Tras una presentación de ATE, la Justicia Federal suspendió por seis meses la resolución que impulsaba el cese progresivo de servicios y certificaciones del INTI y ordenó garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y las funciones del organismo.
Un nuevo revés judicial para el Gobierno puso un freno en la estrategia de achique del Poder Ejecutivo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que ordenó frenar la aplicación de la Resolución 213/2025 del Consejo Directivo de la entidad. La medida objetada contemplaba el cese progresivo de los servicios regulados y certificaciones a cargo del organismo en todo el territorio nacional, así como la desarticulación de áreas clave de control.
El fallo fue dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, al frente del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín. En su resolución, el magistrado dispuso suspender por un plazo de seis meses la totalidad de los efectos de la norma y paralizar de inmediato el plan de transición previsto en su artículo 5º.
Dicho esquema establecía un cronograma de cese de actividades escalonado que abarcaba el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir del 31 de enero de 2026, extendiéndose a las provincias durante el primer semestre de ese mismo año. Asimismo, la orden judicial prohíbe explícitamente cualquier traslado, reubicación, préstamo o disposición del equipamiento técnico sensible del INTI, entre los que se encuentran patrones nacionales de medida, etilómetros, cinemómetros y balanzas patrón.
En materia laboral y de servicios públicos, la cautelar impone al organismo la obligación de garantizar la ocupación efectiva y la continuidad de todos los agentes pertenecientes a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación. La decisión judicial exige el mantenimiento pleno de las funciones, categorías, salarios y condiciones de trabajo vigentes al 28 de diciembre de 2025.
De esta manera, se asegura la prestación estatal de tareas críticas dedicadas a la verificación de balanzas comerciales, surtidores de combustible, alcoholímetros, fotomultas y controles de seguridad e higiene en vacunas y medicamentos.
Fundamentos jurídicos y respuesta sindical
Tras conocerse la resolución, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ponderó el alcance del dictamen y manifestó: “Una vez más le ganamos a la motosierra. Este fallo no es sólo en favor de ATE y los trabajadores del INTI, sino también de decenas de miles de PyMEs y del funcionamiento de una buena parte de la sociedad, ya que los servicios que brinda este organismo resultan de una importancia trascendental”.
En esa línea, el dirigente sindical enfatizó la trascendencia de la intervención judicial frente a las políticas oficiales: “Ahora queda claro que no pueden cerrar ni pueden echar a nadie. Es la Justicia la que dice que Milei actúa de manera ilegal y que nosotros tenemos estabilidad”.
Aguiar sostuvo además que la obligación de mantener “la estructura, el presupuesto y la atención es un enorme triunfo luego de tener un presidente que manifiesta estar empeñado en destruir el Estado”. El referente gremial concluyó que “los que resignaban y decían ‘nos van a echar a todos’ no tenían razón. Está demostrado que si luchamos colectivamente, frenamos el desguace y desmantelamiento que pretenden llevar adelante en el Sector Público”, añadiendo que “no tenemos que dar ni un paso atrás. Esto nos muestra que la única manera es confrontar”.
El Destape