El juez federal de Córdoba Miguel Vaca Narvaja advirtió que la demora injustificada configura “un acto arbitrario e ilegal” y conminó al Ministerio de Salud a cumplir de forma inmediata la legislación vigente. La Justicia constató varios casos en los que las demoras alcanzaron hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados.
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva presentada contra el programa Incluir Salud y PAMI. El fallo en primera instancia ordena la regularización inmediata y el mantenimiento al día de la cadena de pagos de prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. Según algunos medios, el fallo ordena que se cumplan estas obligaciones en menos de 72 horas.
La demanda fue impulsada por la abogada y referente de Defendamos Córdoba para temas de discapacidad, Marta Lastra, quien reclamó por las demoras y las irregularidades que afectaban el cumplimiento de servicios ya brindados por instituciones y profesionales del sector.
El juez federal Miguel Vaca Narvaja, a cargo del mencionado Juzgado, sostuvo en la resolución que el Estado Nacional “no puede esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados”, en perjuicio de un colectivo “sumamente vulnerable”.
El magistrado agregó que “perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”, y remarcó que “el Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley”. En esa línea, explicó que la demora injustificada configura “un acto arbitrario e ilegal” contra el cual procede el amparo, e indicó que la resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de forma inmediata la legislación vigente y a cesar ese retraso que provoca la desatención de las personas con discapacidad.
El amparo, con alcance colectivo, alcanza a miles de beneficiarios en idéntica situación y busca resguardar la continuidad de la sustentabilidad de hogares, centros de día y profesionales que asisten a personas con discapacidad. En el fallo, el juez también recalcó que “la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, y que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud “no pueden ser meramente declarativos”, ya que su goce efectivo habilita que una persona pueda desplegar plenamente su autonomía y dignidad humana.
La sentencia pone foco en un conflicto que se arrastra desde finales de 2025, vinculado a cortes y irregularidades en la cadena de pagos estatales. Según lo constatado por el tribunal, las demoras alcanzaron hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados, en un contexto generado por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, atribuido al Gobierno de Javier Milei.
Página/12