En la farmacia del hospital Gutiérrez de La Plata se encuentran movilizados. Saben que empieza una nueva etapa, clave para un sector altamente invisibilizado de la salud como es el de los bebés recién nacidos expuestos al VIH. Están las máquinas, se capacitó al personal y se dio el punto de largada. Dan un número: 1200. Esa es la cantidad de comprimidos de nevirapina 12 mg. que buscan producir, ya que la Nación recortó los envíos.
Ya van ocho meses del gobierno de Javier Milei, y entre algunas certezas hay una que se destaca: si las provincias desean continuar alguna línea de desarrollo público e inclusión en salud, educación o ciencia, lo tendrán que asumir ellas mismas, aunque al mismo tiempo estén siendo asfixiadas por la falta de transferencias de Nación y el fin de la obra pública.
La Provincia de Buenos Aires es quien toma la delantera en ocupar los espacios que fue dejando el gobierno nacional. En este caso, es la producción propia de nevirapina 12 mg., para tratar la profilaxis de la transmisión vertical en bebés recién nacidos expuestos al VIH, ante el ajuste de La Libertad Avanza. Ahora, es elaborado en la farmacia «del Gutiérrez» de La Plata.
“Es una medicación destinada a una población muy pequeña pero fundamental para tratar de evitar la transmisión vertical en niños y niñas, y tiene que estar preparada desde antes de su nacimiento –señaló el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak–. Son tan pocos los casos que la industria farmacéutica no desarrolla una línea de producción, entonces debe hacerlo el Estado para que los bebes no fallezcan”.
Y agregó que “este es uno de los casos, pero hay muchísimos más con los que contamos continuamente dónde; si el mercado no responde y no es un problema bonaerense, el Estado nacional es quien debería responsabilizarse y garantizar el acceso equitativo para todos los ciudadanos, independientemente de la provincia en que viva cada uno. Esta producción propia de nevirapina da cuenta del esfuerzo para sostener las políticas que se están abandonando desde Nación, y de fortalecer y mejorar la performance sanitaria”.
Provincia sin Nación
Son 1200 comprimidos para 20 tratamientos, para que en el caso de que se produzca el nacimiento la medicación llegue en horas. El tiempo es vital. El tratamiento con esta medicación debe iniciarse lo más precoz posible tras el nacimiento. Así se reduce el riesgo de transmisión vertical del VIH en bebés expuestos a la enfermedad de su madre. Es de uso excepcional, sin continuidad periódica.
Durante este año, Nación entregó sólo ocho tratamientos con demoras y reducciones en los envíos, algo similar a la postura nacional con los medicamentos para el cáncer. De hecho, a principios de julio el gobierno bonaerense anunció la ampliación de la cobertura de medicamentos oncológicos con una inversión de $ 12.000 millones que sumó 10 principios activos de alto precio a la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer. Así, responderían al 98% de las solicitudes realizadas por pacientes bonaerenses.
«El gobierno nacional dejó de entregar la medicación, entonces decidimos comenzar su fabricación –añadió Kreplak sobre la nevirapina–, es por esto que hablamos de la necesidad de tener soberanía sanitaria y contar con una ley que impulse la producción pública de medicamentos en la Provincia».
La historia de los laboratorios públicos
El recorte en los envíos por parte de la Nación viene de la mano con el ajuste en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), compuesta por 49 laboratorios. A los costos que les implicó la megadevaluación de diciembre se le sumó el DNU 70 que buscó derogar la producción pública de medicamentos.
Se trata de una política que tiene una larga historia en el país. Se remonta a 1916 cuando se creó la creación del Instituto Bacteriológico. El Primer Plan Quinquenal de Perón incluyó un punto destinado a la “promoción de la industria farmacéutica y la fabricación de medicamentos por parte del Ministerio para modificar precios de mercado” y creó la EMESTA, primera fábrica nacional de medicamentos impulsada por el ministro de salud, Ramón Carrillo.
El interés por una política que privilegiara al medicamento como un bien social siguió su impulso con el decreto 3681 de Arturo Illia en 1964 y el Instituto de Hemoderivados. Con la crisis del 2000 se registró un fuerte incremento en la producción pública.
El primer intento a nivel nacional para ordenar y fortalecer esta política sanitaria llegó en el 2008 con el Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos. Continuó en 2011 con la sanción de la ley que declaró interés nacional a la investigación y producción de medicamentos, vacunas y productos médicos como bienes sociales. Y en diciembre de 2014 se constituyó la ANLAP, para garantizar el cumplimiento de esa ley. Hasta este 2024 donde el ajuste es impuesto y festejado.
Tiempo Argentino