“No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado”. Así se titula una declaración de los senadores de Unión por la Patria, publicada en Twitter (X). El comunicado, firmado por los integrantes de este espacio, es una advertencia al presidente Javier Milei, quien según su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la falta de acuerdo en el Senado para que sus candidatos, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, sean jueces de la Corte Suprema de Justicia podría nombrarlos a ambos por decreto en comisión.
La declaración de los senadores del peronismo es una obviedad, porque aunque un presidente de la Nación efectivamente sí puede designar jueces de la Corte en comisión, estos pueden asumir en dichos cargos solamente durante un año: para ser nombrados y mantenerse como vocales del máximo tribunal de Justicia del país de manera permanente (hasta los 75 años, cuando deben jubilarse) es un requisito necesario el acuerdo de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública de la Cámara.
La advertencia de los senadores del peronismo, expresada este miércoles en las redes sociales, además, llega días después de que la senadora Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ que conduce desde este mes Cristina Fernández de Kirchner, apoyara con su firma la designación de Lijo. Es decir que el peronismo advierte que no quiere nombramientos por decreto aunque al menos a Lijo ya está apoyándolo estampando sus firmas al dictamen de la comisión de Acuerdos (por ahora, no pasa lo mismo con el otro postulante de Milei, García-Mansilla: en este caso, el respaldo del peronismo está aún en veremos).
Después de meses de hermetismo, estos movimientos podrían confirmar que Cristina Fernández Kirchner avalará el pliego del juez Lijo para integrar la Corte. El más significativo fue el sinceramiento de Corpacci, senadora catamarqueña muy cercana a la expresidenta de la Nación. El argumento de la exgobernadora es que lo apoyará porque “los que pueden venir son peores”.
El comunicado y el antecedente de 2016, que marca una contradicción
“Las senadoras y los senadores abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que reza: ‘Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura’”, dice el comunicado de los senadores del peronismo.
La declaración está firmada nada menos que por el jefe del interbloque Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, quien sin embargo en 2016 votó a favor de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Aquel año ambos eran candidatos a la Corte Suprema de Justicia del entonces presidente Mauricio Macri (PRO), quien inicialmente los había designado en comisión, por decreto. Ni Rosenkrantz ni Rosatti se expresaron en contra de esa forma cuestionada de haber sido designados. Después obtuvieron el acuerdo de los dos tercios del Senado, con el apoyo de los senadores del PJ, como Mayans, quien ahora también podría votar a favor de Lijo por orden del caudillo al que responde, el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán.
El senador Francisco Paoltroni, también de Formosa, echado de La Libertad Avanza por rebelde, fue el primero en oponerse a la postulación de Lijo contra la voluntad de Milei: recordó que Lijo, juez de Comodoro Py —es decir integrante de la Justicia Federal— fue quien remitió a la Justicia formoseña la causa sobre la consultora The Old Fund, contratada por el gobierno de Insfrán y que pertenecía a Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou. De esta manera, Lijo salvó a Insfrán de la causa Ciccone, por la cual el ex vicepresidente de CFK terminó preso.
De acuerdo con el comunicado de los senadores peronistas, “como se desprende claramente de la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina, el término ‘empleos’ hace referencia al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación. El mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización esta dispuesta en la Sección Tercera del texto conspitucional, es único y está previsto en el inc. 4 del art. 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, Inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inc. 9 del mismo artículo”, dice el comunicado.
Es por eso, dicen los senadores del peronismo, que la designación “en comisión” de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema repúblicano, democrático y federal de nuestro pais. “Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye la declaración.
Mientras el peronismo se rasga las vestiduras denunciando la inconstitucionalidad de los nombramientos “en comisión”, algunos de sus senadores ya usaron su lapicera para avalar a Lijo. A su vez, Milei, que llegó al poder prometiendo romper con las viejas prácticas de la “casta”, parece estar tomando nota del manual kirchnerista: avanzar por decreto cuando los números en el Congreso no cierran.
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