El investigador adjunto del CONICET, Eduardo González, sostuvo que el sistema científico atraviesa un proceso de pérdida de financiamiento, salarios y puestos de trabajo. En ese marco, explicó los motivos de la movilización realizada en el Polo Científico y advirtió sobre las dificultades que enfrentan investigadores, becarios y personal administrativo.
En diálogo con CIUDAD TV, explicó que la movilización realizada este miércoles en el Polo Científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo como objetivo volver a visibilizar la situación del sector y reclamar por la continuidad laboral de cientos de investigadores y becarios.
“Este conflicto empieza con la asunción de la actual gestión del Gobierno nacional, con recortes que no solamente son presupuestarios, sino que forman parte de una política extensa, planificada de devastación y de saqueo de la ciencia”, sostuvo.
González afirmó que la inversión destinada a ciencia y tecnología alcanzó este año “el mínimo histórico, el 0,14% del PBI”, y señaló que se trata del nivel más bajo desde que existen registros oficiales, en 1972. “Es la inversión más baja de la historia, incluso menor que durante la crisis de 2001”, remarcó.
Según indicó, entre 2.300 y 2.400 personas dejaron el sistema científico desde el inicio de la actual gestión. Ese número incluye investigadores, becarios doctorales y posdoctorales que abandonaron sus carreras o decidieron buscar empleo en otros ámbitos.
También advirtió sobre la reducción de personal administrativo. “Los administrativos son el hilo más fino donde han estado cortando porque a muchos trabajadores se les renovaban los contratos anualmente y dejaron de hacerlo. Son trabajadores muy importantes para el sostenimiento del sistema porque los investigadores investigamos, pero necesitamos equipos que realizan otras tareas fundamentales”, explicó.
El investigador sostuvo que la situación no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. “No es solamente la cuestión de los salarios, que hablamos de un 40% aproximadamente de pérdida salarial de los trabajadores del sistema científico, sino que la reducción de la inversión impacta directamente en los proyectos de investigación, que ya casi no existen y los que quedan tienen muy poco financiamiento”, afirmó.
En ese sentido, señaló que muchas investigaciones requieren equipamiento, materiales e insumos específicos cuyo acceso se vio restringido por la disminución de los recursos. “Al verse afectado todo eso, es imposible producir como se venía produciendo”, indicó.
González vinculó esta situación con el escenario que atraviesan otros organismos públicos. Mencionó que las universidades nacionales cuentan con una ley de financiamiento que, según expresó, “ya fue ratificada incluso por la Corte Suprema”, aunque afirmó que el Gobierno nacional demora su aplicación. Agregó que el sistema científico no dispone de una normativa similar y señaló que el sistema de salud también enfrenta problemas vinculados con los salarios y el financiamiento.
“Creo que es una política consciente, no es solamente un ajuste. Es una política clara de desatención y de desfinanciamiento intencional de estos sistemas que dependen sobre todo del Estado”, manifestó.
Respecto de la movilización, explicó que uno de los principales reclamos estuvo relacionado con unos 400 becarios posdoctorales que concursaron para ingresar a la carrera de investigador y esperan una definición. Mientras tanto, señaló, las becas dejarán de abonarse sin que exista una prórroga que les permita continuar percibiendo ingresos.
Además, sostuvo que existen ingresos a la carrera científica que ya fueron aprobados, pero cuyos nombramientos aún no se concretaron. “Hay muchos ingresos que ya están aprobados y que no se da el alta, por lo tanto esos trabajadores no tienen salarios”, afirmó.
González también expresó preocupación por la situación de la cobertura médica de los trabajadores estatales. Señaló que la obra social nacional Unión Personal presenta dificultades para garantizar prestaciones y mencionó demoras en tratamientos oncológicos. “La respuesta que nos dan es que busquemos otra obra social y nos ofrecen 80.000 pesos para eso, que no alcanza ni para la mitad de lo que cobra hoy una obra social privada”, concluyó.