El proyecto plantea un tratamiento equivalente para los usuarios del servicio de energía eléctrica radicados en las provincias del NEA al igual que los beneficiados de la Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación.
El detalle de los usuarios que han sido beneficiados llama la atención ya que corresponde a más del 60% del territorio nacional a excepción del Norte Grande, en especial a las provincias del NEA.
Al respecto, Pilatti Vergara manifestó: “esto es necesario para subsanar el acto discriminatorio cometido por el gobierno nacional al excluir del esquema diferencial a la única región del país que depende exclusivamente de la energía eléctrica”.
Continuando con su política de ajuste y de asfixia financiera a las provincias, el gobierno nacional reajustó los beneficios de energía eléctrica y gas natural por lo que, más de un millón de hogares vulnerables quedarán sin subsidios tanto para la luz como para el gas.
La medida del gobierno nacional, a través de la resolución 92/2024, de aumentar significativamente el precio estacional de la energía afecta principalmente a la población de menores ingresos, clasificados como N2, y de ingresos medios, clasificados como N3 según las categorías establecidas por el Registro de Acceso al Subsidio Energético (RASE).
Estos usuarios son los más perjudicados ya que sufrirán aumentos entre el 100% y 150%, en sus facturas de luz.
En este sentido, Pilatti Vergara expresó: “Este ‘tarifazo’, sin embargo, no será soportado uniformemente por toda la población aún cuando estuvieran empadronados bajo idéntico grupo socio-económico en el RASE porque la Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía hace una discriminación geográfica reñida al principio constitucional de equidad territorial.”
El proyecto de la legisladora resalta que la medida del gobierno nacional no tiene en cuenta que en las provincias del NEA el consumo domiciliario representa dos tercios del total de la energía comercializada y la imposibilidad de recurrir al gas como fuente energética, como sí pasa en otras regiones del país.
Teniendo en cuenta estas características, el consumo de energía eléctrica se convierte en la única forma tanto de calefaccionar como refrigerar los hogares lo que impacta notoriamente en las facturas de luz, ante la imposibilidad de abastecerse con energías más baratas como el gas natural.
Al respecto, la senadora también presentó un proyecto sobre la Desregulación del precio de las garrafas, que impacta nuevamente en los más vulnerables y las regiones más postergadas como el NEA, región del país donde se encuentran los conglomerados con mayor incidencia de pobreza, salarios más bajos e informalidad más alta.
Bajo la excusa de “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”, la Secretaría de Energía de la Nación eliminó los precios máximos para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos en el marco del Programa Hogar.
En esta línea, Pilatti Vergara explicó que “esta medida no solo afecta a todo el país, sino que especialmente perjudica, una vez más, al Norte Argentino y en especial al NEA, la única región fuera de la red nacional de gas, con lo cual la totalidad de su población (y sus industrias) está condenada a la garrafa. Después nos preguntamospor qué estas provincias muestran los peores indicadores económicos y sociales delpaís.”
La salud y la educación en el olvido
Cabe recordar que teniendo en cuenta que para el gobierno nacional, la educación y la salud no son una prioridad, y para evitar el cierre y la desaparición a la que están siendo llevados los organismos públicos por el ajuste, la senadora Pilatti Vergara presentó un proyecto de ley que crea el Régimen de Tarifa Diferencial Eléctrica para los Organismos Públicos de Salud y Educación de la República Argentina.
El proyecto define un tratamiento especial y crea una nueva categoría de usuarios de servicios públicos denominada “Organismos Públicos de Salud y Educación”, destinada a universidades nacionales e instituciones de educación superior estatales; a los establecimientos educativos de gestión estatal, de gestión cooperativa y de gestión social, en todos sus niveles y modalidades; y a los establecimientos públicos de salud, incluidos todos sus niveles de atención.
Si bien el proyecto busca aliviar el impacto de los ajustes producidos en las tarifas que se vienen realizando en estos meses, para preservar y defender la prestación de los servicios educativos y sanitarios, teniendo en cuenta la importancia estratégica y el rol tanto social como comunitario que desempeñan en nuestro país, aún espera su tratamiento y discusión para poder cumplir finalmente con su objetivo.