Un análisis satelital del INTA encontró que, en los últimos 20 años, una de cada cuatro áreas incorporadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales había registrado incendios.
Tras 12 horas de debate, y otras tantas de gases, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión lanzadas a discreción por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en los alrededores del Congreso, el Senado aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Para imponerse, el oficialismo había eliminado el capítulo que impulsaba cambios al régimen de tierras rurales; ya en la madrugada del viernes, en plena sesión, debió retirar también el capítulo sobre las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego que era, vaya paradoja, tierra fértil para la especulación inmobiliaria.
“Que se haya retrocedido en cuanto a la modificación de esa protección me parece significativo, porque muestra que ese tipo de discusiones necesitan un debate mucho más profundo; antes de flexibilizar una herramienta de protección, deberíamos tener más información, mejores sistemas de monitoreo y, sobre todo, capacidad de controlar lo que pasa en el territorio antes, durante y después de un incendio”, reflexiona Nicolás Mari, investigador de la Agencia de Extensión Rural (AER) Cruz del Eje del INTA.
Es también el autor de un informe que analizó la evolución de más de 21 millones de hectáreas arrasadas por el fuego en Argentina en un rango de diez años.
“El trabajo –explica– aporta evidencia de que después del fuego existen procesos concretos de transformación de los territorios. Por eso las restricciones al cambio de uso posteriores a un incendio tienen una lógica preventiva, que sería evitar que el fuego pueda convertirse, independientemente de cuál haya sido su origen, en una vía para acelerar una transformación productiva o inmobiliaria del territorio”.
En detalle, de los 21 millones de hectáreas incendiadas entre 2004 y 2014, tres millones (lo que equivale a la superficie de Misiones, o a la de países como Bélgica o Armenia) eran áreas con cobertura natural (bosques, arbustales, matorrales, pastizales) que se transformaron en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial.
Además, las áreas que habían registrado incendios mostraron una frecuencia de cambio hacia usos productivos 3,3 veces mayor que la observada en el promedio del país. El fuego, entonces, como un factor ineludible en la reconversión de entornos naturales hacia la actividad productiva. “Creo que uno de los mensajes más fuertes de este trabajo es que no alcanza solo preguntarse cuánto se quemó, también tenemos que mirar qué pasó con ese territorio después del incendio”, asegura Mari.
Patrón
De acuerdo al estudio, el 53,6% de las superficies quemadas continuó con coberturas naturales diez años después del incendio. En tanto, el 13,9% pasó de ambientes naturales a usos agrícolas, ganaderos o forestales, mientras que el 9,6% presentó cambios entre distintos tipos de coberturas naturales.
Dentro del grupo de transformaciones entre coberturas naturales se incluyen, por ejemplo, cambios de bosque a arbustal o de bosque a pastizal. Estas transiciones no implican necesariamente una incorporación a la producción, sino procesos asociados a degradación ambiental. Según este análisis, un bosque puede seguir siendo clasificado como bosque y, aun así, haber perdido estructura, composición de especies o capacidad de regeneración. Del mismo modo, una transición entre coberturas naturales puede reflejar procesos de degradación.
“El patrón que aparece es bastante más complejo que la idea de que se prende fuego para producir. No todos los incendios terminan en cambio de uso del suelo, pero existe una superficie muy importante donde el fuego y la posterior producción productiva coinciden territorialmente”, aclara Mari.
En ese sentido, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa reunieron la mayor superficie donde, después de un incendio, se produjeron transiciones hacia usos productivos. En esas cuatro provincias, las coberturas naturales que, tras registrar incendios, pasaron a usos agrícolas, ganaderos o forestales suman 2,36 millones de hectáreas. Ese cambio representa el 25,3% de la superficie quemada.
“No necesariamente todo incendio conduce a un cambio de uso de suelo –insiste Mari–, pero, al mismo tiempo, tampoco lo podemos analizar como un fenómeno separado de las transformaciones que observamos en el territorio. Tres millones de hectáreas es una superficie importante como para considerar que la relación entre fuego y transformación del territorio es marginal, por el contrario, uno de los resultados interesantes del informe es que una cuarta parte de los cambios en el uso del suelo registrados a nivel nacional tuvieron presencia de fuego”.
El Capítulo IV no se modificó
Si bien el oficialismo ya había introducido una serie de modificaciones al Capítulo IV del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que proponía cambios y derogaciones a la Ley de Manejo del Fuego, durante el debate del jueves pasado en el Senado también se dio de baja este capítulo. La norma vigente establece que durante 60 años el propietario de un terreno incendiado, tanto en bosques nativos e implantados como en áreas naturales protegidas y humedales, no puede realizar cambios de uso del suelo, lotearlo y/o venderlo. En su proyecto, el gobierno eliminaba completamente las prohibiciones para las áreas de uso rural y las mantenía parcialmente para los bosques nativos, solo en el caso del cambio del uso del suelo. No obstante, el dictamen del Senado rechazó todos los cambios referidos a los bosques nativos (se mantiene la veda de 60 años para evitar la especulación inmobiliaria), pero aceptó parcialmente algunas modificaciones al uso de la tierra rural.
Tiempo Argentino