El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) estuvo la semana pasada en Tucumán para presentar el informe oficial sobre la inspección que realizó en 2023, y volver a monitorear cómo seguía la situación de las personas privadas de la libertad en Comisarías y en el penal de Villa Urquiza.
“Tucumán es la segunda provincia con mayor cantidad de personas detenidas, inclusive condenadas, en comisarías. Tiene más de 2.000 personas en comisarías. Hay más personas presas en comisarías que en los sistemas penitenciarios”, dijo a Salta/12 el comisionado Gustavo Palmieri. La primera con más hacinamiento es Buenos Aires, “pero hablamos de otros niveles de población y de presos”, comparó.
El Comité estuvo los días 24, 25, y 26 de junio en la provincia norteña y se reunió con autoridades gubernamentales y judiciales. “Es la cuarta visita. Lo que particularmente conversamos con las autoridades fue que por un lado tanto la reforma del Código Procesal, sumada a la desfederalización de lo que llaman narcomenudeo, incrementó en forma importante la cantidad de personas privadas de la libertad en una provincia que ya no tenía espacios”, sostuvo Palmieri, quien manifestó su preocupación ante el hacinamiento y las condiciones que requerían una reparación urgente
“Vimos situaciones de urgencia que le comunicamos al Ejecutivo y a la justicia porque entendíamos que tenían que solucionarse pronto”, indicó Palmieri. Precisó que encontraron personas detenidas en pasillos o al aire libre donde no pueden ni dormir. Además, estas condiciones de hacinamiento generan consecuencias en la salud de las personas privadas de la libertad, como enfermedades cutáneas y respiratorias. “No pueden ser situaciones de tal indignidad donde inclusive la situación delictiva que se está cometiendo (desde el Estado) es más grave que la que se intenta prevenir”, manifestó el comisionado.
“Incluso en esos contextos hay contraventores. Nos parece que tienen que ser claras las indicaciones a la Policía de que no pueden alojar personas en lugares que no son aptos. Si no logran reubicar a esas personas tienen que avisar urgentemente a los jueces a los fines de que dispongan otras medidas”, resaltó Palmieri, y recordó que las detenciones en esos espacios y condiciones están prohibidas.
En esta visita el CNPT inspeccionó las comisarías 1, 2 y la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza. “En Villa Urquiza tienen unos estándares de aislamiento que no son los que están en el Código, se los planteamos, están solucionándolos, son muchos días, superan los estándares que supone la Ley de Ejecución Penal”, precisó Palmieri. Mientras que lo máximo establecido serían 15 días de aislamiento, en este lugar llegan a imponer un régimen de hasta 90 días. El comisionado dijo que todavía no se ha revertido esa situación que ya fue advertida a la provincia en el informe de inspección de 2023.
Además, Palmieri explicó que el CNPT sigue algunas causas vinculadas a malos tratos en cárceles y comisarías. “Hay una denuncia que la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura hizo sobre malos tratos en la comisaría de Yerba Buena a 20 personas en enero del año pasado. Esa causa tiene policías imputados y los malos tratos se verificaron. Es grave la situación que ocurrió”, sostuvo.
Dijo que el gobierno tucumano respondió que estaba dispuesto “a solucionar esas situaciones puntuales”. “Vamos a ver qué sucede, a hacer un seguimiento de ese pedido”, planteó.
El CNPT también reclamó al gobierno tucumano la necesidad de que se dote de recursos a la Comisión Provincial contra la Tortura y que este organismo se integre de forma completa ya que aunque están sus miembros designados, viene funcionando solamente con representantes de la sociedad civil y sin el presupuesto adecuado. El mecanismo local acompañó también las inspecciones realizadas.
Para intentar dar respuesta a la problemática del hacinamiento, el gobierno de Tucumán anunció el año pasado que construirá la nueva cárcel “Benjamín Paz” y dos alcaidías, una en Las Talitas y otra en Delfín Gallo, esta última estaría con la obra más avanzada y ha sido diseñada para albergar a más de 170 internos. El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó esa decisión en una conferencia de prensa que dio después de la visita del Comité Nacional a la provincia.
“Ya estábamos implementando mejoras significativas. Anunciamos la construcción de nuevos edificios en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, donde trasladaremos entre 700 y 800 personas detenidas antes de fin de año (…). Nuestro enfoque es claro: estamos aplicando una política carcelaria que cumple con las normas de seguridad nacional y proporciona condiciones adecuadas para quienes están bajo custodia (…). Con reformas legislativas y un nuevo Código Procesal Penal, hemos eliminado la puerta giratoria y agilizado los juicios. Esto significa que los delincuentes enfrentan la prisión preventiva inmediata mientras esperan juicio”, expuso el mandatario.
Sin embargo, aunque los nuevos edificios podrían morigerar un poco la situación de hacinamiento, “esas construcciones ni siquiera alcanzan para la sobrepoblación que existe hoy” opinó Palmieri.
Cárceles, Comisarías y psiquiátricos en malas condiciones
Tucumán se ubica también entre las tres provincias con mayores tasas de mortalidad en ámbitos penitenciarios y policiales, cuya causas estarían relacionadas a las pésimas condiciones de detención, a las que se suma la debilidad institucional en materia de control y prevención de la tortura. El CNPT puso en evidencia la falta de implementación de salvaguardas, negligencia en materia de atención a la salud, y deficiencia en materia de investigaciones oportunas y eficientes.
Entre 2019 y 2022 hubo 28 muertes en comisarías, mientras que en el mismo lapso, hubo otras 26 muertes en unidades penitenciarias. Otras 12 muertes se produjeron en establecimientos de salud mental y 5 fueron en arresto domiciliario.
“No todas son muertes violentas, (…), hay suicidios y algunas son por razones de salud”, señaló Palmieri. Recalcó que no pudieron reunirse con autoridades del Ministerio Público Fiscal, que es “el encargado de investigar estas muertes en todos los casos conforme a los protocolos”. “No pudimos tener una reunión y tampoco hemos tenido acceso a esas investigaciones, algunas (muertes) se produjeron en situaciones de encierro, en algunos casos en salud mental”, detalló.
Una de las causas que sigue el CNPT es por la muerte de cuatro mujeres en una celda de la Brigada Femenina de Concepción. Las jóvenes Rocío Mendoza, Yanet Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas tenían entre 23 y 26 años de edad, dos eran madres, murieron abrazadas y calcinadas el 2 de septiembre de 2021. El incendio se habría iniciado en el marco de reclamos por las condiciones de alojamiento y los malos tratos que recibían las detenidas. Las acusadas eran tres guardias y la jefa de la dependencia, quienes resultaron absueltas.
Otro caso que generó preocupación fue el de Luis Maximiliano Paz, quien murió el 26 de septiembre de 2023 mientras se encontraba alojado en la Comisaría 1ª. El 27 de septiembre, la delegación del CNPT que esta de inspección en la provincia tomó conocimiento de esta muerte. El Comité consultó las medidas adoptadas y las líneas de investigación a la Unidad Fiscal que estaba a cargo de la investigación. “Las evidencias se orientaban a confirmar que se habría autolesionado y que la causa de muerte fue por ahorcamiento”, pero “La información reunida en la entrevista permitió concluir preliminarmente que no se habrían seguido los parámetros ofrecidos”, señaló el informe del CNPT.
Mientras que otro caso fue el de Luis Alberto Juarez,”que muere en una institución de salud mental queriendo escapar y ahorcándose con una reja, eso no tendría que haber sucedido y todavía no estamos pudiendo acceder a la investigación sobre ese hecho y ni siquiera sabemos si se inició”, dijo Palmieri.
“Una forma de prevenir es mejorar las condiciones, pero también sancionar las situaciones en que no hayan los debidos cuidados”, manifestó el comisionado.
Página 12