“El fallo provincial interpreta erróneamente el principio de igualdad de los acreedores”, dice el escrito firmado por el estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, con el patrocinio del famoso constitucionalista Ricardo Gil Lavedra. Y no se quedan ahí: aseguran que hubo “prejuzgamiento” por parte de dos jueces del tribunal santafesino.
En otras palabras, que ya habían opinado sobre el caso antes de emitir sentencia. “Ya habían adelantado criterio con anterioridad a la presentación de las conformidades de los acreedores”, se queja la empresa.
Pero el núcleo del reclamo no es solo técnico, sino económico. Vicentin asegura que la anulación del acuerdo y la falta de definición dejaron a la empresa prácticamente paralizada. “La incertidumbre genera que los clientes no quieran celebrar contratos de fasón ante el riesgo de una eventual declaración de quiebra con sus mercaderías ingresadas a la empresa. Esta situación disminuye hasta reducir a cero la actividad de la empresa concursada”, advirtieron en la presentación.
En otras palabras: sin contratos, no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay cómo pagar sueldos, servicios ni mantener las plantas en marcha. “La demora judicial y la falta de homologación han ocasionado perjuicios concretos y gravísimos a la concursada, a los acreedores y a toda la comunidad de la provincia de Santa Fe”, señalaron los abogados.
Hoy, la planta de San Lorenzo sigue inactiva y la deuda posconcursal supera los 30 millones de dólares, entre pagos pendientes, salarios adeudados y servicios públicos impagos. Aunque la empresa logró reactivar parcialmente otras plantas gracias a pagos anticipados de Bioenergías Agropecuarias y la Unión Agrícola de Avellaneda, no alcanza.
El recurso también apunta contra la Corte santafesina por haber invalidado el acuerdo con base en una sola impugnación: la de Commodities S.A., un viejo acreedor enfrentado con la empresa. “La anulación del acuerdo consagra un privilegio inadmisible a una minoría beligerante”, dice uno de los párrafos más picantes del escrito.
Con esta jugada, Vicentin busca que el máximo tribunal suspenda la ejecución del fallo, declare procedente su recurso extraordinario y le devuelva el expediente a los tribunales de origen para que dicten un nuevo pronunciamiento. Si no lo logra, se activará el cramdown: una instancia donde terceros pueden intentar quedarse con lo que queda. Y ahí sí, podría escribirse el capítulo final.
Si había algo que le faltaba a la novela Vicentin, era la confirmación de rumores que vinculaban a la empresa con el narcotráfico. Mientras se conocía esta presentación, en simultáneo ocurría otro hecho grave: Encontraron al menos 250 kilos de cocaína en cámaras frigoríficas de un buque que está cargando pellets de girasol en el puerto de la empresa de San Lorenzo, según precisó el colega Hernán Funes, de Cadena 3 Rosario.
El cramdown, también conocido como “salvataje”, es una herramienta legal prevista en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina. Se activa cuando una empresa en concurso preventivo no logra que su propuesta de pago sea homologada por la mayoría de los acreedores. En lugar de ir directo a la quiebra, se abre una nueva instancia donde terceros interesados – como acreedores, trabajadores organizados en cooperativas o incluso nuevos inversores – pueden presentar sus propias propuestas para hacerse cargo de la empresa y sus deudas.
Este proceso busca evitar la liquidación de la compañía y preservar su continuidad operativa. Los interesados deben inscribirse en un registro judicial y presentar una oferta que será evaluada por los acreedores. Si la propuesta obtiene las mayorías necesarias, puede ser aprobada incluso si la empresa original no está de acuerdo. Es una especie de “segunda vuelta” que prioriza salvar la fuente de trabajo y mantener en marcha la actividad económica.
En el caso de Vicentin, el cramdown representa una oportunidad para que otros actores propongan un plan de reestructuración y eviten la quiebra de la empresa. Sin embargo, también implica que la compañía podría perder el control sobre su destino si no logra revertir la situación actual. Por eso, la presentación del recurso ante la Corte Suprema es un intento de evitar que se active esta etapa y mantener la posibilidad de implementar su propio plan de salvataje.
Bichos de Campo