El documento fue elaborado por Contextual, una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe (IDDLAC) que busca sumar información y análisis en contextos políticos y electorales con el objetivo de mejorar la calidad del debate público en la región.
Sobre la base de ese enfoque es que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió por medio de una carta enviada a la empresa Google que proteja “a los argentinos de la difusión de contenido negacionista que perpetúa el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias”.
“Es preocupante ver cómo estas falsedades y distorsiones se difunden a través de plataformas como YouTube, perpetuando una narrativa que contradice abiertamente la realidad y el sufrimiento que vivimos como sociedad”, señaló Carlotto en el escrito destinado a Víctor Valle, director de Google Argentina.
El informe elaborado por Contextual tomó como eje de análisis las expresiones hechas por Milei durante el primer debate presidencial, llevado a cabo el 1 de octubre en la ciudad de Santiago del Estero, donde dijo que “no fueron 30.000 los desaparecidos” por la última dictadura cívico militara, sino 8.753″, y aseguró que la represión ilegal llevada a cabo por el régimen se trató de una “guerra” en la que “las fuerzas del Estado cometieron excesos”.
A partir de esas afirmaciones, Contextual midió las repercusiones en canales y perfiles de redes sociales vinculados al candidato y a su militancia.
El trabajo relevó, por ejemplo, los canales de YouTube “Break Point”, un streamer “estrechamente vinculado al armado político de Milei”, y “Tipito enojado”; en ambos se destacaron “comentarios de los seguidores y una marea de posteos en X (ex Twitter) que festejaron el negacionismo y los crímenes de Estado”.
Contextual mencionó que estas conversaciones transcurrieron sin recibir ningún tipo de sanción por parte de las plataformas digitales pese a que “tienen reglas claras al respecto”, porque tanto YouTube como Twitter, en sus políticas contra la incitación o la violencia, mencionan que se sancionarán “ideologías que inciten al odio” o aquellas que nieguen “la ocurrencia de sucesos violentos bien documentados”, indicó.
El informe también detectó entre los comentarios de seguidores en YouTube y los posteos en X “una preocupante banalización del terrorismo de Estado y de términos relacionados al genocidio o al holocausto”.
Además, mencionó que en el chat de algunas de esas transmisiones en YouTube pudieron leerse expresiones de satisfacción por los dichos de Milei, algunas de las cuales se jactaban de que los detenidos desaparecidos por la última dictadura “no fueron suficientes”.
Hasta el momento de publicar el informe, señaló Contextual, los comentarios no habían sido borrados por el moderador del chat.
“Si bien el sistema jurídico argentino no penaliza el negacionismo, ya que su andamiaje constitucional prioriza altos estándares de libertad de expresión, plataformas como YouTube y X mostraron flaquezas enormes en la supuesta estructura que debería moderar, al menos, los mensajes de odio, que incluyen la negación y la relativización de violaciones a los derechos humanos mediante acciones violentas”, advirtió Contextual.
Y sostuvo: “El contexto resulta preocupante para la paz social y un diálogo mínimamente democrático, ya que discutir la cifra (de desaparecidos), que es, por cierto, un número abierto, no esmerila ni atenúa la crueldad del terrorismo de Estado, al tiempo que parece abrir la puerta para discutir cuestiones zanjadas por la Justicia a lo largo de 40 años de democracia”.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir este miércoles los proyectos de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, y como también la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática.
Además de esas iniciativas, el cuerpo legislativo inició el análisis del texto que incorpora la figura del antisemitismo en la ley antidiscriminación.
El debate sobre el negacionismo se reflotó, justamente, a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
Télam