La Libertad Avanza (LLA) logró entusiasmar a los genocidas con un futuro venturoso. El primero en exteriorizarlo fue Jorge Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que escribió después de la primera vuelta electoral que “se aproxima la hora del conocimiento de la verdad”.
Pero el “Tigre” Acosta no se quedó solo: son decenas los que estando en prisión domiciliaria están pidiendo autorización para ir a votar el domingo, cuando se medirán Sergio Massa y Javier Milei en el balotaje. Entre los que solicitaron el visto bueno para ir a ejercer su deber cívico está el exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 que firmó un libro con Victoria Villarruel, un militar que combatió en Malvinas bajo las órdenes del padre de la candidata a vicepresidenta de LLA y un piloto de los vuelos de la muerte.
Los tribunales y los juzgados están contestando pedidos de los represores para ir a votar. La legislación habilita a sufragar a quienes no tienen condena firme —es decir, sin recursos pendientes ante Casación o la Corte Suprema— y están en prisión preventiva. Quienes están en la cárcel votarán en la unidad penitenciaria. En las primarias de agosto —en las que la fórmula Milei-Villarruel fue la más votos consiguió—, en la Unidad 34 de Campo de Mayo sufragaron 30 detenidos por crímenes de lesa humanidad.
En las últimas horas, el exintegrante del Batallón 601 Alberto Jorge Crinigan presentó una solicitud ante la justicia federal de La Plata para ir a votar. Ya lo había hecho en las primarias y en las generales. Crinigan —que está siendo juzgado por su actuación en el Regimiento 7 platense— no es un nombre más en la nómina. Es coautor junto con Villarruel de La nación dividida: Argentina después de la violencia de los ‘70. En ese libro, Crinigan define lo sucedido como una “guerra revolucionaria” y dice que las víctimas de las Fuerzas Armadas y de seguridad no fueron “jóvenes idealistas” –una fórmula que usó la diputada de LLA para titular su primera publicación.
En esa misma jurisdicción pidió ir a votar Emilio Parodi, exgerente de Recursos Humanos de la empresa Molinos Río de La Plata. En julio, Parodi fue procesado por el juez federal Ernesto Kreplak por secuestros y desapariciones de obreros de la planta del partido de Avellaneda.
Otro de los que se anotó para ir a meter su voto en las urnas es Rufino Batalla, uno de los agentes que estaban destinados a La Cacha, el centro clandestino de detención que funcionó en una unidad contigua al penal de Olmos. Por ese campo de concentración pasó Laura Carlotto, hija mayor de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. De allí fue sacada a parir a su bebé y después asesinada. Batalla fue condenado a trece años de prisión en 2014. En 2018, la Corte eligió su caso para dar vuelta su jurisprudencia en materia de aplicación del beneficio del 2×1 para los criminales de lesa humanidad. En 2021, Casación agravó su pena y ordenó al tribunal que lo juzgó dictar una nueva sentencia. El interés cívico de Batalla se despertó para la segunda vuelta entre Massa y Milei.
En Bahía Blanca, son, al menos, seis los represores que ya pidieron ir a votar el domingo. Uno de los primeros en hacerlo fue Enrique Stel. El Tribunal Oral Federal de esa localidad informó el viernes pasado que lo había autorizado. Stel tiene domicilio en un country de Yerba Buena, Tucumán. Está siendo juzgado por su actuación en el Batallón de Comunicaciones 181 con asiento en Bahía Blanca. Durante la instrucción, un exconscripto lo señaló como alguien que participaba siempre de los operativos de secuestros. Stel es excombatiente de Malvinas. Fue parte de la Compañía de Comandos 602, que armó Aldo Rico y tuvo como número dos a Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la compañera de fórmula de Milei.
El exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Rubén Héctor Escobar también le informó al juez federal Daniel Rafecas que quiere ir a votar. Escobar fue detenido el año pasado por su actuación en los centros clandestinos Automotores Orletti y la base Pomar. Otro represor involucrado en los secuestros de Orletti, el policía federal Oscar Roberto Gutiérrez, también le hizo saber al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires que quería ir al cuarto oscuro. Gutiérrez fue condenado a prisión perpetua por el asesinato del militante uruguayo Mario Roger Julién Cáceres. Su compañera, Lucía Grisonas, fue secuestrada y desaparecida en el mismo operativo. Sus dos hijitos, Anatole y Victoria, estuvieron en Orletti, después fueron trasladados a otro centro clandestino en Uruguay y finalmente abandonados en una plaza en Valparaíso, Chile.
Los represores Alejandro Salice y Roberto Sifón –que integraron la plana mayor del Grupo de Artillería Mecanizada (GAM) de Ciudadela y fueron condenados a prisión perpetua por crímenes en el centro clandestino conocido como Sheraton– también irán a ejercer su derecho al voto. Lo mismo que Roberto Obdulio Godoy, condenado a prisión perpetua por el TOF 1 por crímenes en la comisaría de Ramos Mejía.
La patota de la ESMA también quiere ir a votar. Son varios los condenados a prisión perpetua que pidieron autorización para desplazarse hasta la escuela en la que deberán emitir su voto. Entre ellos está el marino Randolfo Agusto Scacchi, a quien los sobrevivientes de ese campo de concentración conocían como el “Tano” y decían que era amigo del “Tigre” Acosta. También irán a votar Miguel Ángel García Velasco y Orlando González —un oficial de inteligencia conocido como el “Hormiga”—. Carlos Mario Castellví, que también está condenado a perpetua, pidió ir a sufragar. Evidentemente la salud de Castellví mejoró después de que su defensa quisiera sacarlo del juicio que terminó hace dos años. En su caso, irá a emitir su voto a la Escuela Raggio, ubicada en la otra cuadra del centro clandestino en el que actuó.
Alejandro D’Agostino, uno de los pilotos de la Prefectura condenado a prisión perpetua por haber sido tripulante del vuelo de la muerte en el que arrojaron a las aguas del Mar Argentino a tres Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas, es otro de los que solicitó ir a votar. Lo mismo que Horacio Luis Ferrari, quien está actualmente en juicio por crímenes cometidos en la ESMA. El abogado defensor del “Pantera” Ferrari, Guillermo Fanego, fue uno de los invitados al acto que Villarruel encabezó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre pasado.
Fanego también pidió en San Martín autorización para que salga a sufragar Eduardo Lance, condenado a prisión perpetua por los vuelos de la muerte que partían desde Campo de Mayo. Otro de los jerarcas del Batallón de Aviación del Ejército condenado, Delsis Malacalza, también manifestó su deseo de expresarse en el balotaje.
Página/12