Un informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencias contra las Mujeres (UFEM) sobre la violencia sexual al interior de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas contra mujeres integrantes de dichas instituciones, revela que el 96% por ciento de los agresores ocupaba cargos jerárquicos y/o superiores al de las víctimas, que en promedio eran 16 años mayores que las damnificadas y que el 88% de las denunciantes tuvieron consecuencias laborales después del hecho, como licencias temporales, reubicaciones y hasta despidos.
La UFEM, que cumple 10 años y cuya titular es la fiscal federal Mariela Labozzetta, tiene entre sus líneas de acción la construcción de información sobre el impacto de la violencia con motivos de género y, particularmente, sobre la violencia sexual como una de sus principales manifestaciones.
La sistematización de información criminal permite caracterizar las modalidades específicas del despliegue de la violencia de género en todas sus expresiones y, en el caso específico de este informe, la violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de las Fuerzas Federales de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) contra mujeres pertenecientes a dichas instituciones.
A su vez, profundiza sobre los hechos denunciados, las víctimas, los agresores y los vínculos que unas y otros mantenían entre sí al momento de los hechos. Finalmente, focaliza la atención en el desarrollo de los procesos penales y administrativos, las consecuencias laborales para las víctimas y los acusados una vez denunciados los hechos, así como las derivaciones institucionales luego de la comunicación de estos eventos.
Los datos
El informe, titulado Análisis de casos de violencia sexual en el contexto laboral de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, se realizó a partir de una muestra de 23 causas judiciales iniciadas entre 2011 y 2023 en 14 jurisdicciones federales del país. Entre los principales hallazgos, se destaca que el 96% de los agresores ocupaba cargos jerárquicos superiores al de la víctima y que, en varios casos (5 de los 26 imputados), contaban con antecedentes de violencia de género.
El reporte identifica 24 víctimas, todas mujeres cis género cuya edad promedio era de 27 años, y 26 agresores que tenían, también en promedio, 43 años, es decir, 16 más que las damnificadas. Este dato refuerza la conclusión de que a las asimetrías de poder jerárquico y de género, se suma la etaria. En el 70% de los casos, los agresores eran entre 10 y más de 30 años mayores que las víctimas.
En relación a las instituciones donde ocurrieron los hechos denunciados, el 54% de las víctimas pertenecía a las Fuerzas Armadas (25% Armada, 25% Ejército y 4% Fuerza Aérea), mientras que el 46% restante se distribuye entre las Fuerzas Federales (21% Policía Federal, 13% Prefectura Naval, 8% Gendarmería y 4% Policía de Seguridad Aeroportuaria). El 52% de las damnificadas denunció los hechos entre 1 y 8 años después de su ocurrencia.
Asimismo, el 88% de las mujeres enfrentó consecuencias laborales tras efectuar la denuncia. El 62% tuvo licencia temporal, el 48% fue reubicada en otra área o sede y un 19% fue despedida, desvinculada o retirada obligatoriamente (las categorías no son mutuamente excluyentes, una misma persona pudo haber sufrido distintas modificaciones posteriores al hecho).
En cuanto a los denunciados, el 85% de los denunciados enfrentó algún tipo de consecuencia laboral tras los hechos de violencia. Sin embargo, solo el 41% tuvo alguna sanción. Entre ellas, se registraron seis arrestos, un pase disponibilidad y una desvinculación.
En los 23 expedientes, se detectaron en proporciones idénticas causas donde se investigan hechos múltiples (12 casos) o una única agresión sexual (11 casos). El 60% de los hechos múltiples fueron prácticas extendidas y recurrentes (de 1 a 7 años) y la totalidad de los hechos analizados ocurrieron en el ámbito laboral. Los lugares de ocurrencia más frecuentes fueron oficinas, espacios comunes y habitaciones/camarotes laborales.
En relación con el estado procesal de las causas, el 78% se encuentra aún en trámite, mientras que solo el 22% han finalizado. Entre estas últimas, se registraron tres condenas y dos sobreseimientos. La UFEM intervino en el 52% de los casos, y su actuación contribuyó a que seis de ellos fueran elevados a juicio, de los cuales tres ya cuentan con sentencia. Las causas analizadas presentan tiempos de tramitación prolongados en relación con la complejidad de las investigaciones. El tiempo promedio hasta la sentencia de primera instancia fue de 5,3 años.
La intervención de UFEM
En los últimos años, los casos de violencia sexual en contextos laborales, particularmente en el interior de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, se consolidaron como uno de los fenómenos criminales en los cuales las fiscalías federales requirieron recurrentemente intervención de la UFEM. La proporción de causas federales en las que intervino la unidad a través de colaboraciones del área de litigio estratégico con dicho tipo de fiscalías se duplicó en apenas cuatro años, pasando del 20% en 2019 al 42% en 2023.
Las relaciones laborales constituyen uno de los contextos más frecuentes de despliegue de la violencia sexual y representan el segundo ámbito más reiterado en las causas en las que interviene la UFEM, especialmente en instituciones jerarquizadas y fuertemente masculinizadas, como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad. Actualmente, el 22% de las causas en las que la UFEM mantiene algún tipo de intervención en trámite corresponde a hechos ocurridos en el ámbito de las Fuerzas Federales.
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