Son ocho hombres y cinco mujeres, la mayoría de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino. El principal acusado es Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi”, quien espera ser extraditado a Venezuela. Fue detenido por Interpol en 2023 en una ruta correntina.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva por maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra un grupo de 13 personas -11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino- acusadas de tener vínculos con la organización criminal de carácter transnacional del Tren de Aragua.
En la instancia, intervinieron el fiscal general subrogante ante ese tribunal, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Alberto Barbuto, mientras que de la investigación -iniciada en 2023-, también participó la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.
La resolución fue dictada ayer con los votos del juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra el procesamiento dispuesto el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda.
En esa oportunidad, el juez de grado había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de 13 imputados/as -ocho hombres y cinco mujeres- y trabado embargos por un millón de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, monto que fue confirmado en la resolución del tribunal revisor.
Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones, quienes quedaron procesados por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son nueve: el principal imputado, Guillermo Rafael Boscán Bracho, y otros ocho acusados/as identificados/as por sus iniciales como E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C. y M.C.D.C.
En tanto, solo por lavado de activos, quedaron procesados/as dos mujeres identificadas como M.D.V.C. y M.T.D.C. y dos hombres, F.J.D.C. y D.E.A.
Si bien todos también habían sido procesados por la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” contemplada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad parcial del auto de procesamiento respecto de esa imputación puntual.
La causa se originó tras la detención de Boscán Bracho en octubre de 2023, en el marco de un pedido de extradición internacional, y dio lugar a una investigación que -según destacaron los fiscales- permitió desarticular una presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales.
Según la investigación, los imputados habrían integrado desde al menos 2019 una estructura criminal organizada en dos células operativas, presuntamente lideradas por Boscán Bracho -incluso desde su lugar de detención- y orientadas a desplegar maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organización en el exterior.
El fallo de la Cámara sostuvo que el grupo habría demostrado una relevante capacidad económica y logística, evidenciada en la adquisición de bienes de alto valor sin ingresos lícitos que los respalden y valoró que la pesquisa permitió identificar múltiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en más de 120 millones de pesos.
Entre ellas se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo hawala (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) operado en el barrio porteño de Colegiales bajo el nombre comercial “Giro Activo”; el ingreso de divisas al país mediante “correos humanos”; el fraccionamiento de remesas; la constitución de sociedades de fachada para la explotación de locales comerciales; y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos.
Asimismo, los camaristas consideraron que parte de esos recursos habrían sido destinados a sostener, fuera del país, actividades de la organización Tren de Aragua.
“El juez de grado no fundó la imputación en meras alusiones contextuales ni en la sola referencia nominal al ‘Tren de Aragua’, sino en la verificación de un circuito económico organizado, estable y de significativa magnitud, destinado a generar y canalizar recursos hacia el sostenimiento de una estructura criminal transnacional que, conforme información institucional coincidente y no desvirtuada en esta instancia, se encuentra vinculada a hechos calificados como terroristas y ha sido incluida en registros oficiales como el RePET”, señala el fallo en referencia que la organización fue inscripta en febrero pasado en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.
Para arribar a esa conclusión, el tribunal ponderó, entre otros elementos, informes de organismos estadounidenses como el FBI y la Oficina de Investigaciones Criminales, análisis de la PROCELAC, informes de la Policía Federal Argentina, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia sobre presuntas “cuevas” financieras, registros migratorios y la documentación secuestrada en los allanamientos realizados el 28 de mayo de 2025, que incluyeron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y un pasaporte apócrifo.
Nulidad rechazada
En relación con los agravios defensivos, la Cámara rechazó los planteos de nulidad por falta de fundamentación y consideró que el juez de primera instancia desarrolló un razonamiento autónomo, con una valoración integral de la prueba y una descripción suficiente de los hechos y de los roles atribuidos a cada imputado.
“El juez desarrolló un razonamiento autónomo y verificable”, sostuvieron González y Sotelo y agregaron: “La resolución puesta en crisis describe con detalle la plataforma fáctica reconstruida y la hipótesis delictiva sostenida. En efecto, el magistrado expuso el modo de funcionamiento atribuido a la presunta organización criminal desde al menos 2019, la división interna en dos células operativas, los domicilios base de acción -Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata)-, y la articulación entre ambas a partir de las directivas que, según la investigación, Guillermo Rafael Boscán Bracho habría impartido incluso desde su detención”.
“Del mismo modo -continúan los camaristas-, delimita el objeto de la pesquisa: el presunto movimiento de más de $120.000.000 mediante sistemas de transferencia informal, remesas fraccionadas, giros físicos de divisas, utilización de locales y sociedades de fachada, adquisición de propiedades y vehículos con fondos presuntamente ilícitos y manejo de cuentas sin respaldo económico”.
Medidas de coerción
La Cámara también confirmó, en términos generales, las medidas de coerción personal dispuestas, al considerar vigentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, aunque ratificó el arresto domiciliario para tres de las imputadas en atención a situaciones familiares particulares.
Al contestar los traslados, el fiscal general subrogante ante la Cámara y el auxiliar fiscal de la PROCELAC sostuvieron la necesidad de garantizar la eficacia de las medidas cautelares patrimoniales y solicitaron la confirmación de los procesamientos para avanzar hacia la etapa de juicio.
La detención de “Yiyi” y el origen de la investigación
La causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención del venezolano Boscán Bracho efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA), en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. El venezolano, líder de la denominada “Banda del Yiyi” -vinculada al Tren de Aragua-, tenía pedido de captura internacional. Había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un country de la ciudad de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
Su detención dio lugar a una investigación llevada adelante por los titulares de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; de la UFECO, Santiago Marquevich; y de la PROCELAC, Diego Velasco, que permitió desarticular la presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales ahora procesada.
El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo pasado en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.
El venezolano tiene un pedido de extradición de la justicia de su país por los delitos de “extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios”.
Fiscales