El fiscal general Alberto Gentili solicitó este martes penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una organización internacional que, bajo la figura de la congregación religiosa denominada “Templo Filadelfia” y durante casi cinco décadas, captó y sometió a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y mantenerlas en condiciones de servidumbre.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso reúne manifestaciones de “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, y remarcó la necesidad de valorar la prueba teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder existentes.
Según la acusación, la estructura funcionó al menos entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil, y afectó al menos a 25 víctimas en situación de vulnerabilidad.
Gentili acusó a todos los imputados por asociación ilícita. Asimismo, atribuyó a 25 de ellos los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, en 18 casos en calidad de coautores, y en siete como partícipes necesarios.
La principal acusada, Eva Petrona Pereyra (82) —para quien requirió la pena más alta, de 24 años de prisión—, también deberá responder por abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos.
El fiscal solicitó además el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos que, según sostuvo, “se usaron para la comisión de los delitos o que son producto” de ellos.
Finalmente, pidió que el monto de la reparación para las víctimas de este caso sea fijado por el TOF, en base al dictamen elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Esos organismos de la Procuración General de la Nación colaboraron con la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, y que también contó con la participación de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).
El juicio comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese. A lo largo de las audiencias declararon más de 200 testigos. El debate se reanudará el próximo lunes con el alegato de una de las defensas.
“Un control absoluto sobre los cuerpos y las mentes”
Al desarrollar los fundamentos de la acusación, Gentili afirmó que las víctimas describieron no hechos aislados sino “un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas”.
“Estos procesos han abarcado una porción significativa del total de la vida de las víctimas y este factor le da una particularidad que sale de la media”, aseguró el representante del MPF.
En ese sentido, destacó que los testimonios resultaron “coherentes, cohesionados y consistentes” y permitieron reconstruir mecanismos de “aislamiento, disciplinamiento y alienación”.
“En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo.
El fiscal señaló que la organización se valía de mecanismos de persuasión, engaño y coerción que se apoyaban en las condiciones de vulnerabilidad de las personas captadas. También describió una estructura fuertemente jerarquizada que ejercía control mediante vigilancia, castigos, humillaciones y traslados compulsivos entre distintas sedes.
“Estos mecanismos de control y coerción de los traslados son una de las múltiples demostraciones de la intensa conciencia de antijuridicidad con que obraba la jerarquía de la organización”, afirmó.
Control de la sexualidad, abusos y matrimonios digitados
Gentili sostuvo que, dentro de ese esquema de alienación, disciplina y sumisión, las víctimas relataron diversas formas de control sobre su sexualidad y sus vínculos afectivos.
Por un lado, el fiscal hizo referencia a los relatos vinculados con agresiones sexuales sufridas por distintas víctimas. En ese sentido, mencionó la existencia de tocamientos, frotamientos y otros avances sobre el cuerpo que, según sostuvo, eran justificados por los integrantes de la organización mediante “supuestos rituales, como las denominadas ‘fiestas del señor’”.
El representante del MPF también se refirió a los matrimonios digitados por parte de los cargos jerárquicos de la organización, los mecanismos de humillación o segregación con los hombres o mujeres que tenían preferencias homosexuales.
“Las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y cuándo. Si se apartaban de tal orden, eran castigadas, humilladas y/o segregadas”, explicó al referirse a la conformación de parejas decidida por la líder de la organización.
Explotación laboral
El fiscal remarcó que los testimonios coincidieron en describir condiciones de hacinamiento, escasa alimentación, falta de higiene, ausencia de controles médicos y exclusión del sistema educativo formal.
Según sostuvo, el objetivo final de la organización era la explotación laboral de las víctimas en tres actividades: tareas domésticas, elaboración y venta de productos panificados y trabajos de albañilería y construcción.
“La finalidad última era la explotación laboral, que la estructura jerárquica pudiera aprovechar su fuerza de trabajo sin contraprestación salarial, sin sujeción a ningún régimen de trabajo, sin descanso, sin limitaciones vinculadas a la edad o a la condición física y en circunstancias de absoluta clandestinidad”, afirmó.
“En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo Gentili en el alegato.
En esa línea, aseveró que el trabajo esclavo generó muchos beneficios. Por un lado, se tradujo en un aprovechamiento de una fuerza de trabajo disponible y, por el otro, en bienes materiales múltiples y de diversa índole.
Agregó que la organización había desarrollado una estructura destinada a garantizar la continuidad de ese sistema mediante una “cuidadosa estrategia ideológica, discursiva y material” para procurar la subsistencia y la perpetuación de este ilícito mediante el aislamiento, alienación, sujeción, control y castigo de las víctimas.
Finalmente, destacó el “carácter multiagencial” de la organización, en función de la prolongada extensión temporal de la actividad y de su despliegue territorial que, según remarcó, “abarcó los cuatro puntos cardinales de nuestro país”.
Los pedidos de pena
El fiscal general Gentili solicitó que la presunta líder de la organización, Eva Petrona Pereyra, sea condenada a 24 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, abuso sexual contra cuatro víctimas —dos de ellas menores de edad al momento de los hechos—, supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real.
Para Rigoberto Ismael Mora Bogado requirió una pena de 21 años de prisión por los mismos delitos, con excepción de los abusos sexuales. Asimismo, pidió 18 años de cárcel para Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres.
Además, solicitó una pena de 15 años de prisión para Ruth Mora Bogado; de 14 años para Katherine Alegre Herrera, Carina Torres, Silvia Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza y Claudio Álvarez; de 10 años y 9 meses para Osvaldo Gutiérrez; de 8 años para Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Aguirre; de 6 años y 9 meses para Carlos Matías Barrionuevo; de 5 años y 9 meses para Olga Carranza y Liliana Barrionuevo; y de 5 años para Pablo Carranza y Claudia Acosta.
En los casos de Víctor Ayunta y Damaris Sabich, requirió las penas más bajas: 4 años y 6 meses de prisión para el primero y 3 años y 9 meses para la segunda. Ello obedece a que el fiscal solicitó su absolución respecto de los delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre por los que también habían llegado a juicio.
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