La vicepresidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Ariela Alvarez, consideró que hay una “tendencia de época” a una regresión de los derechos humanos y también se refirió a los alcances de la ley que regula el uso de telefonía celular para personas privadas de la libertad, promocionada como una pseudo “prohibición” por parte del gobierno provincial.
Alvarez afirmó que “hay una tendencia de época, que incluso va más allá de las fronteras de las provincias o de los países, que tiene que ver con una regresión; me animaría a decir hasta a nivel mundial o de grandes centros de retracción de los derechos humanos o de esta perspectiva que venimos trayendo desde cuando fuimos socialmente capaces de reflexionar sobre los horrores de la guerra y de las atrocidades que cometían los propios estados, porque son los estados los que violan los derechos humanos”.
Con respecto a la ley que regula el uso de telefonía celular en lugares de detención, la vicepresidenta del CPTCh explicó que “lo que hace es instruye tanto a Policía como al Servicio Penitenciario a que pongan en marcha protocolos o sistemas de organización para garantizar, esto es importante, sobre todo llevarle tranquilidad a las personas privadas de libertad y a aquellos otros que van a verse impactados por estas cuestiones que son los familiares y eso incluye niños, niñas, esposas, madres, entonces la ley lo que hace es limita, no prohíbe; esto es importante: limita”.
“Tienen que darse una serie de condiciones, algunas de ellas son técnicas y materiales como la provisión de teléfonos, los inhibidores que es todo un tema y bueno y garantizar cuestiones que tengan que ver con la educación y con el trabajo”, precisó Alvarez.
En ese sentido, expresó que “estamos en este momento muy preocupados para ver cómo va a ser esa implementación”.