El hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana y confirmó uno de los mayores temores de los vecinos, que desde hace una década, reclaman la relocalización de la planta, que como consecuencia del crecimiento urbano quedó rodeada de viviendas.
En medio de la noche, explotó un tanque de atrazina, una sustancia altamente tóxica que se emplea en la fabricación de herbicidas y pesticidas. Como consecuencia, al mediodía del martes en los barrios que rodean a la planta, el aire seguía todavía cargado de un olor fétido.
Finalmente, después del mediodía del miércoles, la jueza provincial con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, integrante de la ONG Foro por el Medio Ambiente (Fomea), en representación de los vecinos.
La medida implica el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias y librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar, “a los fines de salvaguardar la salud y la seguridad de la población”.
En los autos y vistos del escrito se señala que, a pesar de las reiteradas intimaciones emitidas por ese juzgado, Atanor incumple desde el año pasado un fallo que la obliga a realizar estudios de impacto ambiental y mejoras en su planta.
A lo largo de toda la mañana, la atrazina diseminada causó irritación de ojos y garganta de los vecinos que viven en un área de al menos un kilómetro alrededor de la planta, que abarca los barrios Química, Obrero, Belgrano y San Isidro.
Según la empresa, “el hecho fue producto del incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso”.
“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, se indicó a través de un comunicado.
Enojo generalizado
El malestar de los vecinos aumentó por la inacción del gobierno local, encabezado por Santiago Passaglia. Pasado el mediodía, la única alerta había sido emitida por el gobierno provincial.
Las recomendaciones son tomar mucha agua, lavarse los ojos y, si persisten los síntomas, concurrir a una guardia. Defensa Civil no se hizo presente y fueron los propios vecinos los que corrieron la voz entre ellos de mantener cerradas las ventanas.
Al respecto, Maggi, querellante contra Atanor y contra el municipio, en diversas causas ambientales, comentó a Buenos Aires/12 que “ya deberían haber evacuado todos los barrios alrededor de la planta, pero la Municipalidad prefiere mirar para otro lado, hacer como si no pasara nada”.
Maggi, que lleva años litigando contra Atanor, agrega que “por sus características, las partículas de atrazina no tienden a volar sino a caer y quedar depositadas en el suelo y otras superficies, y esto puede durar días”. También le preocupa “el impacto que esta sustancia, altamente tóxica, va a tener sobre el río y su biodiversidad”.
Para el letrado “no se puede hablar de negligencia sino de conductas temerarias y criminales que la empresa sostiene a toda costa. “No quedan dudas de que la empresa debe ser relocalizada porque ya hicieron mucho daño y la Municipalidad tiene vínculo directo con ellos”, señala.
La misma empresa fue condenada en 2023 a pagar una multa de 150 millones de pesos por volcar sus efluentes al río Paraná, causando un daño ambiental que la propia sentencia judicial califica de irreversible e irreparable.
Las instalaciones donde se produjo la explosión fueron inauguradas en 2019, cuando la permanencia de Atanor en ese predio ya llevaba años judicializada. En esa ocasión pudo verse al entonces intendente interino, Manuel Passaglia, abrazado con los directivos de la empresa.
Pero la relación entre la empresa y el clan tiene antecedentes. Ya en 2015, el fiscal Rubén Darío Giagnorio había anunciado una pericia en la planta, cuando, según relatan medios locales, recibió un breve llamado del entonces intendente, Ismael Passaglia: “Atanor no se toca”. La pericia, efectivamente, se suspendió sin fecha y la planta siguió operando.
Para ese momento, en las manzanas aledañas a la planta, ya se contabilizaban unos 200 casos de cáncer, registrándose entre ellos, hasta una familia entera con la enfermedad, en las viviendas más cercanas. Sin embargo, y a pesar de los sistemáticos reclamos, la Municipalidad nunca realizó ningún control sanitario.
Página/12