Los docentes y no docentes universitarios iniciarán desde este lunes una nueva tanda de reclamos para exigir que el Gobierno cumpla con la norma que fue aprobada y ratificada por el Congreso. Tras una semana de paros, apuntan a nuevas protestas y clases públicas.
La comunidad universitaria continúa con sus reclamos para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento que fue aprobada y ratificada por el Congreso. Tras una semana de paros y protestas públicas, junio iniciará con nuevas medidas de fuerza, que se profundizarán por al menos dos semanas, a la espera de novedades judiciales.
Además del pedido para que se cumpla la norma, los docentes y no docentes universitarios siguen reclamando por una recomposición salarial y un llamado a paritarias. En este marco, la Conadu y la Conadu Histórica convocaron a un paro nacional entre el 26 y el 30 de mayo.
Los sindicatos denuncian que la pérdida salarial supera un tercio del poder adquisitivo, y que el 70% de la docencia se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Luego de la masiva marcha federal en defensa de la educación pública, que se desarrolló en todo el país el pasado 12 de mayo, el Ejecutivo presentó una nueva ley educativa para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. El proyecto fue firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A diferencia de la legislación vigente, que las autoridades siguen sin aplicar, el texto incorpora de manera explícita de dónde saldrían los recursos para afrontar los gastos. Sin embargo, el principal objetivo del Gobierno es lograr que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retire la cautelar que debe resolver pronto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras la comunidad universitaria y el Gobierno esperan una resolución de la Corte suprema, organizaciones, docentes, académicos e integrantes del ámbito científico y educativo, presentaron una carta abierta dirigida al máximo tribuna que tuvo más de 3.200 firmas. Allí, le exigieron que se expida de manera urgente en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“La demora en resolver esta situación profundiza el deterioro del derecho a la educación y afecta el funcionamiento de las instituciones universitarias, las condiciones laborales de docentes y no docentes, y el acceso efectivo de estudiantes a una educación pública de calidad en todo el país”, expresaron.
“La Corte Suprema tiene la oportunidad de reafirmar algo tan básico como fuertemente necesario en este contexto: que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, concluyeron.
Lejos de agotar los reclamos, las federaciones universitarias comunicaron que el próximo lunes 1 de junio se pondrá en marcha una campaña nacional de visibilización del conflicto que se extenderá por dos semanas consecutivas.
El plan de lucha incluye clases públicas, reclamos en los campus y abrazos simbólicos para visibilizar las complicaciones presupuestarias de las casas de altos estudios e impedir que las paritarias queden congeladas de cara al inicio del segundo cuatrimestre.
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