Una vez más, los datos que utiliza el Gobierno para el anuncio de medidas que persiguen a los sectores más vulnerables están basados en mentiras y fakes. Esta vez, la defensa que encaró el portavoz Manuel Adorni al proyecto de reforma migratoria que busca facilitar las condiciones de expulsión y prohibición de ingreso a la Argentina, fue desmentida por especialistas que aseguran que apenas una minoría de los detenidos en el país son extranjeros.
La historiadora e investigadora en migración Florencia Mazzadi salió al cruce del Gobierno por los cambios en la poítica migratoria que anunció este miércoles el portavoz Manuel Adorni que facilita la persecución y expulsión de los inmigrantes, al tiempo que consideró que la reforma general un “caldo de cultivo” para perseguir población migrante en Argentina
Según Mazzadi, el discurso del vocero presidencial Manuel Adorni “vincula lo migratorio siempre a lo delictivo”.
“El objetivo de Adorni es con miras a una próxima elección en la Ciudad de Buenos Aires, con un tipo muy concreto de estigmatización hacia los migrantes, el cual está pensado con un tipo de persona que pueda o quiera recibir esa información, porque los datos son nulos”. aseveró.
“Adorni construye la relación migración-delincuencia con datos que no mueven absolutamente ningún tipo de prueba”, remarcó.
Al anunciar la medida en conferencia de prensa, Adorni aseguró que “en los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”, al tiempo que sostuvo que “hoy cualquier condenado con una pena menor de 3 años puede ingresar a la Argentina”.
A su vez, el vocero afirmó que “hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley”, ya que con la normativa vigente “cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a los 5 años, como los condenados por abuso sexual, privación ilegítima de libertad o robo, puede seguir viviendo felizmente en la Argentina para peligro de todos los demás”.
De ese modo, Adorni ligó directamente a la población migrante con la delincuencia, aunque los datos tampoco lo respaldan. Según Mazzadi, de las 111 mil personas detenidas en cárceles federales y provinciales, solo 6.644 son extranjeras, de las cuales solo 4.040 tienen sentencia, porque hay 2.000 personas que todavía están esperando que le digan si son o no delincuentes.
“Todo va a conformar un caldo de cultivo. Lo mismo que hace Trump: que los migrantes se sientan sin capacidad de reclamar ningún tipo de derecho, cuando cualquier persona que viva en Argentina, solo por ser un ser humano, tiene derecho a ciertas cosas”, sentenció.
“Entonces, por un lado, la población migrante se siente cada vez más perseguida en nuestro país y, por el otro, en el ámbito de lo concreto, las personas que ejercen un poder totalmente contrario a la ley se sienten con mayor capacidad para hacerlo”, afirmó en relación de la persecución hacia la población extranjera.
Por último, al respecto del cobro de aranceles a la educación y la salud a los migrantes, Mazzadi enfatizó que la potestad “de decidir” las tienen las provincias, ya que hay “leyes federales” al respecto, aunque ninguna de estas amenaza del Gobierno se han concretado.
Página/12