En un nuevo revés para el republicano, la jueza federal Indira Talwanin sostuvo que la orden no puede utilizarse “para intimidar a funcionarios electorales locales”.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplicar en 23 estados una orden ejecutiva que busca imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre, cuando los republicanos defenderán estrechos márgenes de control en ambas cámaras del Congreso. Trump firmó la orden tras años de cuestionar el voto por correo y sostener, sin pruebas, que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 fue el resultado de un fraude generalizado.
“Intimida a funcionarios electorales”
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó, en un fallo emitido el sábado a la noche, la suspensión temporal dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani, quien concluyó que varias disposiciones de la medida probablemente vulneran la Constitución. El Departamento de Justicia había solicitado suspender esa decisión mientras continúa el proceso de apelación, al argumentar que la demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia era prematura porque las agencias federales aún no habían terminado de desarrollar las medidas necesarias para implementar la orden.
El tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que los estados ya debían prepararse para las elecciones. “Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora”, escribieron los jueces Gustavo Gelpí y Julie Rikelman en una opinión conjunta recogida por Bloomberg. “En total, entre los plazos comprimidos y los cambios anticipados en los procesos electorales de los estados, el expediente del juicio sumario indica que la orden de Trump ya ha ‘producido una tensión increíble’ sobre los funcionarios electorales estatales y sus equipos”, agregaron Gelpí y Rikelman, jueces designados por el expresidente Joe Biden.
El juez Joshua Dunlap, designado durante el segundo mandato de Trump, disintió parcialmente y escribió que habría permitido que una sección de la orden impugnada ordenara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) preparar una lista de votantes ciudadanos estadounidenses potencialmente elegibles como guía para que los estados que organizan elecciones siguieran adelante.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruye al DHS a elaborar listas de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto a partir de registros federales de ciudadanía y ordena al Departamento de Justicia dar prioridad a las investigaciones contra funcionarios electorales estatales y locales que envíen boletas a personas consideradas no elegibles para votar.
Talwani determinó que el presidente carece de autoridad para ordenar al DHS elaborar esos registros para los estados y que el Servicio Postal (USPS) tampoco cuenta con autorización legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo. La jueza sostuvo además que la orden no puede utilizarse “para intimidar a funcionarios electorales locales” y obligarlos a utilizar como referencia registros federales de ciudadanía que no incluyen a todos los votantes con derecho a sufragar, bajo la amenaza de procesos penales.
Una denuncia floja de papeles
El Departamento de Justicia advirtió que, si no obtiene un fallo favorable en la apelación, podría solicitar la intervención de la Corte Suprema. Si bien la orden judicial no se aplica a nivel nacional, se considera un impedimento significativo para la capacidad de la administración de implementar la orden ejecutiva de Trump, que lleva años denunciando sin pruebas que el voto por correo beneficia de manera ilegal a sus rivales demócratas, para la votación de noviembre.
Aunque Trump promocionó los cambios propuestos como salvaguardas para impedir que voten personas que no son ciudadanas, los demócratas, las organizaciones de derechos electorales y otros denunciaron el plan como una medida ilegal para interferir con la gestión estatal de las elecciones al Congreso y sembrar el caos y la confusión de antemano en beneficio de los republicanos. Los funcionarios demócratas involucrados en este caso exigieron al Circuito Judicial de DC que intervenga y bloquee las directivas de Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Página/12