El juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay ordenó la clausura de la investigación y la elevación a juicio oral de una de las maniobras más grandes y con mayor cantidad de pruebas de la historia judicial referido a la sobrefacturación de importaciones, triangulación del dinero y posterior reingreso de los fondos en el circuito financiero.
El caso fue revelado por Ámbito el 16 de marzo de 2023 y contó, además, con la colaboración en el intercambio de información con Estados Unidos, que envió informes reservados relativos a NRG Argentina SA, sus accionistas y empresas relacionadas. En total, se “inflaron” 24 importaciones de maquinaria pesada, destinadas a operar en Vaca Muerta. En realidad, el objetivo era hacerse dólares del BCRA a tipo de cambio oficial para sacarlos al exterior, donde se desviaron unos u$s 92.339.778 que terminaron liquidados mediante instrumentos financieros, aprovechando la brecha.
El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín resultó sorteado para llevar adelante el juicio oral contra los cuatro procesados: Oscar César Darío Güercio, Damián Strier, Pablo Andrés Marull y Karina Cantafio, considerados coautores a los primeros y partícipe necesaria a la última, de los delitos de contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública, con un caso de fraude en tentativa.
El dato sorpresivo fue que dos de los principales imputados elevados a juicio cambiaron ahora de abogados, Güercio y Strier. Removieron a los especialistas en temas aduaneros que actuaron durante la instrucción y presentaron como defensores al estudio Cúneo Libarona, actualmente conducido por los hermanos del actual Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Ese dato fue muy llamativo y alienta polémica porque existen en curso medidas como embargos de dinero en el exterior que requieren la cooperación internacional que se canaliza a través de la cartera de Justicia.
Sobrefacturación de importaciones
Fue un caso icónico en el que se comprobaron todos los extremos de las maniobras que, mediante sobrefacturar bienes importados, obtenían dólares oficiales y además, lograban una ganancia a través de un “rulo” en el sistema financiero. La Aduana, durante la gestión de Guillermo Michel presentó múltiples denuncias penales por al menos u$s 3 mil millones en operatorias irregulares descubiertas a través de Sumarios de Prevención y para este caso recibió apoyo de Homeland Security de los Estados Unidos para corroborar parte de la ruta del dinero.
Esos informes de inteligencia permanecen bajo reserva y apuntaron a datos bancarios que confirmaban que uno de los empresarios era apoderado de la cuenta bancaria estadounidense del otro, lo que significaba un nexo directo. Además, detallaba cómo se habían movido los fondos. Las defensas pretendieron impugnar el informe hasta buscaron tener acceso, pero el magistrado lo denegó en base a la confidencialidad que requería el acuerdo.
El juez federal González Charvay llegó por otras vías de prueba a confirmar la maniobra de contrabando agravado y defraudación al Estado –a partir de hacerse de más de u$s 90 millones provenientes del BCRA- por lo que el 17 de abril de 2023 procesó a los imputados, algo que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de San Martín el 22 de agosto del año pasado. Pese a la oposición de la empresa, el 14 de marzo pasado también ordenó el procesamiento de la persona jurídica de NRG Argentina SA por contrabando agravado y defraudación a la administración pública y la embargó por $ 18 mil millones. En el mejor de los casos que la empresa buscara el subterfugio de una moratoria, no quedaría eximida de la responsabilidad penal que impone el Articulo 174 del Código Penal con el que avanzó González Charvay.
NRG Argentina realizó al menos 24 operaciones entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril del año 2022, con el supuesto objetivo de ingresar equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de “una planta para producir arenas silíceas”, un insumo vital para sostener el proceso de producción en Vaca Muerta que ha ido incrementando su demanda para el fracking. Su proveedora en los Estados Unidos resultó ser una empresa relacionada a los mismos accionistas, Marull Heavy Equipment LLC.
La operatoria quedó expuesta cuando los valores declarados en la aduana estadounidense –exportación- y la aduana argentina –importación- presentaron sustanciales diferencias: los valores declarados en la República Argentina (que ascendieron a un total FOB de u$s 100.451.157,33) resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos (que ascendieron a un total FOB de u$s 17.367.633). Guercio y Marull constituyeron una tercera sociedad denominada “MARDG S.A.S.”- registrada en el año 2019 en la Inspección General de Justicia-. Además, casi la totalidad de las importaciones efectuadas por NRG Argentina tuvieron como proveedor a la empresa Marull Heavy Equipment, la que vendía mercadería únicamente a la firma argentina en el país y había sido creada cuatro meses antes del primer envío. Habían presentado documentación falsa. Intentaron modificar los números declarados en Estados Unidos una vez que la denuncia penal fue revelada por Ámbito, mientras eran beneficiarios del régimen de inversiones mineras previsto en la Ley 24.196.
Defraudación
Hubo múltiples allanamientos ordenados por la justicia tanto en las empresas como en sociedades de bolsa a través de las cuales se efectuaron operaciones de CCL. Pero entre la prueba más significativa para los investigadores, en el allanamiento a la oficina de NRG Argentina se encontró, manuscrito, un dibujo que daba cuenta del circuito ilegal que implicaba la maniobra (ver imagen). El diagrama reflejaba la metodología para realizar un movimiento de divisas que ingresarían al país a través de bonos convertidos a pesos que eran, luego, utilizados para acceder al tipo de cambio oficial y así pagar las importaciones cuestionadas.
Además, la Unidad de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional Argentina indicó que otra nota encontrada en un cuaderno “hace referencia a una operación de comercio exterior donde habría dos personas involucradas: Marull, quien pagaría la operación y NRG a quien se le emitiría un invoice (factura) para el envío, “solo a nivel Aduanas”. La vinculación entre ambas y el control de toda la situación era innegable. Esas facturas existieron. Hasta se descubrió otro manuscrito que tenía una referencia: “factura inventada”. Con todo, en el proceso dirigido por el juzgado de Campana unieron todas las piezas, algunas aportadas por Aduana y otras por la PROCELAC que participó en los inicios de la denuncia que contó con allanamientos resonantes en la city porteña y lazos que interesaron a los Estados Unidos, tanto como para compartir información de sus propios registros.
Es una trama que todavía puede tener más capítulos si se tiene en cuenta que existirían datos para investigar acerca de la participación de fondos rusos y hasta de una ONG radicada en Puerto Rico como parte de una madeja que, quizás, se puede llegar a desentrañar durante el juicio.
Ámbito