Lo fundamentan en medidas económicas que “perjudican o restringen” el comercio de agricultores, trabajadores y exportadores de EEUU. El trasfondo electoral.
El Gobierno de Estados Unidos ordenó la imposición de un arancel del 25% a «la mayoría» de las importaciones brasileñas, fundamentando esta decisión en la falta de «buena fe» del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la hora de negociar con Washington, lo que fue repudiado por el gobierno brasileño. Pero a nadie escapa que el contexto de esta medida es la inminencia de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, donde la administración de Donald Trump impulsa la candidatura de Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado.
«El presidente (Donald) Trump ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) (Jamieson Greer) que imponga un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas», anunció en redes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamando a que «no haya ninguna duda sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no negociaron de buena fe con Estados Unidos».
El alto funcionario norteamericano aseveró que las políticas económicas adoptadas por el jefe del Planalto «son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños». «Durante el último año, Lula antepuso su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello», espetó.
Así lo confirmó también la propia oficina del representante comercial estadounidense en una nota en la que defendió la imposición del citado gravamen del 25% alegando que «ciertas medidas brasileñas relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales injustos, injerencia en la lucha contra la corrupción, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses».
Precisamente, el primer elemento enumerado fue uno de los puntos calientes de las tensiones entre ambos países, pues Washington sostiene que Brasil «ha perjudicado injustamente» a los proveedores estadounidenses al favorecer el servicio de pagos electrónicos Pix, impulsado por el Banco de Brasil, utilizado a diario por millones de brasileños y recientemente inscrito por el Gobierno brasileño como ‘marca de renombre’ ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para que quede protegida si comercializa más productos o servicios para los que fue concebida originalmente.
Ante esta coyuntura, Greer argumentó que, «ya sea castigando a las empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político, retrocediendo en la aplicación de la ley anticorrupción o permitiendo que los agricultores brasileños exploten tierras taladas ilegalmente para obtener ventaja sobre los agricultores estadounidenses, las prácticas comerciales desleales de Brasil impidieron que los trabajadores y productores estadounidenses accedieran a este importante mercado».
Si bien la nota de prensa divulgada para oficializar el arancel no recoge fecha de entrada en vigor y adscribe su aplicación a «ciertos productos», el ‘aviso de acción’ publicado por la oficina de Greer sobre el arancel recoge que el arancel adicional se aplica a los productos que se importan para consumo o se retiran del almacén para consumo a partir (…) del 22 de julio de 2026″.
Asimismo, recoge una larga lista de bienes sancionados, entre los que se incluyen productos de uso farmacéutico; aeronaves y componentes de aeronaves civiles; vehículos de pasajeros y de transporte por carretera, y «materiales informativos» como películas, publicaciones impresas u obras de arte.
Este anuncio contrasta con los pasos dados a comienzos del presente mes de julio por ambas administraciones, en la medida en que el Ejecutivo lusófono parecía haber intensificado sus negociaciones con Washington en aras de cerrar un acuerdo para rebajar o eliminar los aranceles impuestos por Trump que originalmente decretó en represalia por el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Respuesta oficial
La Presidencia de Brasil publicó una nota de prensa en la que señala que «el 15 de julio de 2026 quedará marcado en la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable», a modo de respuesta a la imposición estadounidense.
«El Gobierno brasileño repudia la decisión anunciada por el Gobierno estadounidense sobre la imposición de aranceles del 25% a productos brasileños», reza el texto de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia difundido en redes por Lula.
En rechazo de estas medidas «unilaterales» por parte de Washington, Brasilia argumentó que «no existe justificación alguna«, ya que «Estados Unidos acumuló un superávit comercial de bienes y servicios con Brasil por un valor de 424.500 millones de dólares en los últimos 15 años; en 2025, el 76% de las importaciones provenientes de Estados Unidos ingresaron al país sin pagar aranceles, y la tasa media aplicada a productos estadounidenses fue de solo el 3,1%».
«Brasil no reconoce la legitimidad de las investigaciones sin respaldo en las normas multilaterales de comercio», subrayó el Planalto, manteniendo que, pese a ello, «nunca» abandonó las negociaciones y que presentó «pruebas que refutan cada una de las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales».
En concreto, aseguró haber demostrado que «las acusaciones contra PIX y la regulación de las plataformas digitales carecen de fundamento». «PIX es un activo de nuestro pueblo y un referente internacional para la infraestructura digital pública», reivindica la nota, que agrega que el Gobierno de Brasil no renunciará a «proteger» a familias e hijos «de la avaricia de un puñado de tecno-oligarcas». «La libertad de expresión no es una carta blanca para el crimen», agrega.
La nota también rechaza las acusaciones de deforestación: «El mundo entero sabe que, desde 2023, estuvimos combatiendo con determinación los delitos ambientales y reduciendo drásticamente la deforestación en todos los biomas brasileños».
Paralelamente, a modo de reacción, declaró que «iniciará de inmediato los procedimientos para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad» para responder al nuevo arancel, y que «retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio».
«Es lamentable constatar que el desafortunado resultado de las investigaciones (…) forma parte de una conspiración urdida con la colaboración activa de la familia Bolsonaro. Se trata de falsos patriotas que orquestaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, impulsados por objetivos electorales», alegó, aludiendo a las actuaciones de sus hijos tras el juicio y condena a más de 27 años de cárcel contra el exmandatario por intento de golpe de Estado.
«No se puede amar a Brasil solo cuando ganamos elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que trasciende a todos los partidos y tendencias», manifestó, concluyendo que «el Gobierno brasileño no cejará en su deber de preservarla».
BB con Europa Press