las asignaciones como un error material y argumentó que la resolución del organismo ahora dependiente del Ministerio de Capital Humano “viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Asimismo, califica al hecho como un “acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo” y solicitó la revocación de la resolución y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados hasta su efectivo pago.
“Según la Ley N° 24.018, los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”, argumentó la defensa de la expresidenta en el escrito.
Fallo proscriptivo
Un día después del anuncio, el Gobierno oficializó la baja de la asignación de Cristina Fernández, que le corresponde por sus dos mandatos presidenciales, y la pensión por viudez que recibía desde la muerte de Néstor Kirchner.
La decisión que había sido adelantada el pasado jueves 14 de noviembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se publicó al día siguiente en la Resolución 1092/2024 del Boletín Oficial. En los considerandos se afirma que esas asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”.
La resolución se basa en el fallo proscriptivo de la Cámara Federal de Casación Penal, que este miércoles confirmó la condena a la expresidenta en la Causa Vialidad y ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Por esta razón, en la resolución se argumenta que “las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
Página/12