Previsiblemente, ante el escándalo que crece con el paso de las horas, el ministro Mario Lugones y el interventor de la ANDIS se ausentaron este miércoles en el plenario de las comisiones que los había convocado. Faltazo del oficialismo y sus aliados. La oposición irá por la interpelación.
Nadie esperaba que el ministro de Salud, Mario Lugones, ni Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, asistieran este miércoles a la reunión informativa para abordar la situación del organismo, en el marco del conflicto desatado por las supuestas coimas en el área. Por eso, cerca de las 12.30 cuando arrancó la reunión, se tomó la postura de los funcionarios con naturalidad, pero también con decepción.
Además, al encuentro no asistió ningún integrante de La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos el Pro y la UCR – salvo una excepción -. Estuvieron sí Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Ante la ausencia de los funcionarios, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones.
En el comienzo tomó la palabra el titular de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien recordó que habían convocado a los funcionarios para que aclararan el tema “y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”. En esa línea, mencionó que así había sucedido con el anterior ministro, Mario Russo; el actual, Lugones y el presidente del PAMI, entre otros.
“Lamentablemente no hemos conseguido. Nos pasa también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos pasa también en el Congreso con las interpelaciones”, observó el tucumano, que resaltó que uno de los objetivos de los legisladores es hacer leyes, pero también lo es controlar al Ejecutivo, incluso llegando al juicio político como última instancia, a la hora de usar las herramientas que tiene el Congreso.
Detalló Yedlin la existencia de siete proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las supuestas coimas en la ANDIS y compras directas de medicamentos.
El tema es que la mayoría de los proyectos tiene giro a comisiones que la oposición no maneja, como Asuntos Constitucionales, por lo que advirtió que “no nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión tengamos que emplazar a Asuntos Constitucionales por estos proyectos, sino no va a avanzar esto”.
El diputado de Unión por la Patria recordó que a las 14 estaba convocado otro plenario, en este caso para crear una comisión investigadora por el fentanilo adulterado. “Y la verdad es que en estas últimas semanas hemos estado permanentemente en una situación donde muy por el contrario, en lugar de discutir una nueva ley para fortalecer la ANMAT, o mejorar por ejemplo la cobertura de vacunación de nuestros niños y adultos mayores, estamos permanentemente discutiendo para responder a situaciones de crisis que este Gobierno genera”, lamentó.
“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones”
A continuación, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, enumeró tres puntos que consideró clave para haber citado a los funcionarios ausentes. En primer lugar, llamó la atención por el contraste que dijo se está viviendo “entre los audios que hemos escuchado y el funcionamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad”.
Puso como ejemplo al personal de los talleres protegidos, que perciben 28 mil pesos por mes. “Todo el debate que se ha hecho es para que empiecen a cobrar el 40% del salario mínimo, y en el marco de esto escuchamos audios que hablan de 500 mil, 800 mil pesos, de un lado y del otro”, comparó.
El legislador de UP se refirió a las acompañantes terapéuticas -habló en femenino, teniendo en cuenta que son mujeres la mayoría de quienes cumplen ese rol-, quienes están discutiendo hoy cómo pasan de cobrar 2.900 pesos la hora a cobrar 3.100… Ese es hoy el debate en el mundo del acompañamiento terapéutico, por 200 pesos. “El personal que hoy empieza a trabajar, va a cobrar el año que viene, porque cobra a seis meses… Esa persona que está escuchando cifras de 500 mil, 800 mil, que esta persona se queda con esto o lo otro…”, insistió.
También puso el ejemplo del transportista, que cobra 541 pesos el litro de nafta, que a su vez sale 1.500, por lo que en vez de trasladar a las personas con discapacidad los cinco días, con mucha suerte los traslada dos. Y puso en el mismo lugar a los hogares y centros de días, que buscan financiarse con rifas o ferias americanas.
“Está totalmente detonado el sistema de prestaciones, con personas que no logran sostener su trabajo, y en el medio de esto se habla de cifras de 500 mil, 800 mil, 30 mil pesos”, volvió a comparar.
Segundo punto, continuó Arroyo, “tenemos audios que hablan también de las pensiones. En términos prácticos, las personas que han hecho 200 kilómetros, dos horas de cola, personas con ceguera de nacimiento que deben presentar otra vez sus estudios. En enero, un decreto creó las condiciones para acceder a la pensión; en mayo el decreto se anuló, y nadie sabe qué tiene que pedírsele a las personas con discapacidad. Se los hace trasladar desde tan lejos para ver si hay alguno que desiste”, interpretó, y si bien reconoció que “es evidente que había que hacer una auditoría, es evidente también que se hizo mal”.
Agregó que los pacientes “llegan y les dicen que tenían que venir el mes pasado”. Contó también que hubo 110 mil bajas, de las cuales casi 90 mil son problemas de domicilios. Por algo muy básico: se tomó el domicilio original; si alguien tiene 15 años de pensionado, tiene ese domicilio. No se hizo cruzamiento de datos, y el 40% de los telegramas no llegaron a destino. “Miren, si algo es fácil en este siglo XXI, es dar con las personas. Acá hubo 40% de pifie…”, señaló.
En tercer lugar, el opositor remarcó que las dos cuestiones expuestas son resueltas por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que “reordena el nomenclador, que organiza las prestaciones, que hace que funcione el sistema y manda a hacer una auditoría, pero la manda a hacer bien”.
Por último, Arroyo pidió a las autoridades no poner en “estado de desesperación al conjunto de las personas”, y advirtió que “la puesta en marcha de la ley no es opcional. Nos falta el Senado, va a rechazar el veto y se terminó: no es si uno quiere, si le parece… ni bien se rechace el veto en el Senado, automáticamente se tiene que poner en marcha la ley”.
Al arrancar el debate, la diputada de Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta cuestionó “el silencio y la ausencia” del ministro Lugones, “implicado responsable de la masacre del fentanilo”. Yendo al caso de los audios de Diego Spagnuolo, resaltó que “lo que está saliendo a la luz es que con (Javier) Milei lo que avanza es la corrupción. Dijeron que venían a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros. Está claro que son recontra casta”.
“Hay una enorme estafa a las personas con discapacidad. ¿Hay plata para coimas pero no para personas con discapacidad?”, agregó y anticipó que los hechos recientes son “la primera temporada de un montón de capítulos que faltan”.
Denunciado meses atrás por Spagnuolo – y el fiscal Carlos Stornelli – por presunto “conflicto de intereses” en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado de UP Eduardo Valdés exhibió la sentencia de la jueza María Servini de Cubría cerrando la causa, donde ni siquiera fue citado. “Quienes me denunciaron son los autores de todas estas barbaridades”, dijo.
El porteño hizo hincapié en audios del extitular de la ANDIS “referenciando las exigencias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ordenaba dar las bajas de las pensiones directamente sin pasar por los controles médicos”. “Por eso presenté un pedido de citación al ministro para que venga a dar explicaciones. Hay 110 mil pensiones que se dieron de baja con ese método. ¿Quién era la persona que obligaba a dar de baja las pensiones y obligó a despedir 12 de 16 personas que trabajaban en el área de auditoría?”, planteó.
Además, Valdés anticipó que junto a su par Victoria Tolosa Paz trabajarán en un proyecto para que “las pensiones que se dieron de baja en este tiempo puedan ser reactivadas; nadie puede perder la pensión en las circunstancias que estamos viendo”.
A su turno, también desde UP, Juan Marino lamentó el “espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo” y habló de una “banda de delincuentes” que “estaba pidiendo coimas a los proveedores de medicamentos del programa Incluir Salud, al mismo tiempo estaba paralizando la ANDIS”.
El opositor subrayó que hay personas que no están accediendo a medicamentos y prestaciones, por eso “lo primero que tenemos que tratar” es “cómo se va a regularizar el funcionamiento de la ANDIS”. En este sentido, pidió “depurar la ANDIS, que no sea rehén de la corrupción y que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad”.
Desde Encuentro Federal, el socialista Esteban Paulón señaló que la ausencia de los funcionarios era “una pena esperada” ya que “no vienen cuando se los cita amablemente, ni cuando se los cita por votación de una mayoría del pleno”. “Estamos ante un escándalo moral de proporciones, que se da además en un área que fue estigmatizada por el Gobierno”, expresó.
El santafesino cuestionó que “el Gobierno de las auditorías” sea el que “no audita a los que venden los medicamentos al Estado y a los funcionarios que facilitaban contratos”. Y, seguidamente, indicó que la empresa Suizo Argentina “multiplicó por más de 2.600% los contratos con el Estado Nacional”.
“No nos queda otra que embarcarnos en una comisión investigadora”, consideró el impulsor de un proyecto en este sentido, y aseguró que se fundamenta en “la gravedad del hecho” ante “170 mil millones de pesos reconducidos en compra de medicamentos” mediante decretos. “Hay que determinar responsabilidades políticas”, sostuvo y reclamó que “el Gobierno debe dar urgente explicaciones porque Karina es Javier”, según lo propiamente dicho por el presidente.
Más adelante, su correligionaria Mónica Fein observó que “para los mismos que nos dicen que hay que tener equilibrio fiscal y que entonces ajustan a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las prestaciones, parece que el equilibrio fisca no tiene nada que ver con las coimas, los retornos y el cohecho”.
“Hay un sistema de corrupción que rompe el equilibrio fiscal”, advirtió la socialista y cuestionó la ausencia de diputados aliados de La Libertad Avanza, al señalar que “parece” que para algunos “la corrupción mata según el Gobierno de turno”. “Lamento que no estén aquí los que han usado tanto esa consigna. Acá hay gente que muere por falta de prestaciones y medicamentos, cuando hay millones de pesos que no sabemos a dónde van”, remarcó.
Durante las exposiciones, el diputado de UP Leandro Santoro criticó al Gobierno: “Fundamentaron el ajuste brutal diciendo que lo hacían contra la corrupción y hace una semana nos venimos a enterar que mientras ajustaban a las personas con discapacidad estaban robando en las compras y contrataciones”. “Es imprescindible que se hagan presentes el señor ‘Lule’ Menem y la señora Karina Milei, porque no se puede cortar siempre el hilo por lo más delgado”, exclamó.
Única presente de su bloque, la radical Natalia Sarapura resaltó que “Spagnulo se fue sin venir nunca y eso que lo citamos un montón de veces”, al igual que al exministro de Salud y al actual. “Se ha hecho costumbre que ante el escándalo hay silencio. Estamos ante el Gobierno que ya no nos van a alcanzar adjetivos para describirlo: decimos que es el Gobierno de la crueldad, de la inmoralidad y, además, son indecentes”, lanzó.
La jujeña apuntó que las auditorías realizadas sobre las pensiones por discapacidad fueron “cuestionadas y sesgadas” y “cuando las hicieron no respetaron los estándares internacionales ni los derechos de las personas con discapacidad”. Por eso, y ante el contexto actual, “se tiene que retroceder en las decisiones que se tomaron”, pidió.
Casi en el final, la diputada de UP Florencia Carignano planteó: “Visto y considerando que no vamos a lograr que venga Karina ‘tres por ciento’ Milei, o ‘la cajera’, y su banda de corruptos a darnos alguna explicación, podríamos llamar a la droguería, a los directivos que se ofrecen a venir”. En esa línea, señaló que el presidente Milei compartió el comunicado del laboratorio Suizo Argentina, donde expresan la “plena disposición” para presentarse ante “los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado”.
Parlamentario