La viralización de un audio en el que el número dos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) menciona un “apriete” a empresarios rurales a cambio “de un 4% que va a una caja negra”, una auditoría estatal demoledora con la millonaria deuda de la obra social y un jefe acusado en la Justicia de presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Éste es el epítome de un poderoso sindicato en crisis, atravesado por internas y negocios, y en el que el Gobierno mantiene un particular interés.
“José había hecho un arreglo con este empresario Giani y había apretado al jefe de los empresarios de semilleros. Le habían sacado un 4% que iba a ir a una caja negra. Es un montón de guita. Eso se descuenta de los patrones, no de los empleados”, se lo escucha en el audio a Pedro Peger, el secretario adjunto de José Voytenco en la Uatre. Peger se estaría refiriendo a José, por Voytenco, y a Giani, por Jorge Giani, un empresario del seguro con el que el gremio tiene un acuerdo de $400 millones mensuales por el servicio de seguro de sepelio. Peger no respondió los mensajes de LA NACION mientras que desde el entorno de Voytenco relativizaron el audio y dijeron que sería falso.
El audio fue incluido en la causa judicial que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. Ese expediente se activó el año pasado con una denuncia del dirigente sindical Marcelo Agustín Andrada, opositor a Voytenco y miembro de la delegación La Plata de la Uatre. Sin embargo, el futuro de la causa es todavía incierto. La Cámara Federal de La Plata ordenó el 29 de noviembre que la denuncia contra Voytenco se investigue en los tribunales de Comodoro Py. No hubo avances desde entonces.
El 4% al que se hace mención en el supuesto audio surgiría de una negociación que hubo entre Voytenco y Giani con empresarios de la Asociación de Semilleros de la Argentina el año pasado, cuando se acordó un aporte extraordinario de 2,5% para capacitación y un 1,5% para un seguro de retiro. El trato no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, por lo que no está oficialmente vigente.
Giani es el titular de El Surco, la empresa con la que Uatre selló un contrato millonario. El año pasado circuló un video de Giani y una secretaria de Voytenco que intentan romper la cámara de seguridad del ascensor casi exclusivo que lleva al despacho del secretario general de la Uatre, en el cuarto piso de Reconquista 630. Cerca de Giani explicaron a LA NACION que fue una de “otras cámaras ocultas” detectadas y denunciaron espionaje ilegal. “A Lule le dijo que no, que se olvide”, se escucha parte de la conversación entre Giani y la asesora de Voytenco. Lule sería Eduardo Menem.
La pelea por el control de la Uatre y su obra social se dirime en la Justicia, pero también en los despachos oficiales. El Gobierno designó en noviembre pasado a nuevo interventor por decreto en Osprera, la prestadora médica de los peones rurales. Se trata de Marcelo Carlos Petroni, que estará en principio al frente de la institución hasta mayo de este año por disposición del Poder Ejecutivo. Petroni respondería a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, según deslizaron fuentes cercanas a Voytenco.
Petroni circuló ayer un informe con los resultados de una auditoría interna que activó en Osprera. Precisó que la deuda total es de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”. La deuda sería un 94% superior a lo que se había informado previamente, según el informe del funcionario que ubicó en la prestadora la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación.
Voytenco, a través de un comunicado, dijo que las acusaciones “son falsas” y amenazó con ir a la Justicia. “La Comisión Directiva designada por la Uatre implementó en los casi 60 días que pudo accionar administrando la Osprera, durante septiembre y casi todo octubre, transparentes e importantes mejoras, hasta que en una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenirla. Es fundamental señalar que desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos a la Osprera, todos con sueldos millonarios”, contraatacó Voytenco.
De crisis en crisis, Osprera recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concpeto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Javier Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Hubo por entonces también un pedido judicial de intervenir la obra social, pero así y todo Voytenco mantuvo el control, con un salario de $14.005.643 mensuales, según precisaron fuentes del gremio a LA NACION. Después de varios meses, la SSS del gobierno libertario dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit pasó de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Ahora, ese défict habría trepado a casi $100.000 millones, según Petroni, el nuevo interventor.
En la auditoría se detectaron obligaciones impagas con prestadores médicos, farmacias y proveeedores de servicios esenciales; desvío de fondos y falta de documentación en procesos clave; irregularidades en la contratación de proveedores y en las prestaciones, con sobrefacturación, y estructuras sobredimensionadas con fines políticos. En la Secretaría de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, siguen con preocupación la crisis interna de la Uatre y de su obra social, y no se descartaría ampliar la intervención al sindicato, según comentaron fuentes al tanto de la interna. Voytenco, un chaqueño de bajo perfil vinculado al PJ, ya habría buscado apoyo en la CGT si es que el Gobierno se decide por avanzar en la Uatre.
Voytenco adeministra una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo y después al kirchnerismo. La Uatre administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó hace unos años a tener $1300 millones de superávit, según fuentes gremiales. Las cifras surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en el primer semestre de 2024 recaudó $74.796 millones. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados de manera irregular, según denunciaron desde el gremio.
A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Pablo Ansaloni, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza, por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. Ansaloni, que manejaba Osprera y que también enfrenta un proceso judicial por el supuesto desvío de fondos, pretende regresar al gremio con el aval del gobierno libertario.
La Nación