A través de un documento, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reclamó “medidas urgentes” para contrarrestar la falta de cobertura de cupos en las residencias y condiciones laborales que desalientan a los profesionales a optar por la especialidad, a la vez que se puso a disposición de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales para debatirlo.
A la “alarmante disminución” de postulantes a las residencias de terapia que “cada año se agrava”, la entidad sumó “la sobrecarga asistencial” que recae en los profesionales más jóvenes que los está obligando a “relegar su formación al reemplazar en sus tareas las funciones de los médicos formados”.
Con esto, también señalaron la “precarización del rol del médico residente”, con ingresos demasiado bajos para las exigencias de los cuidados intensivos, junto con una “cobertura previsional insuficiente o ausente, guardias extenuantes y contextos formativos sin supervisión adecuada”. Esto, de acuerdo con las autoridades de la sociedad, crece a medida que aumenta la distancia de los grandes centros urbanos.
Preocupación
“Expresamos una profunda preocupación por la crisis del sector de la salud que está fuera de agenda política desde hace años”, dijo Cristina Orlandi, presidenta de la SATI, en diálogo con La Nación sobre el comunicado difundido esta tarde.
Recordó que este planteo no es nuevo, sino que lleva casi cinco años. “Desde la SATI venimos hablando de este problema desde la pandemia, pidiendo y ofreciendo soluciones desde nuestra visión de la realidad: la falta de profesionales egresados que se interesen en formarse en cuidados críticos por la realidad laboral adversa del intensivista – sumó desde General Roca, Río Negro -. Esto es aún más grave en el interior del país y, todo esto, afecta la calidad de atención de la población más vulnerable, que son los pacientes críticos donde la oportunidad y la calidad de la atención definen la posibilidad de sobrevivir.”
Vacantes
Fernando Ríos, vicepresidente de la SATI, refirió que en los tres últimos años casi no se cubrieron los cargos ofrecidos para las residencias en terapia intensiva pediátrica en hospitales y centros del país. En la especialidad para adultos, solo se cubrió el 60% de los cupos disponibles. “Y la tendencia es hacia abajo. La mayoría de los cargos se están cubriendo con médicos extranjeros”, agregó.
Esta vacancia la atribuyó, como señalaron en el comunicado, no solo a las condiciones en que se están formando los residentes, “que en muchos casos son hostiles”, sino a que la remuneración a fin de mes no se adecua al esfuerzo y las características del trabajo en una terapia.
“En el mundo, es una especialidad en crisis porque está asociada con una calidad de vida negativa -continuó Ríos en diálogo con este medio-. En nuestro contexto, esa crisis es muy grave. Aun si resolviéramos lo económico, habrá un déficit de intensivistas si no se toman medidas también que apunten al alto nivel de estrés y la sobrecarga de trabajo. El bajo ingreso y las condiciones laborales son un agravante, pero el problema grave es el sistema de salud particionado: impide que haya un único reclamo al respecto porque las necesidades y los problemas difieren entre el sistema público y privado, entre los hospitales de la Nación, las provincias y los municipios y dentro de las provincias.”
De hecho, el especialista señaló que ya hay provincias con un déficit “muy grave” de intensivistas y se termina recargando con más trabajo a los pocos que hay. “Kilómetros adentro en las provincias, la situación cambia notablemente”, dijo.
Seis medidas
Una de las seis medidas que, para la SATI, son “urgentes” en ese contexto es justamente que los ministerios de Salud dispongan de una mejor distribución geográfica del recurso humano especializado (médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos) con “incentivos para la radicación de profesionales en zonas con una vacante crítica de cargos”.
Las otras cinco medidas delineadas a partir de información de los miembros de la entidad coinciden en parte con las que también reclamó ayer la Sociedad Argentina de Pediatría. Una se refiere a volver a jerarquizar las residencias, en este caso, en cuidados críticos con “condiciones laborales dignas, formadores capacitados y supervisión efectiva” durante las guardias y el trabajo en las unidades.
Otra apunta a asegurar un “reconocimiento económico, institucional y social del rol del intensivista” mediante la implementación de “políticas salariales acordes a la responsabilidad y exigencia del área crítica”.
La incorporación de los cuidados críticos en la currícula universitaria “desde etapas tempranas de la carrera” es otra de las medidas que reclama la SATI, más allá de habilitar una vía de diálogo con los residentes y los profesionales jóvenes al respecto. Por último, vuelven sobre un reclamo que la entidad sostiene desde hace años: implementar sistemas de acreditación y de monitoreo continuo de las residencias de terapia intensiva.
“La SATI cuenta con 2400 socios, de los que 1500 son médicos y, el resto, son enfermeros, nutricionistas y kinesiólogos, con unos 300 residentes, aunque probablemente haya más. En muchos lugares del país, hay médicos que trabajan en cuidados intensivos, pero no son intensivistas. No hay una política de control al respecto”, mencionó Ríos, que es jefe de Docencia e Investigación y coordinador de comités del Hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía.
La SATI gestiona un sistema de acreditación de las unidades docentes en los servicios de Terapia Intensiva de las instituciones que es voluntaria. No así de los profesionales, o las Unidades de Terapia Intensivas, como otras sociedades o asociaciones profesionales.
“No ha existido en todos estos años una política de estado que incluya una discusión seria sobre cómo debe ser el sistema de salud o el sistema de residencias en la Argentina”, finalizó Ríos.
La Nación