El sistema universitario nacional se encamina a una nueva parálisis total. La medida de fuerza se llevará a cabo del 13 al 18 de abril. Exigen una recomposición salarial del 51% y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Conadu Histórica (CONADUH) convocó a la cuarta semana de paro nacional del 13 al 18 de abril, que afectará a todas las casas de altos estudios del país. La medida busca denunciar lo que los trabajadores consideran una “asfixia” presupuestaria deliberada por parte del Gobierno nacional, que ya acumula más de 172 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para Antonio Rosselló -economista, docente de la UBA y miembro de las mesas ejecutivas de AGD UBA y la Conadu-, la situación actual superó el plano de la discusión paritaria para convertirse en una disputa legal de fondo.
“Es un gobierno que está fuera de la ley y por eso hemos escalado este conflicto”, argumentó en diálogo con El Destape. Según el investigador, el Poder Ejecutivo ignora tanto lo votado por el Congreso como los fallos de la Justicia Federal que ordenan la aplicación inmediata de la ley de financiamiento.
Rosselló dio cuenta de una brecha insalvable entre los ingresos docentes y el costo de vida. El economista detalló que hoy un docente con 10 años de antigüedad y cientos de estudiantes a cargo percibe apenas $250.000, una cifra que lo sitúa muy por debajo de la canasta básica. Incluso en los casos de máxima dedicación (50 horas semanales), los salarios llegan a $1.250.000, mientras que la línea de pobreza para este mes se proyecta por encima de los $1.400.000.
El impacto en el futuro: deserción y renuncias
La crisis que describe el referente de Conadu está provocando una desarticulación del sistema científico y educativo sin precedentes. “Estamos destruyendo la educación, estamos destruyendo el ascenso social individual y la realización colectiva, porque se destruye la ciencia, se destruye la tecnología, se destruye el conocimiento”, advirtió Roselló en declaraciones a este medio.
Las consecuencias tangibles de este proceso ya se observan en las estadísticas:
- Éxodo profesional: más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en todo el país.
- Carreras estratégicas: en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, más de la mitad de los docentes renunciaron o pidieron licencia.
- Deserción estudiantil: con becas congeladas en $35.000 y el 46% de los alumnos provenientes de hogares pobres, la universidad está perdiendo a decenas de miles de estudiantes que ya no pueden costear su formación.
Uno de los principales motores del conflicto es la estrepitosa caída de los ingresos. Según informes gremiales, los docentes universitarios acumulan 16 meses consecutivos de pérdida salarial, lo que los sitúa en los niveles más bajos de las últimas décadas.
Desde la asunción de la actual gestión en noviembre de 2023, el salario real cayó entre un 33% y un 36%.
Para ilustrar la gravedad de la crisis, desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) señalaron que un docente ingresante hoy no percibe lo suficiente “ni siquiera para viajar a dar clases y tomarse un café”. Esta situación forzó a muchos profesionales a recurrir al pluriempleo o a trabajar en aplicaciones de transporte y pedidos para cubrir sus necesidades básicas.
El deterioro del salario de los docentes del sector universitario viene de larga data, pero durante el gobierno libertario se aceleró de manera dramática. Por este motivo, desde la asunción de Javier Milei, los docentes universitarios realizaron más de una decena de paros nacionales —solo en 2025 fueron al menos 11— y el conflicto continúa ante la falta de respuestas por parte del Gobierno.
El reclamo: 51% de aumento y respeto a la ley
La exigencia gremial es clara: una recomposición salarial del 51% (o un 48,7% según el último cálculo de inflación acumulada) para recuperar el poder de compra perdido desde diciembre de 2023. Asimismo, los sindicatos denuncian que el Ejecutivo incurrió en una “situación de completa ilegalidad” al acumular más de 172 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta norma fue ratificada por el Congreso tras un veto presidencial y obliga al Estado a actualizar los salarios y gastos de funcionamiento según la inflación. Además, la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió recientemente un fallo que ordena la aplicación inmediata de esta normativa, el cual fue ignorado por el Gobierno hasta la fecha.
Respuestas insuficientes y amenaza de nuevas protestas
Frente al reclamo, el gobierno libertario dictó un aumento unilateral del 6,7% fraccionado (2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo), cifras que se encuentran sistemáticamente por debajo del IPC mensual. La propuesta oficial en el Congreso busca modificar la ley vigente para ofrecer un incremento del 12% hasta septiembre. Los docentes rechazaron esta propuesta y denunciaron que el Gobierno intenta “embaucarlos” con ese aumento.
El plan de lucha desplegado por los docentes no terminará con el paro de la semana próxima. Durante las jornadas de protesta en Plaza de Mayo, las autoridades gremiales instaron a poner fecha para una nueva marcha nacional universitaria a principios de mayo, con el fin de masificar el reclamo en todo el país.
El Destape