En la región, según datos de Unicef, una de cada seis niñas y uno de cada diez niños ha sufrido abuso sexual, y la mayoría de los casos son perpetrados en el entorno familiar (74.2 por ciento) y por hombres (81.1 por ciento). Acorde a una estimación aportada por el Juez Carlos Rozanski, se denuncian 100 de cada 1.000 casos.
El VI Encuentro de la Mesa Nacional contra el abuso sexual a infancias, adolescencias y juventudes (ASIAJ) en la que participaron referentes políticos y sociales como Dora Barrancos, Carlos Rozanski, Vanina Biassi, Mónica Macha, Laura Velasco, María Elena Naddeo y Nina Brugo, estableció que el abuso sexual es un problema de salud pública, por su volumen, gravedad y frecuencia; de salud mental, por los efectos que produce; y de derechos humanos, por las dificultades en el acceso a la justicia.
En Argentina, desde 2018, es obligatorio investigar y denunciar de oficio el delito de abuso sexual infantil, y proteger a las víctimas. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) introdujo un protocolo que orienta la investigación y litigación de casos de violencia sexual con perspectiva de género, instando a recabar pruebas contextuales y evitar prácticas discriminatorias. En 2022 se conformó la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias, que trabaja para erradicar la impunidad del abuso sexual. Su objetivo es impulsar políticas de Estado que aborden el abuso sexual como un problema de derechos humanos y salud pública, combatiendo la violencia institucional y la re-victimización.
En la apertura, la médica ginecóloga y directora Ejecutiva de FUSA AC, Sandra Vázquez, dijo: “en un tema tan sensible como el de la violencia sexual es clave organizar este tipo de encuentros para pensar estrategias intersectoriales, donde todas las áreas que involucran a la problemática trabajen en conjunto para detectar rápidamente los casos de abuso sexual, y para poder dar una respuesta de forma integral, protegiendo los derechos de las víctimas”.
A su vez, Sofía Quiroga, Licenciada en Trabajo Social y responsable de alianzas estratégicas e incidencia para Equality Now en América Latina y el Caribe agregó: “este es un espacio fundamental para juntarnos y repensar cómo le damos batalla a este problema. Es crucial señalar los desafíos que enfrentamos, especialmente en relación con la creciente desigualdad en el acceso a la justicia entre las provincias y la Capital Federal. Hoy hay aquí compañeras de las provincias porque nos parece muy importante incorporar sus voces. Esta jornada representa una oportunidad valiosa para reflexionar sobre todas estas cuestiones y buscar soluciones efectivas”.
“En estos años de trabajo nos hemos encontrado con el cimbronazo de la prevalencia en los ámbitos de la consulta en salud mental”, dijo Cecilia Aguado. “Con mucha sintomatología en niños vinculada directamente con antecedentes de violencia sexual, que a veces son el motivo de la consulta pero que otras veces se va revelando a lo largo del tratamiento”, remarcó.
“Los abusos sexuales se dan mayormente con el padre, padrastro, abuelo, tío, hermanos, y ahí tenemos a estas figuras que niegan la realidad y atacan a quien intenta defender a niños, niñas y adolescentes”, detalló María Beatriz Muller. “En el fondo hay un posicionamiento ideológico y es nada menos que el patriarcado: como si confrontar al abusador fuese destruir ‘la familia’, lo que termina ocasionando la mayor de las torturas que es, frente a la inexistencia de la prueba del delito, la revinculación de ese hombre con el niño”, concluyó Muller.
La ruta crítica del abuso sexual
Otro de los ejes de trabajo fue el camino a recorrer a partir de la revelación del abuso. En esa mesa participaron la docente Victoria Acebedo, integrante de la Campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual, colectivo “Yo Sí Te Creo”, Yama Corin, arterapeuta, madre protectora e integrante de Mundanas Agrupación Feminista, y Celeste Cisneros, Representante del Movimiento de Sobrevivientes de Violencia Sexual “Movimiento Valiente”. Se proyectó un video con el testimonio de la actriz y militante feminista Thelma Fardín en el que expresó: “Cuando pienso en la ruta crítica tengo la sensación de que es una suerte de carrera de obstáculos y de resistencia. Nos critican a quienes fuimos abusados porque tardamos en hablar, pero nunca se cuestiona por qué la justicia tarda tanto tiempo en darnos respuesta. El camino de la justicia es desconcertante, fundamentalmente al inicio, ya que hay muy poca información sobre los modos de acceder. Hay además falta de representación legal para las víctimas. El acusado tiene una defensa por parte del Estado pero en el caso de las víctimas, las fiscalías están desbordadas y los fiscales no pueden terminar de conocer las causas”.
“En mi caso decidí nombrarme como sobreviviente”, dijo Victoria Acebedo, “no como víctima. Y muchas veces cuando nombramos estos abusos la sociedad actúa contra nosotras, quiere negar el tema. Es fundamental nombrarnos como sobrevivientes de abuso sexual para romper esta complicidad y, por supuesto, decir que le creemos a las sobrevivientes. El abuso sucede mayormente en el ámbito familiar y se alimenta del silencio. Por eso la importancia de nombrar y visibilizar para iniciar el camino”.
Daniela Dosso aseguró: “el abuso es un problema de salud pública, por el volúmen, la gravedad y la frecuencia. Es también un problema de salud mental, por los efectos que se producen. Y es también un problema de derechos humanos, por los obstáculos que hay en el acceso a la justicia. Si solo se denuncian 100 de 1000, y solo se condena 1, esa falta de condena refleja la impunidad de este tipo de delitos. En los casos de abuso sexual paterno filial los niños terminan en revinculaciones forzadas con sus abusadores”. Y detalló: “La búsqueda de la verdad no empieza en la justicia, sino en el sistema de salud. Cuando en la consulta no se hacen preguntas y no se nombra el daño, se obstaculiza el acceso a la justicia. Lo que hay es una falta de diagnóstico, registro y certificación del abuso sexual en el sistema de salud. El desafío es construir un modelo de atención basado en la detección, derivación a equipo especializado, con accesibilidad, y un sistema de registro en lenguaje clínico-forense para que lo actuado en salud favorezca el acceso de los pacientes a la justicia”.
Para Stella Maris Manzano, “es muy importante garantizar la atención en salud. Porque es una decisión muy difícil llevar a un niño o niña a una revisión médica. Entonces es nuestra responsabilidad hacerla, registrarla correctamente, poner palabras que pueda comprender el Poder Judicial. Y si tenemos un niño con HPV u otra infección de transmisión sexual hay que indicar ese mismo examen al adulto, porque son indicadores muy concretos de quién es el abusador”, además, expresó: “recomiendo a pediatras y a tocoginecólogas especialmente que hagan la especialización en Medicina Legal. Somos menos de cinco ginecólogas forenses en todo el país. Necesitamos profesionales formadas para certificar los abusos sexuales”.
Agustina Rodríguez relató las acciones que coordina desde la UFEM: “Hicimos una guía para investigar los casos de feminicidios; el año pasado hicimos una específicamente sobre violencia sexual. Desde la UFEM nos especializamos en casos contra mujeres y adolescentes. También estamos trabajando en una guía para toda la región, es decir, cómo tienen que investigarse estos casos”.
Y continuó: “Me parece fundamental subrayar la centralidad de la falta de consentimiento. En los litigios, los fiscales piden a los médicos primero ver si hay lesiones de resistencia. Y si no, comienza a cuestionarse a la víctima: por qué no hizo la denuncia, por qué fue a bailar con el mismo grupo; por qué tomó alcohol, etc. Es decir, lo que hay que cambiar es la forma en que se piensan estos delitos”. Por último, expresó: “Nosotros tratamos de que el tránsito durante el proceso penal sea también una vía reparatoria, que la persona pueda animarse a contar y le crean”.
La cobertura mediática de delitos de violencia sexual con perspectiva de género fue otro de los ejes de trabajo. La periodista Celina de la Rosa, sostuvo: “es importante reflexionar sobre las palabras que usamos porque el lenguaje se va construyendo. En el caso de José Alperovich la denunciante no quiso poner su nombre, tampoco fue ‘la víctima’. Hoy, hay una persecución antiderechos que va construyendo un enemigo en las madres que defienden a las infancias, no solo en los abusos sexuales sino también en la cuota alimentaria”.
La periodista Milagros Mariona, agregó: “¿para qué contamos estas historias? Yo creo que es para ayudar en la restitución de los derechos de las y los sobrevivientes; para construir sentido de justicia que el Poder Judicial nos debe, y también para prevenir, para trabajar en la prevención”.
“Si bien desde las organizaciones de la sociedad civil celebramos cuando los gobiernos implementan políticas públicas a favor de los derechos sociales y reproductivos, a la vez que nos preocupa su desmantelamiento, la realidad es que la cantidad de abusos y la falta de condenas es una problemática histórica que perdura a pesar de los gobiernos de turno. Por nuestra parte nos seguimos organizando, como lo hicimos siempre, para crear redes y combatir tanto la violencia sexual como otras problemáticas que vulneran los derechos de las personas”, concluyó Sandra Vázquez, directora ejecutiva de FUSA AC.
Página/12