La agroexportadora Vicentin presentó esta semana un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con el objetivo de revertir el fallo de dicho tribunal que anuló la homologación de su acuerdo preventivo. En caso de que la Corte santafesina rechace el recurso, la empresa adelantó que recurrirá en “queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo cuestionado, dictado en febrero pasado, hizo lugar a una impugnación presentada por la firma Commodities, que argumentó que el acuerdo no respetaba el principio de igualdad entre los acreedores. Según su postura, mientras algunos recibirían el 100% de sus acreencias, otros enfrentarían quitas y esperas desproporcionadas. La resolución del máximo tribunal provincial dejó sin efecto la homologación y abrió la posibilidad del cramdown, un mecanismo que permite a terceros presentar ofertas para rescatar la empresa.
Vicentin sostiene que su acuerdo preventivo, alcanzado en junio de 2022 y presentado formalmente en marzo de 2023, fue aprobado por el 62% de los acreedores, representando el 72% del capital adeudado. La propuesta contemplaba un pago inicial de USD 170 millones, seguido de un segundo pago de u$s127 millones al año siguiente. Además, preveía la capitalización de los saldos de deuda a través de un fideicomiso y la venta del paquete accionario de Renova por u$s300 millones para financiar los pagos. Como parte del plan, se establecía un esquema de continuidad operativa por 12 años con “interesados estratégicos” que garantizarían la actividad de la compañía.
La Corte Suprema de Santa Fe, sin embargo, cuestionó la validez de la estructura de pago, señalando que el acuerdo otorgaba un pago inicial de u$s30.000 para cada acreedor quirografario, sin distinción del monto total de sus acreencias. Según el fallo, este esquema generaba una ventaja para quienes tenían créditos menores y una quita sustancial para los acreedores más grandes, lo que afectaría el principio de equidad dentro de una misma categoría de acreedores.
En su presentación, la defensa de Vicentin argumentó que la Corte santafesina “ingresó indebidamente en cuestiones de hecho y prueba”, desconociendo los criterios de la Ley de Concursos y Quiebras. Además, denunció que el fallo provincial afectaba la seguridad jurídica y vulneraba la garantía del debido proceso. “La decisión recurrida que deja sin efecto la homologación alcanzada en un concurso de más de 1.600 acreedores conlleva a que la empresa quiebre”, sostuvo el escrito judicial, agregando que la medida tenía “gravedad institucional”, dado su impacto en el sector agroindustrial y la economía nacional.
Lo cierto es que todo parece indicar que el máximo tribunal de Santa Fe se mantendría en su postura y no haría lugar al pedido de Vicentin, porque lo que la empresa llevaría su reclamo ante la Corte Suprema de la Nación, ya que es el último recurso que le queda.
Un dato no menor es que en su presentación, Vicentin argumentó que la decisión de la Corte santafesina violó principios constitucionales, afectando la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso. La empresa denunció que el tribunal provincial ingresó “indebidamente en cuestiones de hecho y prueba”, apartándose de los criterios establecidos en la Ley de Concursos y Quiebras.
Además, la defensa de la firma cuestionó la imparcialidad de dos jueces del máximo tribunal de Santa Fe, señalando que habrían prejuzgado el caso al intervenir en un proceso de avocación previo a la resolución final. “Las expresiones transcriptas, absolutamente innecesarias para resolver la improcedencia de la avocación solicitada, anticiparon criterios sobre la forma en que debía decidirse la causa”, sostiene el escrito judicial.
Ahora, con su nueva presentación, desde Vicentin advierten que la continuidad de la operativa dependía de la resolución judicial y de la posibilidad de acceder a los fondos comprometidos en el acuerdo preventivo. Sin la homologación firme, sostuvieron que no podrán recibir las inversiones necesarias para mantener la actividad y cumplir con sus compromisos financieros.
En paralelo, señalaron que la situación financiera y judicial impactó en la logística y el abastecimiento de materias primas, comprometiendo su actividad industrial. A esto se sumaron conflictos laborales. Más concretamente, desde hace semanas desde la empresa adelantan que no tienen materia prima para moler e incluso que no pueden asegurar el pago de salarios. Mientras tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) amenazó con una huelga nacional debido a una disputa salarial con la empresa.
La realidad es que la Vicentin afronta quizás su peor crisis desde que entró en default en diciembre de 2019. Según detallan en el sector, la semana pasada estuvo a punto de quedarse sin energía por una deuda impaga, pero un aporte de Bunge y Viterra evitó el corte del suministro en el último momento y permitió que la producción continuara.
Por su parte, a partir de la próxima semana, la empresa enfrenta otro problema: no tiene aseguradas nuevas tareas de producción. Es por ello que sigue negociando, incluso con sus acreedores, con el objetivo de conseguir materia prima para moler.
En este marco, este viernes, Fabián Lorenzini, el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa, convocó a una audiencia entre el gremio, directivos de Vicentin, acreedores y otras partes involucradas con el objetivo de establecer un diálogo que pueda destrabar la cuestión. Lo cierto es que no se llegó a ningún acuerdo concreto. Por lo pronto desde la empresa advierten que hasta el momento no cuentan con el capital necesario para hacerle frente al pago de salarios. Mientras tanto los acreedores más duros presionan por el cramdown y el gremio agita el fantasma de un paro nacional. La historia sigue abierta y todo parece indicar que habrá muchos más capítulos.
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