A dos meses de la desaparición de Loan Peña, el nene de cinco años, en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes, el 13 de junio, en la provincia solo reina incertidumbre, acusaciones cruzadas, detenidos que dejan entrever teorías que los enfrentan, y la mirada hacia la clase política, especialmente el accionar policial y judicial que entorpecieron el caso.
Mientras tanto, el gobiernador Gustavo Valdés, optó por acusar a Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, que había denunciado al Ejecutivo provincial por la situación de la trata de personas en la región. Según Vera, en las últimas horas recibió un escrito de apoyo por parte del Papa Francisco.
Como para dar cuenta de lo «embarrado» de la causa: días atrás se supo que había mensajes borrados en el celular del ex marino Pérez. Se comprobó que fueron borrados cuando él ya estaba detenido. Las miradas sobre la policía y la justicia provinciales son inevitables. Y sería más escandaloso si no fuese por el poder de la gobernación sobre los medios (y al ser una fuerza afín al oficialismo, solo bastaría imaginarse cómo sería si esto hubiese ocurrido en una provincia peronista).
La denuncia de Alameda
Lo primero que se debe marcar es la paradoja de que el propio mandatario habló de un posible caso de trata de Loan cuando dio su primera conferencia de prensa, un par de semanas después de la desaparición. Luego sucedió lo de Laudelina (tía del chico, que salió a hablar de un posible accidente y coartada, que Valdés apoyó al instante, y que luego se refutó), los testimonios, el quite de la causa de la provincia hacia el tribunal federal, la figura del abogado José Codazzi, cercano al poder en Corrientes, que participó del testimonio de Laudelina; y el senador provincial Diego Pellegrini, también conocido de Valdés, que se sumó a la operación.
En medio de todo eso, hace un mes, cuando el caso todavía ocupaba los primeros planos de los medios nacionales, Vera salió a denunciar una posible trama de encubrimiento de una red de trata” que existiría en la región desde hace años con aceitados “vínculo empresariales, políticos, policiales y judiciales”. Para la organización, este entramado busca reducir las consecuencias penales que se podrían desprender del caso.
En la denuncia se puntualiza que Pellegrini es “muy allegado” al gobernador Valdés y que Codazzi está casado con Guillermina Traverso, secretaria del ministro de Seguridad Provincial, Buenaventura Duarte. Además, la suegra de Codazzi es Gloria Fornies, concejal de Esquina por Encuentro por Corrientes (ECO), el partido liderado por Valdés.
Al gobernador (hoy cercano a Javier Milei, y que históricamente goza de un proteccionismo mediático) le apuntan por la aparente complicidad de fuerzas policiales y también judiciales de la provincia, de estrecha relación con su gestión. Y ahora también deberá afrontar una incipiente interna del histórico dirigente radical, Ricardo Colombi. En la provincia las marchas se multiplican. En ellas se repite una vieja consigna: “Que se vayan todos”.
Además de apuntar a la complicidad policial (el comisario Walter Maciel, detenido, intercambió mensajes con el ex marino Carlos Pérez en las horas posteriores a la desaparición de Loan, y participó de la coartada de dejar una zapatilla del niño a kilómetros del hecho), Alameda advirtió que hay más nexos policiales que merecerían la atención de la justicia federal: sostienen que antes de que Laudelina declare en la justicia ordinaria, Pellegrini la trasladó a la Delegación de la Policía Federal Argentina de Goya. Luego, madre e hija fueron llevadas al apart hotel que pertenece al ex comisario general, Carlos Acosta, primo de un ex jefe de la policía provincial. Piden investigar la posible conexión de Miguel Olivieri, actual ministro de Planificación de Gustavo Valdés, quien sería padrino del comisario Maciel.
Además, reclamaron la indagación de si hubo intentos de desviar la causa “mediante la intervención de actores del sistema judicial provincial” no se limite solo al rol del abogado Codazzi, sino que se extienda hacia “los hilos superiores que inevitablemente llegan a las máximas autoridades del gobierno provincial, incluyendo al senador provincial Pellegrini, al ministro de Seguridad Duarte, al Fiscal General Sotelo y al propio gobernador Valdés, puesto que todos ellos participaron activamente en la maniobra de eludir el fuero federal y dar por cierta una versión armada por Codazzi bajo intento de soborno y amenaza a Laudelina y su hija”.
“En síntesis –concluyeron en su momento–, se trata de investigar la complicidad de todo un régimen, un sistema armado para encubrir delitos graves, en el que el abogado Codazzi y el senador provincial Pellegrini resultan piezas esenciales. Ellos fueron quienes, eludiendo la intervención del fuero federal y la consiguiente investigación por el delito de trata de personas, involucraron a la justicia provincial con el propósito de desviar el análisis del caso hacia la hipótesis del atropellamiento vehicular, que el gobernador Valdés difundió y hasta celebró a través de un tuit”.
La denuncia de Valdés
Un mes después, horas antes de que se cumplan los 60 días sin la aparición de Loan, el gobernador salió a advertir que denunciará a Vera de La Alameda por sus comentarios «infundados y lesivos» para su gestión.
Durante un acto con motivo por el Día de la Policía, dijo que lo denuncia «para que pruebe sus dichos”. Y se refirió a las medidas que se tomaron frente a la investigación sobre la desaparición de Loan, que está bajo la jurisdicción de la jueza Cristina Pozzer Penzo: “La jueza tiene la responsabilidad de darnos una respuesta respecto al caso. Nosotros vamos a acompañar y estamos siempre a disposición con la policía y el poder judicial para lo que requieran”.
Horas después volvió a salir Vera, esta vez para exhibir una carta de Francisco, emitida el 11 de agosto.
“Querido hermano: Por lo que me decís parece que el ‘caso Loan’ es típico de tantos otros que quedan en el silencio. Ojalá se pueda ‘desmadejar’ (el mismo pontífice aclara que lo dice en el sentido de desenmarañar) todo. Gracias por todo lo que haces.”
Y continúa: “Te acompaño y rezo por vos. Por favor, hacelo por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.
Quien también habló fue el abogado de la familia, Fernando Burlando: «No hay una búsqueda de las características que admite un hecho así; estamos a más de 60 días y se tomó como ejemplificativa parar toda una ciudad para buscarlo».
«Siempre se hizo con malos datos, con personas que se comunicaban con la instrucción y no producto de la investigación. Esto es como investigar un secuestro extorsivo y esperar a que los secuestradores te llamen. Da la sensación de que no quieren investigar, no quieren avanzar o que les duele hablar de los posibles involucrados», apuntó el letrado.
Burlando sostuvo que considerarán todas las hipótesis y que no desecharán ninguna: «Mientras decía que había una banda de trata atrás del tema y pedía que le demos la seriedad que merece, también buscamos rastros en un sinfín de lugares. A nosotros nos duele trabajar así, pero cueste lo que cueste vamos a dar con esta criatura y lo vamos a encontrar».
¿La huella narco?
En los últimos días hubo apuntes en la provincia a la propia familia de Loan, por encontrarles millones de pesos en sus cuentas de billeteras virtuales. Los hermanos del niño salieron a justificar que se trataron de donaciones para la causa, a partir de que en su momento difundieron el alias y el CBU.
José, hermano de Loan, habló de un hecho que ocurrió semanas atrás: cuando encontraron una avioneta con cocaína a la vera de la ruta 12, sin tripulantes. Dijo que le llama la atención que la avioneta aparezca justo en la zona rural, días después de que desapareció su hermano y que desconfía de «algo por atrás».
Este martes las fuerzas informaron haber desarticulado una organización criminal dedicada al envío de estupefacientes desde la provincia de Corrientes hacia Chubut y Salta.
La declaración de la abuela
Habiendo ya transcurrido dos meses, el caso estuvo marcado por los constantes giros, las contradicciones, acusaciones cruzadas y hasta el momento no existen pistas firmes que permitan conocer el paradero del chiquito. La Justicia Federal lleva la causa y se prevé que esta semana continúe la ronda de declaraciones.
Este lunes se conoció la declaración completa de Catalina Peña, la abuela de Loan, quien testificó por primera vez antes la justicia federal. La mujer de 86 años reconoció ante las autoridades que sus campos no le pertenecen, contó que desconfía de su yerno Antonio Benítez (marido de Laudelina), mencionó peleas de sus hijos José (padre de Loan) y Laudelina y apuntó: «Le habrán entregado a otros porque ¿cómo se va a perder? El Benítez, que se fue por delante, ¿para qué se fueron de la casa, qué se fueron a hacer en el monte? Porque si era por naranjas, yo tenía ahí en casa, estaban llenos los árboles”.
Ese jueves, tras el almuerzo, Benítez, Daniel ‘Fierrito’ Ramírez y Mónica Millapi se fueron a juntar frutas al naranjal, a pesar de que en su predio había árboles de ese estilo. Junto a los adultos también fueron Loan y otros cinco niños. Resultó ser la última vez que se lo vio.
También le preguntaron a Catalina si conocía posibles adopciones ilegales de chicos en la zona. Respondió: “No, había antes, en esta época no hay más… Porque la Policía les atajó cuando ya tuvieron el sueldo de madre de siete hijos. Antes las mujeres pobres, que no tenían marido y tenían hijos así nomás, sí vendían«. Y recordó un caso: “Vendía los nietos, le decían Botita Cardozo. Las hijas no tenían marido, entonces vendían”.
Tiempo Argentino