El secretario administrativo de la UNCAUS, Lucas Stegagnini, analizó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Señaló que la reapertura de paritarias representa un avance político tras más de dos años sin negociaciones salariales, aunque advirtió que la recomposición es parcial y que persisten los reclamos por la ley de financiamiento universitario y la demora en el envío de fondos para funcionamiento.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las universidades públicas abrió una nueva etapa de negociación salarial, aunque desde el sector universitario advierten que el conflicto de fondo continúa. Así lo expresó Lucas Stegagnini, secretario administrativo de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), quien sostuvo que la reapertura de paritarias constituye un avance político luego de más de dos años sin instancias formales de negociación, pero remarcó que la recomposición salarial y presupuestaria no resuelve el reclamo estructural por financiamiento.
En diálogo con CIUDAD TV, Stegagnini planteó que el análisis del acuerdo debe hacerse desde dos dimensiones: la política y la económica. “Por el lado político positivo es la apertura paritaria”, sostuvo, al recordar que “los trabajadores universitarios y las universidades no tienen paritarias desde hace más de dos años” y que los incrementos salariales previos “siempre fueron por decreto del Ejecutivo y por debajo de la inflación”.
En ese sentido, consideró que la convocatoria a negociar representa “un triunfo para los trabajadores de las universidades y para las universidades”, aunque aclaró que el objetivo principal sigue siendo la sanción y aplicación de una ley de financiamiento universitario. “Lo único que nos interesó siempre fue la aplicación de la ley de financiamiento universitario”, afirmó.
El dirigente universitario explicó que el acuerdo contempla una recomposición salarial del 21,33% para junio —que impactará en julio— y un 3% adicional previsto para octubre, a percibirse en noviembre. Según indicó, esto implica el reconocimiento del “50% del aumento que se estaba pidiendo”.
Sin embargo, señaló que desde el punto de vista económico el escenario sigue siendo insuficiente. “De lo que se solicitaba, 50% fue lo que le dieron a los trabajadores”, afirmó, al tiempo que cuestionó el alcance del aumento destinado a gastos de funcionamiento universitario.
Stegagnini explicó que el Gobierno nacional otorgó un incremento del 20% para cubrir gastos corrientes de las universidades, como servicios de luz, internet y mantenimiento, aunque advirtió que el monto perdería rápidamente capacidad de financiamiento frente a la inflación. “Para agosto la inflación va a estar cerca de un 20%. El aumento que nos dio el Gobierno para gasto de funcionamiento es un 20%. Por ende, volvemos a cero en agosto con respecto al gasto de funcionamiento”, sostuvo.
Asimismo, rechazó interpretaciones que indiquen que el Ejecutivo ya comenzó a aplicar la ley de financiamiento universitario. Según explicó, la recomposición acordada no contempla el desfasaje acumulado desde 2023, uno de los ejes centrales del reclamo universitario. “En la aplicación que hizo de recomposición, el Gobierno no tomó el 2023”, afirmó.
El secretario administrativo de la UNCAUS también se refirió al reclamo judicial que las universidades mantienen ante la Corte Suprema. Indicó que, durante las negociaciones iniciales con el Ejecutivo, una de las condiciones planteadas era desistir de esa presentación, algo que finalmente fue rechazado por sindicatos y federaciones universitarias.
En esa línea, remarcó que no todas las federaciones nacionales acompañaron el acuerdo alcanzado y definió la resolución como una salida “parcial”, que no elimina la posibilidad de nuevas medidas de reclamo. “No termina de ser muy clara la solución total y tampoco elimina dudas de que alguna cuestión de conflicto o lucha se disuelva”, señaló.
Stegagnini insistió en que la ley de financiamiento universitario permitiría dotar de previsibilidad al sistema, tanto en términos presupuestarios como académicos. “Lo que tiene justamente la ley de financiamiento universitario es dar previsibilidad, como cualquier familia necesita en su hogar para saber hacia dónde puede dirigir sus gastos”, expresó.
Además, sostuvo que la falta de recursos afecta actividades centrales de las universidades públicas, como extensión, investigación, cultura y deportes. “Hoy todo eso está limitado”, indicó.
Por último, alertó sobre la demora en la transferencia de fondos nacionales para cubrir los gastos correspondientes a mayo. “Hoy, 11 de junio, los fondos que hacen al gasto de funcionamiento de las universidades no han sido efectuados a ninguna universidad nacional”, afirmó, y remarcó que las instituciones continúan afrontando dificultades operativas mientras se desarrollan las negociaciones.