El plan libertario de “privatizar todo lo que se pueda privatizar” – en palabras de Javier Milei – sigue sumando capítulos. El Gobierno tiene en carpeta ponerle el cartel de venta a por lo menos unos 200 terrenos e inmuebles que hoy están en propiedad del Estado, tanto dentro del país como en el exterior. El objetivo es hacer caja fácil y recaudar, según estiman en Casa Rosada, unos mil millones de dólares.
La tarea le fue encomendada a los funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por cuyos despachos ya circuló un primer listado con las “joyas de abuela” a dilapidar. Si bien la medida todavía está en etapa de revisión, despertó las alarmas en las Fuerzas Armadas, que se llevarían la peor parte. Según pudo recoger Página/12, en la familia militar hay “malestar” y una preocupación creciente ante la posibilidad de que tengan que desprenderse – forzosamente – del Campo Hípico militar y del Regimiento de Patricios, entre muchos otros terrenos estratégicos codiciados por el mercado inmobiliario.
Todo parece indicar que, además, los remates se harán sin pasar por el Congreso, mediante una serie de decretos o un mega DNU, tal como lo hizo en su momento Mauricio Macri, quien – al menos hasta ahora – ostenta el récord de ser el presidente con más terrenos estatales enajenados.
Milei puso a trabajar en los detalles de la medida a Nicolas Pakgojz, un ex funcionario porteño de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al que nombró en diciembre al frente de la AABE y a quien en el mundillo del “Real Estate” vinculan como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain, el dueño del Hotel Libertador donde el Presidente vivió durante el tramo final de la campaña e incluso durante el primer mes de su mandato. Milei empoderó a Pakgojz con un DNU (el 636/24) publicado a mediados de julio que reforma las atribuciones de la agencia y le otorga “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”.
Esa misma norma habilitó al Presidente vender los terrenos a su sola firma y agilizó los procesos de la AABE (que desde diciembre funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete) para llevar a cabo el desguace. A partir de ese momento, desde el Gobierno informaron oficialmente sobre algunos de los primeros inmuebles a rematar, como el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres y otros terrenos y bienes “incautados en casos de corrupción”, como la causa de los cuadernos, dos anuncios algo inflados por la “batalla cultural” libertaria pero que sirvieron de muestra de lo que se está cocinando puertas adentro.
En un sector de la Rosada sostienen que esa seguiría siendo la tónica, y que lo que saldrá a remate son solamente “propiedades en desuso” que están desaprovechadas o pueden rematarse sin mayor costo político. Pero según pudo saber este diario, todos los ministerios y dependencias estatales recibieron en los últimos meses el pedido de la AABE de que se le informe sobre la cantidad total de inmuebles y terrenos que tienen a disposición, no sólo aquellos que están abandonados o en malas condiciones.
Ese requerimiento lo recibieron también las Fuerzas Armadas, que gestionan las tierras más onerosas. Si bien no existe un inventario completo y actualizado, se estima que el Ejército tiene más de 1500 inmuebles, la Armada unos 3500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3000.
El malestar entre las fuerzas fue creciendo a medida que el ala más ideologizada del Gobierno empezó a dejar trascender que la apuesta es mucho más a fondo: seguir la máxima de Milei de “vender todo”. Ese sector del Ejecutivo es el que, incluso, presiona para acelerar el proceso administrativo de la publicación del DNU que pondría a remate las tierras.
En ese marco, si bien las FFAA se llevarían la peor parte, también están a tiro de remate buena parte de los terrenos ferroviarios y los que están en poder de las universidades nacionales, de algunos organismos como el INTI y hasta el predio de Tecnópolis.
Las “joyas” de las FFAA
En la lista de los terrenos más codiciados por el mercado inmobiliario que están en poder de las FFAA figuran el Campo Hípico y los terrenos de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército, dos de los predios más caros de la CABA, ubicados en una zona estratégica; el Regimiento de Infantería 1, conocido como el Regimiento de los Patricios, en el corazón de Palermo, y el edificio del Regimiento de Granaderos. También son ambicionados el edifico del Círculo de la Fuerza Aérea y hasta el predio del Servicio Meteorológico Nacional, frente a Aeroparque.
Fuera de la General Paz, pican en punta Campo de los Andes, un paraíso turístico de Mendoza donde el Ejército posee unas 10 mil hectáreas. En Córdoba, el asunto es más todavía más espinoso, porque incluye una sociedad del Estado. Se trata de la Fábrica Militar Río Tercero, una de las seis sedes de Fabricaciones Militares en manos del Ministerio de Defensa. Según denunciaron trabajadores de la fábrica, el ministro Luis Petri realizó una visita para inspeccionar las instalaciones junto a representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que suscitó un pedido de informes presentado por la diputada de Unión por la Patria (UP) Agustina Propato, en el que le solicita a Petri que brinde “información precisa y detallada sobre todas las empresas privadas y/o extranjeras que han visitado la Empresa Estatal Fabricaciones Militares” en el último tiempo.
Los remates, si se concretan, le sumarían un grado más a la confrontación entre las Fuerzas y la Rosada, un vínculo en tensión por el proyecto de ley de Seguridad Interior del Gobierno y la falta de presupuesto para el sector.
La sombra de Macri y posibles amparos
El Presidente que ostenta todos los récords en remates de tierras públicas es Mauricio Macri. Según un informe de la SIGEN, entre 2016 y 2019 se habilitaron 71 procesos de venta, de los cuales uno sólo se hizo vía licitación pública. La mayoría de los terrenos vendidos fueron en CABA (casi 8 de cada 10), y el expresidente incluso fue investigado por la OA por los traspasos a Rodríguez Larreta sobre el final de su gestión. De acuerdo al mismo informe, Macri recaudó unos U$S676 millones; Milei aspira, como en todo, a superarlo.
Pero otro de los elementos que introdujo Macri en materia de remate del patrimonio estatal fue que lo hizo por decreto. Cuando Cristina Kirchner creó la AABE vía el decreto-ley 1382 de 2012, le dió al organismo la facultad de centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, pero la norma dejaba abierta la posibilidad de que la última palabra, la autorización final, la tomara tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo.
Macri aprovechó ese vacío normativo y se basó en un viejo decreto de la dictadura que, obviamente sin Congreso, delegaba esa facultad en el titular del PEN. Milei apeló a ese mismo decreto dictarorial para ampliar las facultades de la AABE y atribuirse los mismos poderes. Es más, las ventas podrían ser aprobadas incluso por el Jefe de Gabinete en caso que el valor catastral no supere los 1.500 millones de pesos.
Por eso, ya hay quienes advierten que semejante “gran barata” como la que prepara el libertario sin pasar por el Congreso podría estar sujeta a planteamientos legales, desde amparos en el fuero Contencioso hasta denuncias de tipo penal. Hay algunos terrenos militares en los que se comprobó que funcionaron centros clandestinos de detención, como el caso del Regimiento de Patricios, por lo que también podría haber una lluvia de planteos de no innovar. Lo mismo sucedería con otras tierras, aunque por otros motivos, como es el caso de Tecnópolis.
“El Plan Sistemático de venta de tierras públicas que implementará Milei va en contra de la Constitución Nacional por que no tiene autorización del Congreso para hacerlo y podrá constituir la comisión del delito de asociación ilícita que alcanzará a todos los que participen en estas ventas”, explicó a Página/12 el abogado y titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, que hace años investiga y denuncia las ventas de tierras en territorio porteño. “Buscaremos todas las vías institucionales y judiciales para evitar este despojo de lo público”, advirtió.
Página 12