Después de quitarle repentinamente a la fiscalía el manejo de la investigación sobre la autoría intelectual del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti comenzó una ofensiva para correr el foco, que hasta ahora estaba puesto en el diputado del PRO Gerardo Milman, y sembrar sospechas sobre la Policía Federal (PFA), que estaba al mando de Aníbal Fernández. A pesar de que el fiscal Carlos Rívolo la acusó de hacer forum shopping y le pidió que mande sus supuestas nuevas pistas sobre esa fuerza a sorteo para que se ocupe otro/a juez/a de analizarlas, la magistrada comenzó este viernes una ronda de declaraciones testimoniales de agentes que instruyeron un sumario interno contra dos policías por un hecho que ni siquiera está relacionado directamente con el atentado. La primera testigo bastó para dejar al descubierto la burda maniobra.
Sandra Judith Carral Leiva, comisaria mayor de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, dijo que había tenido una “mínima participación” en el sumario interno contra sus colegas porque solo reemplazó a un compañero durante diez días. Pese a los esfuerzos de los abogados defensores de Milman, la mujer no acusó a nadie, incluso tenía pocos detalles para contar. Dijo que había hecho algunas notificaciones de rigor y que habilitó a los agentes cuestionados para que hicieran su descargo. El juzgado hizo preguntas sin ningún peso. Ante las de la fiscalía, y contra la idea que parecería querer instalar la jueza, la testigo afirmó que ni ella ni otros policías fueron presionados para direccionar las actuaciones administrativas.
Todo esto ocurrió el mismo día en que se conoció un peritaje contable oficial que confirmó que la empresa Caputo Hermanos –que manejan los hermanos del ministro de Economía Luis Toto Caputo– pagó entre 10 y 20 por ciento de más respecto de valores de mercado por muebles que le encargó a Jonathan Morel, referente de la organización Revolución Federal, que desplegó acciones y consignas ultraviolentas antes del atentado a CFK, justo en la misma época en que recibía pagos millonarios por ese trabajo. Le encomendaron equipar un edificio entero en Añelo, en Neuquén, a 1200 kilómetros de su pequeño taller sin cartel a la calle. Es una de las cuestiones que Capuchetti nunca quiso investigar junto con el atentado pese a nexos que aparecieron.
La jueza y Milman, alineados
Capuchetti tiene aún en su juzgado en primera instancia un expediente residual sobre el intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta, sobre las pistas políticas y económicas. La que quedó abierta y a medio camino es la que atañe a Milman, a quien un testigo escuchó decir en el bar Casablanca de la esquina del Congreso, dos días antes del ataque, “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Pero el juicio oral, que transcurre en paralelo, sobre la autoría material del hecho, le trajo algunos dolores de cabeza a la jueza, ya que a fines de marzo varios testigos (incluida su custodia) la dejaron expuesta y comprometida en irregularidades de los comienzos de la investigación, en especial referidas al daño que sufrió el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, cuyo contenido nunca se pudo rescatar.
Fue entonces que decidió quitarle a Rívolo la causa que ella misma le delegó hace más de dos años porque había sido recusada por su posible parcialidad, envuelta en un escándalo porque no había secuestrado los celulares de las mujeres que estaban con Milman en la famosa escena en el bar. Eso permitió que fueran borrados en una oficina de Patricia Bullrich, antes de que la Cámara Federal finalmente ordenara secuestrarlos.
Capuchetti dijo contra el fiscal que no había hecho un “progreso significativo” en la causa y que hacía falta “un nuevo enfoque” ya que no se había “profundizado suficiente” respecto del papel de la PFA. En una especie de magia juntó el legajo sobre la policía (en el que la fiscalía había descartado conexiones con el atentado) con el referido a Milman, que quedó invisibilizado. Incluso dejó de tener el nombre del diputado e insólitamente pasó a tener otro que nadie recordaba bien quién era: “… Suárez Mariela Rosario y otros s/lejago de investigación”. Ni siquiera es el nombre de una agente policial sospechada, sino de una mujer que había sido mencionada en un llamado anónimo en los inicios de la investigación, momentos típicos en que hay gente que llama a la fiscalía o la policía tratando de obtener alguna compensación con datos que pueden ser truchos. El movimiento reciente en la causa tan alevoso, que este viernes otra vez apareció el nombre cambiado y ahora dice “NN”.
Después de todo esto, a comienzos de abril, Milman –que hacía rato no hablaba públicamente del tema– apareció en una entrevista en el sitio Mdz diciendo: “No quiero spoilear a la jueza, pero ella esta semana ha retomado la conducción de la causa, así que creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días”, se despachó. “Pronto se sabrá quien le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, anunció. Sobre el final dijo que esperaba conocer a los “responsables reales” “de, entre comillas (sic), el atentado de Cristina Fernández de Kirchner”.
Sobre el final de la audiencia de este viernes con la comisaria que se ocupó de una parte mínima del sumario contra sus colegas, cuando ya habían terminado las preguntas y el personal del juzgado se fue a sacar unas fotocopias, el fiscal Rívolo se acercó a los abogados de Milman (Manuel Barros y Mauricio Castro) y los encaró:
–Ya que ustedes saben quién le puso el arma en las manos a Sabag Montiel ¿Por qué no vienen y lo dicen acá, así no nos enteramos por los diarios?
Los defensores quedaron petrificados y no respondieron nada, según pudo reconstruir este diario.
La excusa sobre la Federal
Rívolo ya investigó a todos los integrantes de la custodia de CFK, cruzó sus comunicaciones para saber si tenían relación con los autores del intento de magnicidio, y escuchó sus conversaciones telefónicas. Lo mismo hizo respecto de policías de la Ciudad que estaban en los operativos en los alrededores de la vivienda de la expresidenta. Hubo sumarios administrativos por el peritaje el celular de Sabag Montiel, ya que el primero lo hizo un agente de Cibercrimen de la Federal adentro del juzgado por indicación de la propia Capuchetti, y otro que es el que quiere reflotar ella ahora, que se refiere a un hecho ocurrido tres días después del atentado: la exnovia del principal acusado, Brenda Uliarte, se había refugiado en la casa de Barracas donde se juntaban los “copitos”. Salió de ahí con un gorro y tapada hasta la nariz el domingo 4 de septiembre rumbo a la estación Retiro para tomarse el tren a San Miguel. Pasó delante de los dos agentes el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista que estaban de consigna y no la pararon pese a que ya había una orden para detenerla.
La jueza no había querido allanar la vivienda de Montes de Oca, entonces era cuestión de que la agarraran en la calle. Se supo que se había ido de ahí porque la oficina de escuchas de la Corte avisó que el celular se movía. Fue detenida un rato después, por la PFA y con directivas de un secretario del juzgado, en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Los oficiales involucrados tuvieron una sanción de cinco días de arresto. La mujer que declaró dijo que entendía que el sumario, igual, seguía abierto. Como sea, es un hecho que no ha demostrado tener relación directa con el ataque a CFK y que en este momento sólo sirve a Capuchetti para hacer una demostración de que puede llevar la causa para donde quiera.
El fiscal incluso en el escrito de esta semana señaló que era llamativo que diario Clarín había publicado el video donde se veía salir a Brenda del domicilio en Barracas, un hecho conocido desde que sucedió y en otra nota decía, sugestivamente, que la magistrada evalúa darle a la Gendarmería el celular de Sabag Montiel para que intente rescatar su contenido, algo que se hizo en un peritaje en marzo, donde la fuerza participó. Rívolo le señaló que estaba incurriendo en forum shopping (que implica elegir el tribunal más conveniente, en este caso ella misma) para investigar algo que ya se investigó, y que implica un hecho distinto al atentado y que estaba bajo supervisión de ella misma, por lo tanto debería investigarlo (si es que realmente hubiera algo nuevo) otro juzgado. Advirtió que juntar la pista Milman y el legajo sobre la policía es “a todas luces irregular” porque no tienen pruebas en común ni relación alguna el uno con el otro. Lo que quedó claro este viernes es que le sirvió al diputado exmano derecha de Bullrich para que sus defensores participen de la audiencia e intenten orientarla.
Solo se ven distintas formas de obstruir una investigación que podría permitir profundizar acerca de una pregunta clave pendiente que es quién estuvo detrás del atentado a la dos veces presidenta.
Página/12