El proceso de renegociación de deudas con acreedores a la que la empresa acudió por su insolvencia para saldar las inversiones que realizó recayó en manos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, provincia de Santa Fe.
A través de un comunicado, la firma sostuvo que la crisis que la llevó a tomar esa decisión se debe a “razones de público conocimiento” y aseguró que una vez activado este proceso podrá “resolver los problemas derivados de sus deudas”.
El intento de salvataje que SanCor intentará por la vía judicial fue anunciada en la jornada de apertura de la actividad judicial tras la feria de verano y a menos de una semana de que echara a casi una cuarta parte de sus empleados argumentando razones “de fuerza mayor”.
Lo cierto es que la crisis que atraviesa SanCor data desde el gobierno de Mauricio Macri, en 2017; posteriormente tuvo un atisbo de solución y el año pasado, producto de los ajustes, la devaluación y la desinversión generalizada, tocó fondo.
Durante el intento de recuperación, la cooperativa firmó en 2021 un acuerdo para formar un fideicomiso que le permitió seguir funcionando. Pero la captación de financiamiento fue difícil y el acuerdo se cayó.
“Esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la cooperativa”, reconoció la firma a través de un comunicado. El efecto inmediato fueron despidos y un freno a la elaboración de varios productos.
Antes de la crisis de 2017, la empresa tenía 4 mil empleados. Desde entonces hasta los despidos de la semana pasada en sus sedes de Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia, la planta de trabajadores quedó en 1.300 personas.
El comunicado de SanCor
A través de un comunicado, SanCor explicó que el llamado a concurso preventivo de acreedores es “parte de un proceso destinado a resolver su situación económica y financiera” de la compañía.
Ese proceso de reestructuración que “fue cumpliendo distintas etapas” e “incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba”, indicó el texto.
A raíz de los despidos, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) puso el grito en el cielo y lanzó medidas de protesta que obligaron a la empresa a intentar canales de diálogo. Según la firma, hubo “progresos significativos en dichas gestiones”, pero lo cierto es que frente a este nuevo contexto no se descartan nuevos despidos masivos.
“Antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la Cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones”, puntualizó al respecto el comunicado.
Página/12