“Hay 10 mil dólares ya”, dice el religioso acusado oriundo del Chaco. Las conversaciones también involucran al obispo de Jujujuy César Daniel Fernández como intermediario.
El sacerdote Luis Atilio Bruno imputado por delitos de abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado ofreció 10 mil dólares a la denunciante para tratar de evitar que la causa penal en su contra prosperara. Lo hizo en febrero último, antes de que fuera detenido, el 11 de abril de 2025, y para avanzar en ese intento de soborno involucró al Poder Judicial y a la Diócesis de Jujuy.
El pasado 18 de septiembre el programa Telenueve Denuncia (Canal 9), que conduce el periodista Tomás Méndez, reveló que el cura acusado, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, intentaron sobornar a la denunciante en febrero último.
En el informe se da a conocer el detalle de las conversaciones entre el cura, la jueza y el obispo encontrados en el celular de Bruno, secuestrado en el allanamiento de su casa en la localidad de Lozano, donde hoy cumple prisión domiciliaria.
En los chats, que son parte de la investigación judicial, se puede seguir la conversación entre la jueza Lamas y Bruno. La jueza le dice: “Un caballero, cuando le dije que su causa la resolvía conforme a su planteo, se puso contento y me dijo que el tema estaba en vía de solución. Que había que pagar y con ello la mujer se iba a quedar tranquila”.
Bruno le cuenta luego a la jueza que “el obispo mandó un mail preguntándole por el abogado la semana pasada, y hasta ahora no hay repuesta”.
La jueza Lamas responde: “No va a ser fácil para cualquier abogado representar a una loca así, con el obispo de por medio. Y el abogado que intervenga en su caso, Jorge se lo va a comer vivo”.
También hay una conversación en la que Bruno y el obispo hablan de buscar a un abogado para que intervenga en la causa.
En otro intercambio Bruno le dice a la jueza que el abogado de la denunciante es Andrés Puig, hijo del juez Mario Ramón Puig. La jueza responde: “sí, lo conozco al padre, muy de confianza”.
“Hay 10 mil dólares ya”, le dice Bruno, a lo que la jueza propone: “¿Me autorizás a hablar con Ramón Puig que es el padre del abogado? No sé si volvió de vacaciones. El hijo no se va a prestar a la extorsión. Y Mario es una garantía para cerrar el caso”.
Las conversaciones siguen. “Estoy esperando que me contesten… el mismo Mario que fue mi compañero y me debe muchos favores. (La denunciante) No pudo elegir mejor abogado para tu seguridad y tranquilidad”, dice la jueza.
“Tiene que aceptar 10 mil dólares en mano, no transferencia”, refuerza el cura. En el medio surge una diferencia llamativa sobre el monto del soborno: ”eran 6 mil dólares según monseñor, ahora 10 mil dólares, ¿que pasó en el medio?”, pregunta Lamas.
Los chats muestran al religioso Bruno no exento de crueldad. Le dice a la jueza: “gracias a vos, la próxima semana monseñor se encuentra con la stronza (bruja, en italiano)”. La magistrada responde: “monseñor va saber qué decir” en referencia a cómo convencería a la denunciante para que aceptara la propuesta.
En la continuidad de los mensajes el cura acusado le dice a Lamas que tenía miedo que le sacaran la casa, a lo que la jueza le sugiere que la propiedad pase como bien patrimonial y le aconseja acelerar ese trámite.
Las dos caras de la Diócesis
La publicidad de estos mensajes sacude al Poder Judicial de Jujuy y a la Diócesis jujeña, que en abril último, tras la detención del cura Bruno, expresó en un comunicado que “el Obispado de Jujuy se puso a disposición de las autoridades judiciales tras ser anoticiado de la denuncia y detención del presbítero Atilio Luis Bruno”.
A la luz de la revelación del intercambio entre jueza, acusado y obispo, ese comunicado muestra a una Iglesia con dos caras. A la par que el obispo intentaba silenciar a la denunciante, públicamente la Diócesis destacaba “el rotundo rechazo que manifiesta en estos casos la Iglesia hacia todo tipo de violencia sexual, moral, psicológica o de conciencia hacia las personas que pastoralmente nos son encomendadas”, y expresaba su “compromiso de acompañamiento y cercanía hacia quienes se hayan sentido vulnerados”. Además, en el comunicado se expresaba el deseo de que “la Justicia avance y actúe en el rápido esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados”.
La acusación contra el cura ya era conocida en la Diócesis de Jujuy antes de su detención, según reveló el sacerdote Germán Maccagno, rector del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, y miembro de la Comisión de Medios del Obispado local, quien cuando se hizo pública la denuncia reconoció en declaraciones a la prensa que “había una situación, pero no había llegado a la justicia, y una vez que llega a la justicia es la justicia la que dispone”.
Maccagno pidió entonces: “sepamos comprender las debilidades que también los sacerdotes podemos tener”, y pidió “perdón en nombre de la Iglesia a aquellos que se sienten vulnerados por esta situación de violencia”.
El cura acusado estaba a cargo de la parroquia de Ciudad de Nieva, en la capital jujeña, estuvo detenido en el penal de Alto Comedero y luego fue beneficiado con prisión domiciliaria en Lozano. Bruno llegó a Jujuy hace 11 años, es oriundo de la provincia del Chaco, pasó por la parroquia San Bartolomé del barrio Chijra y la del Perpetuo socorro, de Villa Lastenia, en Los Perales y luego fue Ciudad de Nieva.
“Alevosía de poder”
Los chats, que se conocían en los pasillos de tribunales aunque nadie denunció el tráfico de influencias, exponen un hecho de corrupción que involucra a la jueza Lamas, quien ya sorteó dos juicios políticos (2022 y 2024).
Ni el Colegio de Magistrados de Jujuy ni el Colegio de Abogados de Jujuy se manifestaron respecto del escándalo.
En cambio, la Red de Mujeres Políticas expresó su repudio al intento de soborno. “Alevosía del poder”, lo calificó y denunció la revictimización de la denunciante.
“Las víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus facetas, quedan al desamparo, en la mayor marginalidad. Todos los avances normativos convencionales y constitucionales, con leyes de emergencia son letra muerta en un Poder Judicial corrompido con miembros que sin perspectiva de género trafican influencias y deshumanizan aún más cualquier posibilidad de transformar la realidad de las víctimas. Las instituciones solamente cambian cuando existe decisión firme y contundente de realizar las purgas necesarias para que todo el sistema se base en Derechos Humanos que no es más ni menos que poner a la persona siempre en el centro de protección; lo opuesto es silenciar, encubrir y ser cómplices. Como Red exigimos celeridad en esta causa donde es constantemente revictimizada la denunciante”, sostuvo la Red.
Tras la difusión de los chats, vecinos de Lozano convocaron a una manifestación en la Plaza Belgrano, en San Salvador, a las 9.30 de este lunes, para rechazar la prisión domiciliaria de Bruno. “Las infancias están en peligro. Exigimos protección real a la comunidad”, afirmaron en la convocatoria, en la que también repudiaron “el desprecio y denigración hacia la denunciante. Y los intentos de pagar para silenciar a la víctima”.
En 2015 se aumentó el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, de cinco a nueve miembros. Sin embargo, actualmente están cubiertos siete cargos, por Ekel Meyer (que ocupa la presidencia), Sergio Jenefes, Federico Otaola, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, y Laura Lamas González.
El obispo César Fernández es vicepresidente segundo de la Comisión Episcopal Argentina, y ha sido designado por el Papa León XIV como miembro del Dicasterio para el Clero.
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