El Gobierno nacional puso en marcha las modificaciones al Régimen de Zona Fría en todo el país, cambiando directamente la ecuación tarifaria de los subsidios al gas natural. La nueva normativa estableció el fin de la cobertura territorial automática en gran parte del país, exceptuando a las provincias de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Por fuera de esas zonas, el esquema de subsidios se restringió únicamente para usuarios económicamente vulnerables. En ese sentido, el Gobierno estableció criterios de vulnerabilidad como la suma de ingresos netos por menos de tres Canastas Básicas Totales para Hogares tipo 2 según INDEC, la presencia de Certificado de Vivienda Familiar, Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o la presencia de Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según la posición oficial, el nuevo régimen focalizado permitirá al Estado un ahorro estimado en 400 millones de dólares anuales. Esto conllevaría, además, la caída de la cobertura de más de 4 millones de usuarios de distintas provincias que hasta aquí estaban contempladas como Zona Fría y que quedaron marginadas en base al nuevo criterio, quedando expuestas a la tarifa plena.
Fricción con las provincias
Respecto a esto último, los principales reclamos y posturas negativas relativas a la modificación del Régimen de Zona Fría llegaron desde provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, gran parte de Mendoza, San Juan, San Luis y otras que se vieron afectadas tras quedar marginadas de la cobertura.
En ese sentido, los distintos gobernadores elevaron reclamos públicos y rechazaron la modificación con un impacto directo en el costo de vida local de sus contribuyentes, algo que abonó a las tensiones en la dinámica de colaboración legislativa que muchos de ellos aceptaron con la Casa Rosada. Los señalamientos llegaron por la falta de localización a la hora de elaborar el proyecto, marginando zonas con necesidades energéticas similares a las cubiertas en términos ambientales.
Con la franja central del país disconforme con la medida, el Gobierno recurrió a las negociaciones con gobernadores patagónicos y norteños. Estos últimos fueron especialmente importantes ya que negociaron su apoyo a cambio de un posible proyecto de “zona caliente”, que perseguiría la misma lógica pero apuntada a aliviar los costos energéticos de la refrigeración.
Impacto en las tarifas
En cuanto al impacto en el bolsillo de los consumidores que quedarán fuera de Zona Fría, las estimaciones previas calcularon aumentos del costo en hasta un 50% a partir de la implementación, uno de los mayores saltos desde el 2024. Esto siempre y cuando los usuarios no califiquen para el subsidio focalizado, quedando expuestos a la tarifa plena.
Cabe destacar que la tarifa de gas fue uno de los servicios de mayor ritmo de aumentos en lo que va de la gestión de Javier Milei. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA y el Conicet, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el costo de la energía para calefacción se aceleró hasta un 1.482% con actualizaciones derivadas de un fuerte atraso acumulado en décadas anteriores.
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